El Kremlin fuerza a tener pasaporte ruso a 3,5 millones de ucranios de los territorios ocupados

Abrazasen o no la llegada del invasor, al menos 3,5 millones de ucranios que viven en territorio ocupado se han visto obligados a adoptar la nacionalidad rusa para poder salir adelante. “La entrega de pasaportes [rusos] a los habitantes de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia ha sido prácticamente completada”, ha anunciado este miércoles el presidente Vladímir Putin ante la plana mayor del Ministerio del Interior, incluida su policía. Pero esta práctica contraviene las leyes internacionales: de no aceptar el pasaporte que les entregaba el Kremlin, iban a ser considerados apátridas e ilegales en su propio hogar a partir de este año, corrían el riesgo de ser expulsados de sus casas y no iban a tener acceso a ningún servicio básico. Para el Gobierno ucranio, esta rusificación forzosa viola su soberanía.

Las autoridades ocupantes han declarado “extranjeros y apátridas” a los habitantes de los territorios ocupados que no tienen pasaporte ruso desde el 1 de enero, y un decreto firmado por Putin dos días antes contempla la expulsión del país de todos aquellos en situación “ilegal” si no regularizan sus documentos antes del 30 de abril. Asimismo, les han vetado el pago de las pensiones y otras prestaciones sociales, y el acceso a la atención médica y la educación, además de las dificultades inherentes a no tener papeles a la hora de buscar trabajo o abrir una cuenta en el banco.

El ministro del Interior, Vladímir Kolokóltsev, ha puesto cifras al número de pasaportes expedidos por Rusia en las cuatro regiones ucranias, a las que faltaría sumar también Crimea. De hecho, este proceso de rusificación comenzó años antes de la ofensiva de 2022, cuando el Kremlin dirigía desde las sombras las zonas separatistas de Donetsk y Lugansk. Sin el pasaporte ruso —además del local—, cruzar la frontera y disponer de algunos servicios era imposible en aquel limbo legal.

El Kremlin sigue en los territorios ucranios la misma táctica que utiliza en otras regiones que disputa a otras naciones, como la moldava Transnistria y las georgianas Osetia del Sur y Abjasia, todas ellas controladas por tropas rusas.

Ucrania denuncia que la obligación de tener pasaporte ruso viola las leyes internacionales. Los convenios de Ginebra, en su sección tercera, establecen claramente varias obligaciones que Rusia incumple con aquellos que no quieran adoptar la nacionalidad del país. Por un lado, “los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, están prohibidos, sea cual fuere el motivo”. Por otro, “la potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la población en víveres y productos médicos”. Según los protocolos, de los que Moscú es firmante, “la aplicación del convenio terminará un año después del cese general de las operaciones militares”.

El Ministerio de Justicia ucranio aclaró el año pasado que ninguno de sus ciudadanos será juzgado por poseer un pasaporte entregado por el Kremlin. “Las autoridades de ocupación rusas suelen privar a una persona de la posibilidad de elección para influir en su comportamiento, de modo que no actúe por voluntad propia, sino por miedo a la represión o a la imposición de restricciones ilegales”, explicó el organismo a través de un comunicado.

Putin aprovechó su intervención ante la cúpula del Ministerio del Interior para exigir un nuevo endurecimiento de la política migratoria rusa. “Los fundamentos de nuestra política migratoria estatal deben ser aprobados en 2025, lo antes posible”, manifestó el mandatario ruso antes de enfatizar que estas nuevas leyes deben velar por “la seguridad de nuestra sociedad y nuestros ciudadanos, así como de la preservación de nuestra identidad cultural”.