El Gobierno de Starmer eleva la tensión con China al asumir el control de la planta de acero de Scunthorpe

Hace cinco años, en marzo de 2020, el Gobierno del Reino Unido decidió que el mejor modo de salvar de la quiebra a un gigante histórico como British Steel, que había producido acero durante 300 años y ayudado a impulsar la revolución industrial, era venderlo a Jingye Group, una compañía china. “El sonido del trabajo del acero lleva largo tiempo resonando a lo largo de Yorkshire, Humber y el Noroeste de Inglaterra”, proclamó el entonces primer ministro, Boris Johnson, con su habitual tendencia a enfatizar de un modo poético el asunto más ordinario. “Bajo el liderazgo de Jingye, seguiremos oyendo ese sonido durante décadas”, anunciaba Johnson.

Este fin de semana, el Gobierno laborista de Keir Starmer tuvo que impulsar con urgencia una ley para asumir el control público de la planta de Scunthorpe, propiedad de British Steel, y frenar así el apagón de los dos últimos altos hornos que quedaban en territorio británico. Se lograba de este modo salvar, de momento, casi 3.000 empleos. Y se evitaba la humillación internacional de acabar siendo la única nación del G-7 sin capacidad para producir acero de alta calidad. El que se emplea, por ejemplo, para construir las vías del tren.

A cambio, aumentaba todavía más el enfrentamiento entre Londres y Pekín, en un momento en el que la comunidad occidental debate cuál debe ser su relación con el gigante asiático, y si seguir la escalada de conflicto promovida por la Administración estadounidense de Donald Trump o buscar una vía media de conciliación con un socio comercial imprescindible.

Los aranceles impuestos por Washington a las importaciones de acero han sido un factor clave en la decisión de la empresa china de acelerar el cierre de la planta.

Un portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores ha exigido al Gobierno británico que trate de un modo justo a las empresas chinas, y ha reclamado a las dos partes (el Ejecutivo de Starmer y el grupo Jingye) que resuelvan sus discrepancias por la vía de la negociación, según ha recogido la agencia Reuters. El Reino Unido, ha advertido el portavoz, debe “evitar la politización de sus relaciones comerciales o vincular este asunto con cuestiones de seguridad”.

La advertencia de Pekín surgía poco después de que el ministro de Negocios, Energía y Estrategia Industrial, Jonathan Reynolds, hubiera cuestionado la sabiduría del anterior Gobierno conservador de Boris Johnson, al dar entrada a una empresa china a un sector vinculado a la seguridad nacional y económica. “Debemos ser muy claros respecto a cuáles son los sectores donde podemos promover esa cooperación [con China] y cuáles no. Yo no hubiera permitido la entrada de una empresa china en el sector del acero”, añadía.

Poco después de lograr el control directo de la planta de Scunthorpe, tras la luz verde de la Cámara de los Comunes a última hora del sábado, el Gobierno británico ha asegurado que ya ha comprado el combustible necesario para mantener en funcionamiento sus dos altos hornos. Y que se encuentra ya en territorio nacional y protegido. Ha sido un traslado rodeado de medidas de seguridad y de secretismo, y todo sugiere que la transacción, que suele tardar hasta un mes y medio, según los expertos, se había puesto en marcha con anterioridad a la decisión parlamentaria.

A pesar de llevar meses de negociaciones infructuosas con el Gobierno, Jingye había anunciado su decisión de cerrar Scunthorpe. En el plazo de una semana, aseguraba la dirección de la planta, ya no habría el suficiente carbón metalúrgico y pellets de hierro (bolitas de hierro) para suministrar combustible a los dos hornos y evitar su enfriamiento hasta un punto en que la recuperación ya no fuera posible o resultara altamente costosa.

Desde el infructuoso intento por parte del Gobierno conservador de David Cameron de establecer una relación especial con China (la Golden Era, o Era Dorada, llegó a bautizar esa aspiración), Downing Street se ha debatido en torno a su postura respecto a la potencia asiática. En 2020, a pesar de haber dado su visto bueno inicial, Londres siguió los pasos de Washington y prohibió que el gigante tecnológico Huawei participara en el desarrollo de la infraestructura de 5G en el Reino Unido.

Sin embargo, el Gobierno británico seguía hasta ahora los pasos de otras diplomacias europeas y se resistía a definir China como una “amenaza” a su seguridad nacional. Prefería hablar de desafío, preservando siempre la posibilidad de cooperación en áreas comerciales menos delicadas.

La crisis desatada por la planta de acero de Scunthorpe ha llevado a los sectores más críticos con China, que están principalmente en el seno del Partido Conservador, a denunciar un claro intento de sabotaje.

“El grupo Jingye está construyendo una nueva planta de acero en China, y quiere suministrar desde allí las necesidades del Reino Unido. Lo que hemos presenciado [con la pretensión de la empresa de cerrar Scunthorpe] ha sido un intento de sabotaje industrial”, ha denunciado el diputado conservador, Christopher Chope.

La embajada china en Londres ha asegurado este lunes que sigue muy de cerca todo el asunto, y que su Gobierno ya ha exigido al del primer ministro Starmer que se actúe de acuerdo con los principios de “justicia, imparcialidad y no discriminación”.

Solo en 2024, la industria británica del acero perdió cerca de 6.000 puestos de trabajo. La compañía Tata, propietaria de la planta de Port Talbot, en Gales, provocó ella sola la eliminación de 2.500 empleos, al cerrar sus altos hornos convencionales, muy contaminantes, y sustituirlos por hornos de arco eléctrico, más baratos y limpios, pero que no necesitan tanto personal para su mantenimiento ni son capaces tampoco de producir acero de alta calidad.