Trump recurre a sus poderes presidenciales para tratar de subvertir las elecciones

Donald Trump y sus aliados se han metido de lleno en un territorio alarmante y sin cartografiar. Lo que hacen ahora no es solo impugnar el recuento de las presidenciales, sino tratar de subvertir el proceso utilizando el poder de la Casa Blanca. Agotada prácticamente la vía judicial, y certificada este viernes por la tarde la victoria de Joe Biden en Georgia, Trump orquesta una campaña de presión para persuadir a las autoridades republicanas de los Estados que perdió para que reviertan la voluntad del voto. Un intento sin precedentes de forzar una manipulación del sistema.

En una iniciativa absolutamente insólita, este viernes el presidente convocó a una reunión en la Casa Blanca a una delegación de legisladores estatales de Michigan, Estado en el que Joe Biden se impuso en las elecciones. La idea, según fuentes citadas por diversos medios, era directamente presionar a los legisladores republicanos que tienen la mayoría en un Estado con gobernadora demócrata para subvertir el resultado de las elecciones. La cosa terminó en un nuevo fracaso para Trump. Los legisladores republicanos del Estado de Michigan dijeron, tras la reunión, que no tenían conocimiento “de ninguna información que pudiera cambiar el resultado de las elecciones de Michigan”, según informa la cadena NBC. Seguirán, dijeron, “el proceso normal” en la certificación de los votos.

En otro giro de un guion de tintes no menos surrealistas, este viernes al mediodía Georgia certificaba la victoria de Biden en el Estado, solo para rectificar a continuación atribuyendo el anuncio a que un empleado se había precipitado al enviar el comunicado. Hacia las cinco de la tarde, las autoridades certificaban, ahora sí, el resultado: después de volver a contar a mano cinco millones de votos, el recuento más grande en la historia del país, se ha corroborado que el presidente electo Joe Biden se impuso en ese territorio por más de 12.000 votos, una variación de un 0,0099% respecto el primer recuento.

Con la confirmación de Georgia, la posibilidad de disputar los resultados del 3 de noviembre se esfuma para Trump. Prácticamente descartada pues la vía matemática, la Casa Blanca puso en marcha una nueva fase en su estrategia de deslegitimar la elección. La de presionar directamente a los legisladores para subvertir las elecciones. Una ofensiva de una audacia sin precedentes, cuyas posibilidades de éxito son tan escasas como colosal es el potencial daño a la democracia.

Los Estados votan por el presidente a través de una lista de electores que se reúnen en el Colegio Electoral y que representa el voto ciudadano. De acuerdo con el resultado, Biden tiene en total 306 de esos electores y Trump, 232. Trump parece apostar por la idea de que los resultados no sean certificados y que sea el Legislativo el que presente su propia lista. Ya ha conseguido en parte el primer paso, cuando dos miembros republicanos de la junta de certificación de los resultados en Michigan se negaron a firmar los resultados. Trump llamó personalmente al menos a uno de ellos.

Es decir, Trump parece estar explorando la posibilidad de que los legisladores republicanos de Michigan subviertan el voto de sus ciudadanos y presenten electores que voten por él. Aunque es una teoría muy difícil de poner en práctica, ya que esas listas tienen que pasar el filtro de los gobernadores y de la Cámara de Representantes, se trata de un ataque al proceso electoral inaudito por parte del presidente de EE UU.

Alterar el resultado en Michigan tampoco bastaría a Trump para proclamarse presidente. Necesitaría presionar al menos a otros dos Estados para que también den la espalda a sus votantes y le apoyen. Los dos candidatos más lógicos serían Georgia y Arizona, ambos con gobernadores y cámaras legislativas republicanos. Pero la posibilidad de que las autoridades de tres Estados decidan saltarse el sentido del voto de sus ciudadanos, y que el Congreso lo tolere, se antoja remota.

Sucede que los mandos republicanos, hasta la fecha, asisten al espectáculo sin rechistar. Solo unos pocos habituales rebeldes, como el senador y excandidato presidencial Mitt Romney, han denunciado públicamente la deriva autoritaria. “Habiendo fracasado en construir siquiera un caso plausible de fraude o conspiración ante cualquier tribunal, el presidente recurre ahora a la presión abierta a los oficiales estatales y locales para subvertir la voluntad del pueblo y revertir la elección. Es difícil imaginar una acción peor y más antidemocrática de un presidente de Estados Unidos en activo”, defendió.

Trump cuenta con poco tiempo para concluir esta ofensiva. La fecha límite para resolver cualquier disputa en torno a las listas de electores es el próximo 8 de diciembre, y la mayoría de los Estados que Trump necesitaría arrebatar a Biden deben certificar sus votos a principios de la próxima semana. El Colegio Electoral se reunirá el 14 de diciembre para elegir a Joe Biden presidente de Estados Unidos. Biden tomará posesión del cargo el 20 de enero.

“Estoy convencido de que sabe que no ha ganado”, dijo el presidente electo Biden el jueves. “Es intolerable lo que está haciendo”, añadió, lamentando “los mensajes dañinos que están enviando al resto del mundo sobre cómo funciona la democracia”.

Otra maniobra que puede influir en el proceso sería que la campaña de Trump pidiera un tercer recuento manual, antes del próximo martes, lo que obligaría a volver a escanear todas las papeletas. El abogado de Trump, Rudy Giuliani, en una disparatada conferencia de prensa el jueves, afirmó que se disponen a presentar demandas judiciales en Georgia y en otros Estados, sin explicar en qué se sustentarían. Habló de “fraude masivo”, sin pruebas, y acusó a los demócratas de “robar las elecciones al pueblo estadounidense”, pese a que, cuando días antes compareció en los tribunales, bajo juramento, dijo expresamente que no estaba ahí para denunciar ningún fraude.

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