La exjueza Angélica Sánchez sobre la nueva imputación en su contra: “Están molestos porque me presento a las elecciones”

La última vez que Angélica Sánchez respiró tranquila fue hace cuatro meses. Acababa de salir de la cárcel después de que un juez considerase desproporcionada la medida cautelar que la obligaba a permanecer en prisión preventiva por los delitos de los que le acusa la Fiscalía de Veracruz: tráfico de influencias y contra la fe pública. Sin embargo, el caso continúa y las autoridades vincularon de nuevo a la exjueza por los mismos delitos. En mitad de la tormenta, Sánchez ha decidido presentarse a las próximas elecciones y buscará ser senadora por Veracruz a través de Movimiento Ciudadano. La mujer de 57 años considera que la nueva imputación es una reacción a sus pretensiones políticas para tratar de sacarla de la contienda. “Están molestos porque me presento a las elecciones”, cuenta por teléfono desde Veracruz.

Horas antes de que se hiciera oficial la candidatura, la Fiscalía volvía la carga y citaba de nuevo a Sánchez en el reclusorio para que rindiera declaración. “Siempre he tenido la sospecha de que soy vigilada y de que mi teléfono está interceptado”, asegura y denuncia que tratan de imputarle los mismos hechos de los que ya la acusaron “y por los que hay en trámite un recurso de revisión contra un amparo indirecto que no se resuelto”, apunta.

La detención de Sánchez en junio del año pasado fue un escándalo por la violencia con la que se llevó a cabo y por ser la segunda vez en la que era detenida en un mes. También porque en aquel momento la exjueza contaba con un amparo que le impedía ser detenida y que, sin embargo, fue ignorado por las autoridades.

La cara de la magistrada acaparó los diarios y las televisiones del país cuando fue arrestada en un hotel de Ciudad de México por más de seis agentes. “¡Se llevan a mi mamá!”, gritaba su hija desesperada. Sánchez fue subida a una camioneta sin placas y conducida hasta el penal de Pacho Viejo, en Veracruz. Allí estuvo retenida casi un mes. Su caso hizo saltar las alarmas por su discrecionalidad y por la publicidad que el propio gobernador, Cuitláhuac García, hizo de él. Organizaciones civiles señalan el caso de la exjueza Angélica Sánchez como un ejemplo más de persecución política en el Estado, como ya sucedió con el del político de Movimiento Ciudadano, José Manuel del Río Virgen.

Antes de aquello la Fiscalía ya había tratado de ir contra ella. 15 días antes fue acusada por el delito de agravio a la autoridad, sin embargo, 48 horas después, fue puesta en libertad por falta de pruebas. Sánchez denunció que durante aquella detención fue subida a la fuerza a una patrulla de la policía, torturada psicológicamente y obligada a disparar un arma dentro del cuartel de San José, en Xalapa.

La Fiscalía de Veracruz acusa a Sánchez de haber liberado a Itiel Palacios García, conocido como El compa Playa. Sin embargo, Sánchez defiende su actuar y señala que las inconsistencias en el trabajo de la Fiscalía hicieron posible que el supuesto delincuente se amparase y no fuera vinculado a proceso. La exjueza ha denunciado abuso de autoridad y que ambas detenciones contra ella fueron ilegales “como represalia por emitir una resolución en cumplimiento de un amparo otorgado por un juez federal” que determinó no vincular a proceso al supuesto delincuente. “Han dañado mi reputación, después de 25 años de carrera judicial intachable”, se lamenta arrinconada y sin posibilidad de volver a su puesto en los juzgados en los que trabajaba. La exjueza acusa a la Fiscalía de tratar de “desgastarla emocional y psicológicamente”.

Cabe la duda de que Sánchez, si gana las elecciones, pueda ejercer su cargo como senadora. “Hasta que no haya una sentencia condenatoria puedo presentarme a un cargo de elección popular”, responde y asegura que continuará con sus pretensiones políticas, aunque reconoce que es “consciente” de estar poniendo su vida en riesgo. “He solicitado las medidas de protección que el INE ofrece a los candidatos y haré la campaña con miedo, pero no puedo quedarme en casa. Lo hago por mi Estado y por mi país”, afirma. Prosigue que de ser encontrada culpable no aprovecharía la inviolabilidad que le otorga el cargo de senadora. “Renunciaría al fuero si me declaran culpable. Lo que yo hice no fue nada ilícito”, declara.

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