Norma Andrade contra la violencia feminicida de México: “Ya no es solo por mi hija, es por todas”

Norma Andrade llegó a Costa Rica la madrugada de este 25 de marzo, durmió apenas unas horas, se despertó a dar esta entrevista y se marchó a repasar los detalles de la investigación del feminicidio de su hija, Lilia Alejandra García Andrade, hace más de 24 años. Desde entonces, espera este momento. Este miércoles sentó al Estado mexicano frente a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato y tortura sexual contra su hija, la deficiente investigación, las violaciones a los derechos humanos, los dos atentados contra su vida y todos los atropellos que sufrió. Pero, sobre todo, dice, por la violencia feminicida que vive México completo.

Por segunda vez en la historia, México llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso de feminicidio. Ambos de 2001, ambos en Ciudad Juárez. Para Norma Andrade esta audiencia puede servir para analizar la sentencia anterior (Campo Algodonero, emitida en 2009) desde un contexto nacional en el que las medidas aplicadas, no solo no reducen la violencia en contra de las mujeres, sino que esta se ha incrementado de manera exponencial desde la condena anterior.

“Ya no es solo por Alejandra, es por todas”, dice Norma en la mesa del comedor en su hotel mientras pone un sobre de té de pasiflora en su taza. Para estar un poco más tranquila, dice quien se ha presentado como única testigo de una de las defensas más importantes contra México en uno de los casos de feminicidio más emblemáticos de la historia reciente.

Durante la primera vista de este miércoles, el Estado mexicano y la defensa de Norma Andrade no llegaron de momento a un acuerdo, al menos en los puntos más importantes. Es decir, la aceptación de la tortura sexual a la víctima Lilia Alejandra y en el análisis de ADN del imputado. “El Estado sigue con su reconocimiento parcial hasta el 2018 y el caso dicen que está a punto de cerrarse. Llama la atención que digan que las cosas no se hacen porque yo me opongo, pero que van a investigar solo si yo lo pido”, mencionó Norma.

Lilia Alejandra García Andrade

El 14 de febrero de 2001 Lilia Alejandra, de 17 años, tomó un camión de transporte público a la salida de la planta maquiladora donde trabajaba para volver a casa con sus dos hijos, Jade y Caleb, de apenas dos años y seis meses, respectivamente. Pero no volvió.

Entonces Lilia vivía con su madre, Norma Esther Andrade, que ante la inexplicable demora de su hija acudió al Ministerio Público para denunciar la desaparición. Le dijeron que debía esperar 72 horas porque probablemente, a pesar de no saber nada de ella, su hija estaba con algún novio.

Una semana después, Lilia Alejandra fue encontrada entre dos de las avenidas más grandes de la ciudad envuelta en una cobija con marcas de tortura en todo su cuerpo. Tenía apenas unas horas de fallecer, de acuerdo al peritaje, por lo que entre el 14 y el 21 estuvo en cautiverio siendo torturada y violentada sexualmente.

Una pista y dos ataques

En el cuerpo de Lilia Alejandra quedaron tres restos genéticos de los agresores: en el raspado de las uñas restos orgánicos (perteneciente a un varón o “dudoso”), una mancha de sangre O+ en el cobertor en que fue envuelta y semen. La última muestra coincidió con el ADN de un agente ministerial de nombre Enrique Castañeda Ogaz, quien fue asesinado el 19 de febrero de 2010.

Los resultados del Informe forense mostraron que el agresor de Lilia Alejandra es un familiar perteneciente al linaje paterno de Castañeda Ogaz y, de acuerdo con el Ministerio Público, la muestra coincide y vincula al agresor de Lilia Alejandra con otros tres feminicidios: Rosa Isela Tena Quintanilla (1995), Sonia Ivette Sánchez Ramírez (1996) y Coral Arrieta Medina (2005).

De acuerdo con esta primera prueba alguien de la familia de un agente ministerial del Estado de Chihuahua estuvo involucrado en por lo menos cuatro feminicidios a lo largo de una década entre 1995 y 2005 en Ciudad Juárez.

Un año y cuatro meses más tarde del seguimiento de esta prueba como principal línea de investigación, en diciembre de 2011, un hombre se acercó a Andrade cuando caminaba hacia su auto y le disparó en cinco ocasiones a quemarropa. Apenas en diciembre de 2010 otra madre y activista de Ciudad Juárez, Marisela Escobedo, fue asesinada de un disparo en la cabeza frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua.

Andrade fue trasladada a la Ciudad de México para recibir atención médica, ya que, recuerda, en Ciudad Juárez amenazaron con asesinar a los médicos que la atendieran, por lo que se optó por sacarla de la ciudad todavía en un estado tan delicado que era imposible saber si viviría.

Dos meses después, en febrero de 2012, todavía recuperándose de las heridas, un hombre la apuñaló en el cuello en su casa en Ciudad de México, una vivienda que el Estado mexicano le prestó como parte de un protocolo de seguridad. Pero también logró sobrevivir.

El único detenido

El caso de Norma Andrade y su hija Lilia Alejandra fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentado el 7 de mayo de 2018 en una primera audiencia a la que se citó a comparecer al Estado mexicano y a las autoridades de Chihuahua.

Por el Estado compareció el Ministerio Público Sergio Castro Guevara, quien se presentó como el nuevo encargado de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Apenas 12 días después, el 19 de mayo, se emitió una orden de aprehensión en contra un vendedor ambulante, Manuel Navarro, que trabajaba frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado.

El entonces gobernador del estado, Javier Corral Jurado, declaró entonces que se trataba de un feminicida serial y que se le vinculó a través de una prueba genética que coincidía con la que fue encontrada en los cuatro cuerpos de las adolescentes asesinadas y que hasta entonces se vinculaba con el linaje paterno del agente ministerial Castañeda Ogaz. “El caso ya está resuelto, es el asesino serial con prueba científica, pero encontramos la oposición de Norma Andrade, dice que no es… es un crimen seguir medrando con el dolor de las víctimas”, dijo en agosto de 2018. Sin embargo, a día de hoy nunca se le ha hecho la prueba genética al detenido.

“Es una cuestión de estadística genética, como en una ecuación. Fue una compulsa de media hora en la que determinaron que no es hermano ni primo de Castañeda, comparten un ancestro en común pero no hay manera de que sea alguien de los Castañeda y ahí se va por la borda esta investigación”, dijo en una entrevista realizada en 2021 el agente ministerial Castro Guevara.

De acuerdo con Castro, lo que se hizo fue comparar el registro del semen del cuerpo de Lilia Alejandra con el ADN de otra víctima de feminicidio, Leticia García Leal, cuyos restos fueron hallados en 2013. De acuerdo con el Ministerio Público, lo que obtuvieron fue una probabilidad del 99% de que el semen de la persona hallado en el cuerpo de Lilia pertenece a Manuel Navarro, quien resultó ser padre biológico de Leticia García Leal. A Navarro no se le ha analizado directamente, pero se pidió el perfil genético a su hermana y a su madre.

Navarro tiene antecedentes por abuso sexual en la ciudad de Chihuahua en un proceso del que terminó absuelto antes de ser detenido otra vez en 2018 por estos casos. Se le sentenció por los otros tres casos relacionados y se le dictaron 109 años de prisión. Sólo queda pendiente la sentencia por el caso de Lilia Alejandra. En un principio Castro Guevara mencionó que Navarro había confesado más de 30 feminicidios, ´pero al final solo se le siguió la investigación por estos cuatro.

“Se desdijeron de eso, primero llevaba 10, después 20, luego 30 y después ya solo estos”, dice Norma Andrade. “Para este momento ya confesó más de 34 asesinatos. El vato ni siquiera se acuerda, hay que darle fechas y lugares porque por nombres no sabe. La primera vez que mató, según declaró, fue a finales de los 80. El vato tiene una mirada como de tiburón, es un diablo”, dijo en 2021 Castro en una entrevista en su casa.

Para Andrade este es el final de un capítulo en su vida, pero el inicio de otro en el país. Con suerte, uno con políticas públicas que protejan a las mujeres, a los hijos de las víctimas de feminicidio y a las abuelas que se quedan con ellos.