Trump: México se respeta

La transmisión irrumpe en los televisores mexicanos en medio del partido América-Mazatlán. En pantalla, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se planta frente a una hilera de rígidas banderas con barras y estrellas. No sonríe. No bromea.

—Si estás considerando entrar ilegalmente a los Estados Unidos… ni siquiera lo pienses.

Ante la cámara, se materializa la pesadilla que persigue a quienes un día partieron: migrantes que huyen entre luces y gritos; cuerpos que cruzan exhaustos el peligroso río. Tras un corte abrupto, el contraste: Donald Trump firma órdenes ejecutivas rodeado de una élite que lo aplaude. En la Casa Blanca se hace gala de lo que, para otros, es ruina.

El mensaje de Noem continúa. Su rostro no refleja emoción.

—Permítanme ser clara: si vienes a nuestro país y violas nuestras leyes, te perseguiremos.

Las cámaras muestran a agentes armados de la Border Patrol deteniendo migrantes latinoamericanos con precisión milimétrica. La policía migratoria está en todas partes: cielo, mar y tierra. No hay margen de error. En pantalla, todo parece funcionar con inhibidora eficiencia.

—Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos. Si intentas entrar, te atraparán y nunca volverás.

La transmisión se corta. Reanuda el partido pero nos hemos quedado fríos: no era ficción. Eso no era una película.

En medio de un partido de futbol mexicano, fue transmitido en televisión nacional —en todo el país, vaya— el anuncio de la multimillonaria campaña que EE UU ha puesto en marcha para horrorizar potenciales migrantes. Un espectáculo de rechazo difundido al país entero en horario estelar.

La transmisión, encañonada directamente contra nuestros propios connacionales, se disparó utilizando un bien público: el espectro radioeléctrico. Ondas invisibles que atraviesan el territorio y que no pertenecen ni a las televisoras ni al gobierno: son del pueblo por entero.

Que ese espacio —concesionado por el Estado para informar y servir al interés plural— haya sido usado para difundir un mensaje de hostilidad nacional no solo es sinvergüenza. Es ilegal. El combo completo.

La inmoralidad radica en habernos humillado en el umbral de nuestra propia casa; denigrado desde frecuencias domésticas.

Para fundamentar la ilegalidad, tampoco hay que ir muy lejos. El artículo segundo de la ley en materia de telecomunicaciones condena la discriminación en los contenidos. También señala que la programación difundida debe promover ideas que consoliden la unidad nacional. Propaganda como ésta, en cambio, viola los derechos de la audiencia: la estereotipa y ofende.

¿Y la sanción? El problema es que no hay quien dispare.

El órgano encargado de hacer cumplir la ley —el Instituto Federal de Telecomunicaciones, asumiendo sin conceder que hubiera protegido el interés popular por encima del corporativo—, flota en un limbo burocrático: no está del todo vivo, pero ya fue condenado. Su sentencia quedó escrita con la cruzada guinda contra los órganos autónomos. Su lugar lo tomará la Agencia de Transformación Digital cuando se apruebe la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión.

Hasta entonces, la ley ha muerto.

Por eso, la Presidenta ha enviado con premura la nueva iniciativa de ley de telecomunicaciones al Senado. Para fijar sanciones y, ante futuras conductas, castigar.

La nueva legislación poner cerco a los contenidos con origen extranjero. Cualquier actor internacional —gobierno, organismo, empresa o individuo— que busque transmitir contenido por el espectro radioeléctrico nacional, deberá obtener el guiño de Rosa Icela Rodríguez. O de quien, en su caso, la suceda.

Aquel remedio ya estaba presente, décadas atrás, en la ley federal de telecomunicaciones promulgada en tiempos de López Mateos: en ella se regulaba la retransmisión de programas desarrollados en el extranjero o patrocinados por gobiernos u organismos extranjeros. La antaña angustia revive.

La bancada oficial avanza a toda máquina para aprobar la iniciativa por la vía rápida. Son 311 páginas que pocos —si acaso alguno— tendrá tiempo de revisar antes de votarla y aprobar.

La nueva legislación prohíbe de plano —lo mismo en tele, radio, audio y plataformas— la transmisión de propaganda de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras. A menos que se trate de material turístico o cultural.

De pilón se incluye una conveniente prohibición ambigua: ningún país podrá influir, a través de los medios, en los asuntos internos de México.

La invasión suave que amenazaba la administración Trump al inicio de su mandato —aquella que prometía avanzar en silencio capturando capos sin prevenir a nuestras autoridades— llegó pronto a territorio nacional. No ha tocado tierra firme, pero ha ocupado algo igual de valioso: nuestras ondas de comunicación.

A través de ellas, cruzando el aire y colándose por nuestros televisores, se ha acomodado en nuestra sala y sentado en el comedor.

No hay oposición posible contra una nueva y rigurosa legislación que impida afrentas como esta. Una que coloque a México a la altura de los estándares internacionales.

México se respeta.