El Salvador: demoliendo la independiencia judicial

Está por cumplirse -el 11 de septiembre- el vigésimo aniversario de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, iniciativa peruana, poderosa herramienta continental de defensa y protección de la democracia. Pero en esta misma semana la democracia ha sido nuevamente atacada por el apetito del poder absoluto y la demolición de una justicia independiente de ese poder.

La víctima: la sociedad y la democracia en El Salvador. Lo que allí viene ocurriendo, bajo explícito impulso de su presidente Nayib Bukele, es representativo de peligrosas tendencias autoritarias en desarrollo que ya están en curso en diferentes rincones del planeta. La ola autoritaria actual tiende a poner su primera baza atacando la independencia judicial, curándose, así, en salud

Al acercarse el aniversario de la Carta Democrática, algunas corrientes y tentaciones autoritarias, sin embargo, avanzan en dirección contraria a sus preceptos. Una peligrosa ola autoritaria avanza no solo en América Latina sino en distintos rincones del planeta. Que, con pocas excepciones, suele dar sus pasos iniciales y marcar uno de sus hitos fundacionales en el avasallamiento a la independencia judicial. Con un claro objetivo: demoler espacios institucionales de control o equilibrio de poderes.

El patrón se repite. En la Polonia de Kaczyński, Filipinas de Duterte o Belarús de Lukashenko, para mencionar solo tres ejemplos, el formato es semejante: remover arbitrariamente magistrados o magistradas, empezando por las altas cortes, y poner en marcha sistemas de nombramiento y promoción de jueces y fiscales manipulables políticamente. Y de allí en adelante, contar con un camino más sencillo para ejercer el poder sin el incómodo contralor de jueces y fiscales independientes.

Hace cuatro meses en El Salvador la independencia judicial ya fue atacada con la destitución arbitraria, sin proceso previo ni derecho alguno a la defensa, tanto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema -equivalente del Tribunal Constitucional- como del Fiscal General. E hizo nombrar, de inmediato y a la carrera, sin concurso ni transparencia alguna, como lo hacen los dictadores, a los sustitutos. Todo esto, por supuesto, en confrontación con estándares y principios internacionales vigentes desde hace décadas y con la propia norma constitucional salvadoreña sobre independencia de magistrados y fiscales.

Todo eso fue solo un primer y modesto paso. El grande se viene ejecutando a partir este martes 31 de agosto por la mayoría parlamentaria, en continuidad sustantiva con el ataque de mayo a la corte constitucional y a la fiscalía general. Los proyectos de ley de carrera judicial y de ley orgánica de la fiscalía son dos piezas -aprobadas a la carrera y sin mayor discusión- que en lo fundamental se orientan a seguir avasallando le independencia de jueces y fiscales que el estado salvadoreño está obligado a hacer valer.

Son al menos cuatro los componentes violatorios de estándares internacionales fundamentales (incluyendo los principios Básicos de la ONU sobre Independencia de la Judicatura) y de la propia Constitución salvadoreña.

Primero, que la propia Constitución le da a la Corte Suprema la exclusividad en iniciativas de ley sobre “materias relativas al Órgano Judicial” (art.133.3). El solo hecho de que el Ejecutivo -o su mayoría parlamentaria- haya usurpado esa función se ha entendido como un índice, por sí mismo, de atropello a la independencia judicial.

Segundo, se baja el límite de edad en los cargos judiciales a 60 años o 30 de desempeño en la carrera. Cuando en todo el mundo las edades de jubilación -al haber aumentado las expectativas de vida- tienden a aumentarse, esta medida solo se explica por el objetivo de deshacerse de muchos jueces o fiscales que el poder político considera distantes o “ajenos”. Otro país que dio un paso semejante, para deshacerse de algunos magistrados incomodos en la Corte Suprema, fue Polonia, para facilitar el control político de la justicia por el Gobierno.

Se cesa en El Salvador, así, al menos a 156 miembros de la carrera judicial, la mayoría magistrados de cámara o jueces de amplia trayectoria, incluyendo varios jueces a cargo de casos emblemáticos. Por ejemplo, Jorge Guzmán, juez que lleva el proceso penal por la masacre por el Ejército en El Mozote sería cesado pues tiene más de 60 años. Al parecer se habría vuelto incómodo pues en su investigación, entre otras cosas, pidió a la fiscalía que determinara si hubo delito cuando el alto mando militar le impidió acceder a sus archivos.

Tercero, se afecta el principio esencial de la inamovilidad de quien desempeña un cargo judicial. Principio que no los hace intocables, por cierto, si hubiera alguna falta que ameritase una sanción, pero solo luego de seguir el debido proceso. Con las modificaciones aprobadas a la carrera judicial se da carta blanca a traslados inopinados para cubrir vacantes sin consulta ni coordinación con el juez/a concernido. En estas condiciones, los traslados arbitrarios pueden ser una forma de sanción encubierta.

Cuarto, a la misma velocidad del rayo, casi sin debate ni discusión en comisiones de la asamblea legislativa, se cambió también la ley orgánica de la Fiscalía General. Esta modificación da al fiscal general la facultad omnímoda de trasladar, “de manera temporal o permanente” a fiscales; esto incluye la facultad de trasladar a fiscales con investigaciones administrativas, algunas de las cuales han sido abiertas recientemente por el fiscal general impuesto con el manotazo de mayo. Algunos consideran que precisamente fiscales a cargo de investigaciones sobre las supuestas negociaciones entre Bukele y las maras podrían ser los primeros en ser “trasladados”.

La ley, también baja la edad de ejercicio de la función a 60 años. Quedarán muchas vacantes con los ceses las que, de acuerdo a esta ley, serán cubiertas nada menos que por decisión del fiscal general. Nada menos que aquel fiscal que fue impuesto en el blitzkrieg de mayo cuando se destituyó arbitrariamente a la Sala Constitucional y al fiscal general de ese entonces.

Síntesis esta que, de forma apretada y acaso incompleta en beneficio del espacio disponible, pero que resume un peligroso proyecto en plena ejecución de liquidación de los contrapesos de poderes. Estoy seguro será materia de atención y acción por las instancias internacionales competentes de la defensa de la democracia y de la independencia judicial como ya lo vengo haciendo yo mismo como Relator Especial de la ONU sobre independencia judicial. Buen momento, también, para que los países de América tomen en cuenta y consideren hacer uso de la Carta Democrática Interamericana.

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