Tragedia del pasado en Asturias

Cinco trabajadores murieron el lunes y otros cuatro resultaron heridos de gravedad en un accidente en una mina del pequeño pueblo asturiano de Degaña. La tragedia devolvió por un momento a España a una realidad casi olvidada y sobrecogedora. La investigación del juzgado de Cangas del Narcea deberá determinar a fondo las circunstancias del siniestro, pero las primeras hipótesis apuntan a una explosión de grisú, un gas inflamable que ha sido el histórico enemigo de los mineros y, por ello, objeto de algunas de las principales medidas de seguridad en los pozos. Hay que remontarse a 1995 para encontrar una tragedia más grave en la minería asturiana (14 muertos en un pozo del concejo de Mieres) y a 2013 a escala nacional (seis fallecidos en la localidad leonesa de Santa Lucía). Ambos casos fueron explosiones de grisú.

La seguridad absoluta no existe, y mucho menos en una profesión tan peligrosa como la minería. Pero por ello mismo resulta preciso que las indagaciones, que llevarán tiempo, aporten todas las respuestas a las legítimas preguntas que se hacen no solo asturianos y leoneses —de esta provincia eran los cinco fallecidos—, sino el conjunto de los españoles. Y las primeras son cómo pudo ocurrir la explosión, ya que desde hace tiempo existe la tecnología necesaria para prevenir la presencia de grisú en un pozo, y con qué protocolos de seguridad trabajaban los nueve obreros.

Desde el pasado verano, la empresa Blue Solving contaba con dos licencias para trabajar en la mina —casi sin actividad desde 2018— que no incluían la extracción de carbón para su comercialización. Una autorización le permitía investigar la presencia de algún tipo de mineral susceptible de una futura extracción; con la segunda licencia podía retirar chatarra y otro material del tercer piso de la antigua explotación, justo donde estalló el gas. La mina pasó una inspección rutinaria en septiembre en la que no se detectó nada anormal. En interés de la propia empresa va que contribuya en todo lo preciso para aclarar lo ocurrido.

La conmoción que causa un accidente de estas dimensiones debe llevar a la petición de todas las responsabilidades que sean necesarias, pero igualmente interpela a empresas y administraciones a realizar una necesaria labor de supervisión. No es una actividad residual. La minería ha vuelto a primera línea por la necesidad que tiene Europa de extraer minerales estratégicos en el actual escenario geopolítico, y es el sector que más fallecidos registra en relación con su número de empleados (27,7 por cada 100.000 ocupados, más del doble que el segundo sector). Acierta la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al recalcar que “no puede morir nadie así” en el siglo XXI, y evitar ese tipo de muertes es precisamente una de las mayores obligaciones de todos los concernidos.

Cuando en el mundo parece que no existe otra economía que la del capitalismo financiero, el ámbito digital y las grandes tecnológicas, la explosión de una mina nos recuerda que muchos trabajadores siguen muriendo en el tajo. Fueron cerca de 800 el año pasado en España, un 10,4% más que en 2023 y el segundo peor dato de la serie histórica. Trabajo digno y trabajo seguro tienen que ir indisolublemente unidos. Prevención y seguridad laboral deben ser prioritarias para empresas, administraciones, agentes sociales, tanto para un mundo del trabajo en constante cambio como para ocupaciones con siglos de historia.