La izquierda 'abertzale' rechaza la “fórmula Nanclares” para presos de ETA

La izquierda abertzale, que está terminando de pergeñar su estrategia sobre los presos de ETA, su principal reto en estos momentos, la plantea en dos fases. Una primera, que denomina de “humanización”, que trata de materializar en el acercamiento de presos a las cárceles vascas, la excarcelación de los enfermos y de quienes han cumplido tres cuartas partes de la condena. La segunda fase, que afectaría al conjunto de presos y huidos, implicaría algún tipo de reforma legal o acuerdo político. En esta segunda fase no acepta la “fórmula Nanclares” como salida global a la situación de los presos de ETA en el caso de que el Gobierno del PP esté dispuesto a adoptar medidas penitenciarias, como apuntó el martes el ministro del Interior, Jorge Fernández, en su primera comparecencia en el Congreso.

El futuro de los presos de ETA es uno de los aspectos que el Gobierno abordará para lograr que la banda pase del cese definitivo al desarme y disolución. Es una cuestión de Estado muy delicada por los problemas que plantea a las asociaciones de víctimas así como a sectores de la derecha, lo que ha empujado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a reclamar tiempo y discreción. Rajoy lo ha manifestado, tras reunirse en los últimos días con el lehendakari, Patxi López, y el presidente del PNV, Iñigo Urkullu.

El líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, que la próxima semana se reunirá con Rajoy en la Moncloa, pretende alcanzar un pacto entre los tres principales partidos vascos, que marque un “suelo democrático”, con el reconocimiento del daño causado, la reclamación de la disolución de ETA y de compromiso a la democracia, que sirva de referencia a la izquierda abertzale.

A su vez, la izquierda abertzale, que trabaja en las dos fases, la “humanitaria” y la de mayor alcance penitenciario, calcula que la primera podría resolverse con “relativa rapidez” ya que es una cuestión de “voluntad política”, sobre todo por parte del Gobierno, que tendría que limitarse a aplicar la ley vigente, desapareciendo las medidas excepcionales para los presos de ETA al igualarlas a los comunes.

En esta misma fase se enmarca el futuro del líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo por el caso Bateragune, que se dirimirá esta primavera. Lo mismo sucederá con la revisión de la doctrina Parot, pendiente, a su vez, de una sentencia del Tribunal Constitucional, que no se decidirá hasta que se produzca su reforma.

Para el Gobierno del PP, esta primera fase será todo un test para comprobar hasta dónde y a qué ritmo puede avanzar ya que se espera una reacción negativa de un parte de sus apoyos electorales.

Pero la segunda fase que plantea la izquierda abertzale es más complicada al requerir algún tipo de reforma legal o de acuerdo político. La izquierda abertzale se hace eco de las propuestas del colectivo de presos de ETA que al rechazar la “vía Nanclares” implica una reforma legal o política.

Baraja varias fórmulas alternativas a “Nanclares”, desde un cambio legislativo hasta un pacto político, pasando por una ley especial. Nanclares es la fórmula a la que se han acogido una minoría de presos de ETA, expulsados de la banda, que asumieron las condiciones de la reforma del Código Penal y del reglamento penitenciario, reformadas en 2003 y que la izquierda abertzale califica de “derecho penitenciario de excepción”.

El artículo 90 del Código Penal, que regula el acceso a la libertad condicional, y el 73 de la Ley General Penitenciaria, que regula la progresión de grado, reformados en 2003, exigen a los presos, además del rechazo a la violencia y el reconocimiento del daño causado, la condena de toda su trayectoria y la delación.

Tanto la izquierda abertzale como el colectivo de presos de ETA no están dispuestos a asumir los dos últimos extremos. Sin embargo, sí estarían dispuestos a asumir el rechazo a la violencia y el reconocimiento del daño causado. De hecho, la declaración de Gernika, en la que está incluida la izquierda abertzale y suscrita por el colectivo de presos de ETA, ya lo ha hecho. E incluso, previsiblemente, lo hagan de forma individual tanto la izquierda abertzale como el colectivo de presos de ETA.

La izquierda abertzale baraja varias fórmulas alternativas para una posible solución al problema. Una podría consistir en una modificación legal. Otra posibilidad que baraja sería la promulgación de una ley especial, como sucedió en Irlanda con los presos del IRA. La tercera consistiría en llegar a un acuerdo político.

Esta última fórmula, llamada también vía Bandrés-Onaindia, es la que en 1982 eligió Euskadiko Ezkerra para poner punto final a la violencia de ETA político-militar. El pacto político exigía a los presos y huidos de ETA el compromiso de no regresar a la violencia para lograr su reinserción. Lo mismo sucedió con la llamada vía Azkarraga, a la que se apuntaron, también en aquellas fechas, algunos militantes de ETA militar.

La izquierda abertzale ya ha empezado a mover ficha y para ello lanza una nueva plataforma, Herrira, para afrontar este nuevo reto. La nueva plataforma trata de adaptar las reivindicación de los presos de ETA a los nuevos tiempos, al margen de las estrategias partidistas del momento, como sucedía en el pasado, según fuentes de la izquierda abertzale. Su único objetivo será lograr la salida de los presos de ETA cuanto antes. Y para ello tratan de lograr nuevas adhesiones.