Una declaración con ciertas lagunas

Desde que el pasado 28 de noviembre había concluido el recuento de las entradas decomisadas en un pabellón anexo al Madrid Arena, el empresario de Diviertt, Miguel Ángel Flores, había estado en la brecha del huracán. La cifra de 16.791 tiques hallados en ocho urnas tiraba por tierra toda la declaración que había hecho Flores nueve días antes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 51, Eduardo López Palop, que instruye el caso por la muerte de las cinco jóvenes en una fiesta de Halloween. El empresario mantuvo frente al magistrado que había vendido tan solo las 9.650 entradas que permitía el aforo del recinto municipal.

Ni el juez ni las partes acusadoras se quedaron muy conformes con su declaración, en la que se limitó a decir que la culpa correspondía a la Policía Municipal y al Ayuntamiento de Madrid, a través de su empresa Madrid Espacios y Congresos (Madridec). Según su versión, eran los responsables de la seguridad interior del recinto, a través de la empresa Seguriber, y del exterior y en especial del botellón, por parte de la Policía Municipal.

El recuento de las entradas dejó al descubierto la mentira de Flores, que quiso cubrirse las espaldas diciendo que la avalancha se produjo cuando se colaron en el recinto unos 3.000 jóvenes que hacían botellón a la entrada del Madrid Arena. Solo contestó a las preguntas del fiscal y de los abogados de las familias de las víctimas. La cifra definitiva de 16.791 superaba con creces el aforo máximo del Madrid Arena (10.600 asistentes).

La comisión de investigación que hubo durante tres días en el Ayuntamiento de Madrid también centró sus culpas contra Flores y sus empleados. Fueron los únicos que dejaron entrar en cuestión de 23 minutos a miles de jóvenes, muchos de los cuales no llevaban entradas.

“La tragedia no se debe a que se haya caído un pedazo del techo, sino simplemente a la sobresaturación del aforo, que el Ayuntamiento no ha provocado sino que es responsabilidad de quien tiene que dar explicaciones al juez. El Madrid Arena cumplía todas las medidas de seguridad”, mantuvo el portavoz del PP, Enrique Núñez.

Hasta el momento, el caso solo tenía 10 imputados y ningún detenido. Todos habían ido a declarar cuando eran citados por el magistrado. A Flores se le puso la obligación de comparecer en sede judicial los días 8 y 24 de cada mes, pese a que algunas partes del proceso pidieron el mismo día de su declaración que ingresara en prisión ante el riesgo de fuga. Como la fiscal del caso no lo solicitó al igual que algunos abogados de las familias, el juez lo limitó a una simple medida cautelar.

La situación ya cambió esta semana cuando las partes acudieron el pasado miércoles a una nueva inspección ocular del pabellón municipal. El juez, el fiscal y los distintos abogados comprobaron in situ que el vomitorio donde se produjo la tragedia era muy estrecho: medía 3,07 metros de ancho por 12 de metro. Esto lo convirtió “en un auténtico túnel”, según los letrados.

La Policía sigue visionando las 127 cámaras de seguridad del recinto para calcular el número de personas que había en el Madrid Arena justo cuando se produjo la tragedia. A mediados de enero están previstas nuevas declaraciones durante cinco días. Algunos abogados han pedido que comparezca como imputado el responsable de la enfermería, el médico y exconcejal del PP Simón Viñals.