Estado de la nación y del acontecimiento

El debate sobre el estado de la Nación está fijado para los próximos días 20, miércoles, y 21, jueves, del presente mes de febrero. Todo parecía indicar que el foco estaría centrado en la corrupción, pero en ayuda de Mariano Rajoy se ha movilizado el Papa Benedicto XVI con su renuncia al solio pontificio, que será formalizada el 28 de febrero en una ceremonia sin precedentes desde hace seis siglos. Así que la atención sobre el caso Gürtel-Bárcenas quedará desplazada por los preparativos del cónclave, donde habrá de ser elegido el sucesor. Todos se concentrarán en la expectativa de la fumata bianca, señal cierta del acuerdo alcanzado sobre el sucesor en la cátedra de Pedro. Algo así como lo que ocurrió cuando la designación de don Juan Carlos como sucesor a título de Rey en la Jefatura del Estado el 22 de julio de 1969. Un acontecimiento para nosotros trascendental, que quedó borrado por su coincidencia con el regreso del Apollo XI, que amerizaba trayendo de regreso a bordo al primer hombre que había pisado la Luna.

Además de esta ayuda providencial, de este bote de humo vaticanista, que intentará apuntarse como un tanto a su favor el cardenal Rouco para pasar la cuenta en el momento oportuno, el presidente Rajoy jugará también sus bazas, convencido de la necesidad de crear el acontecimiento, lanzando una maniobra de diversión en forma de cambio de Gobierno a la defensiva. Nada mejor, si esa fuera su pretensión, para cambiar el paso del debate parlamentario, que hacerlo coincidir con una remodelación del Gabinete ministerial. Semejante empresa puede llevarse a cabo mediante la sustitución de quienes, instalados ya dentro de la unidad de quemados de La Moncloa, ofrecen un diagnóstico más desfavorable, o también abordando un cambio de mayor amplitud que diera idea de un impulso político más ambicioso. En el primer caso, todo se limitaría a reemplazar a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que nunca debió ser nombrada para esa ni para ninguna otra cartera, porque nada se ha descubierto ahora que no fuera de general conocimiento ni en cuanto a vehículos, ni en cuanto a fiestas, viajes y confetis.

Pero limitarse al relevo de Ana Mato la dejaría señalada como portaestandarte de la corrupción y embravecería a la oposición en el intento de cobrarse nuevas víctimas. Por eso, como en la retirada de los toros declarados inútiles en la plaza, todo indica que Mariano Rajoy envolverá su salida con otras adicionales que podrían ser las de los titulares de Hacienda, Cristóbal Montoro; Empleo, Fátima Báñez; y Educación, José Ignacio Wert. Otro candidato que se ha ganado limpiamente la destitución es el de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por sus propuestas de indulto a conductores kamikazes que segaron vidas inocentes y por sus proyectos incendiarios, como el de la privatización del Registro Civil o las tasas judiciales, capaces de unir a una tropa tan difícil y enconada en sus divisiones compuesta de magistrados, jueces y fiscales. La incógnita más importante a despejar sería la de en quién recaería la designación para la vicepresidencia económica. Lo que se da por seguro es que Javier Arenas tendrá un ministerio, como le fue prometido en premio a una hazaña desconocida.

Los damnificados y los emergentes empezarán a colorear la legislatura, pero —igual que en un determinado momento durante los años del aznarato resultaba más significativo que los cambios en el Consejo de Ministros la salida de Miguel Ángel Rodríguez de la Secretaría de Estado de Comunicación o de Juan Villalonga de la presidencia de Telefónica— parece que ahora todo se juega en la continuidad o en la remoción de Pedro Arriola, erigido en consejero áulico en los tiempos difíciles de la travesía del desierto. Queda también por despejar el frente del partido, donde Luís Bárcenas —que no pasaba de ser un testaferro, un fiduciario, con manejo en cuentas millonarias— puede terminar como único titular de las mismas, una vez que el terror se ha apoderado de los dirigentes de Génova para gritar a coro que nada tienen que ver. Ya dijo Gil y Gil y tal y tal que “antes se sale de la cárcel que de pobre”, y en el umbral de la prisión Bárcenas calcula la altura del pozo al que le pueden empujar quienes desean quedar a salvo y el radio de la onda expansiva de la munición en su poder.

En cuanto a los gastos en que incurren los partidos, debería evaluarlos el Tribunal de Cuentas, al que debería dotarse de medios y liberarle de dependencias políticas. Además, habría que asegurar una estructura interna y un funcionamiento de los partidos democrático, como preceptúa el artículo 6º de la Constitución. Porque el día que Alonso Puerta denunció aquellos abusos en el Ayuntamiento del alcalde Tierno y prevaleció un mal entendido patriotismo de partido fue cuando todo se vino abajo.