Sanidad impide que los enfermeros receten sin la intervención médica

El personal de enfermería podrá "indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, mediante la correspondiente orden de dispensación", según establece el real decreto que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros. Además, se establece que podrán "indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica de forma autónoma".

Pero los enfermeros no podrán actuar, en el caso de los medicamentos de prescripción (los que necesitan receta) por su cuenta. Primero, "deberán ser titulares de la correspondiente acreditación". Segundo y más importante, "será necesario que el correspondiente profesional prescriptor [el médico] haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir".

Para los colegios de enfermería, esta redacción deja sin sentido su cometido, ya que implica que cada paciente debe ser visto y recetado por el médico antes de que ellos intervengan. "Esta situación impide expresamente cualquier uso, actuación o decisión enfermera relacionada con estos medicamentos cuando esta no vaya acompañada de una prescripción médica realizada de forma oficial: con carácter individual, nominativa para cada paciente y donde se especifique claramente cuál es el acto enfermero objeto de atención", afirman en un comunicado.

Por ejemplo, sería imposible el actual funcionamiento de la campaña de vacunación de la gripe, en la que cada paciente acude directamente a la consulta de enfermería y es el profesional de esta área el que determina si es población de riesgo y debe recibir la inmunización. Según esta interpretación, cada persona debería pasar antes por la consulta del médico, quien debería redactar la correspondiente receta de la vacuna. 

Los profesionales de enfermería ponen otros ejemplos: las distintas dosis de oxitocina durante un parto, la heparina que se administra a quienes van a estar inmóviles mucho tiempo, los vendajes con antibiótico o el anticoagulante Sintrom, cuyo control lleva el enfermero.

Además de las trabas a su labor –el gran argumento de los enfermeros en este proceso ha sido siempre que se trataba de dar cobertura legal a lo que ya estaban haciendo en la práctica–, estos profesionales sanitarios se sienten "traicionados por el ministerio", en palabras del presidente de los colegios, Máximo González Jurado. "Se ha engañado y humillado a la profesión enfermera" al llevar al Consejo de Ministros un texto que "contiene modificaciones que alteran el fondo del original sin haber realizado las consultas pertinentes". "Nunca he visto nada igual. Es una cacicada. Se ha cambiado algo fundamental sin haber pasado ningún trámite de consulta, cuando el borrador anterior ya tenía el dictamen del Consejo de Estado, y se carga la ley del medicamento de 2009. Yo no sabía que un real decreto pudiera cambiar una ley", afirmó Jurado notablemente enfadado.

Los enfermeros afirman que el decreto contraviene la ley del medicamento de 2009

Por su parte, el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, ha manifestado su satisfacción por cómo ha quedado el texto. "Si un fármaco es de prescripción médica, o lo prescribe un médico o hay que cambiarle el nombre". "No estamos hablando de asuntos como la vacuna de la gripe. Nosotros tampoco la prescribimos. Viene por una nota de la Dirección General de Sanidad. Cada año se producen en España 3.500 muertes relacionadas con el uso de los fármacos. No es un asunto para jugar. Y los médicos deben ser los responsables", dijo.

El decreto cierra una larga tramitación que empezó en 2009, cuando una ley permitía teóricamente esta práctica. Pero esa norma necesitaba de un desarrollo que concretara la forma y los límites de la posibilidad de que fueran los enfermeros, y no solo los médicos, los que le dijeran al paciente qué tienen que tomar.

La situación se agravó después de que el jueves de hace dos semanas el Consejo General de Enfermería se enterara de que el decreto se caía del orden del día del Consejo de Ministros de ese viernes. Entonces, el órgano colegial rompió relaciones –se anuló una invitación a los representantes del ministerio para inaugurar un congreso–, hubo movilizaciones y los profesionales amenazaron con actuar siguiendo a rajatabla el reglamento actual, lo que retrasaría los procesos. Ahora, estudian recurrir el decreto por entender que va contra la ley de 2009. También si es posible presentar una querella criminal por prevaricación.

Una portavoz del Ministerio de Sanidad afirma que el contenido del decreto "se corresponde a lo pactado" con ellos en el acuerdo por la sanidad que firmaron con Ana Mato. Admite que ha sido un trámite muy complicado por la diferencia de intereses entre dos colectivos clave: médicos (más de 130.000) y enfermería (270.000), pero valora que por fin se haya regulado. "Esta ha sido una reivindicación histórica del sector" que por fin deja de estar "en una situación alegal", dijo el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, tras el Consejo de Ministros. A los profesionales de quienes hablaba no les ha parecido igual.