“Había que proteger a las personas que estaban en primera línea contra ETA”

Más información

La defensa de Mario Fernández dice que “estamos ante un juicio injusto”

El ‘caso Kutxabank’ sienta en el banquillo a Mario Fernández

“Había que proteger a las personas que estaban en la primera línea contra ETA", ha declarado el expresidente de Kutxabank, Mario Fernandez, ante los magistrados de la sala sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia. Fernández ha explicado con ese argumento por qué buscó una salida profesional al exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, cuando cesó en enero de 2012. El banco incrementó en 243.592 euros la iguala que ya mantenía con el despacho de abogados de Bilbao, Rafael Alkorta, con el encargo explícito de que contratara y remunerara a Cabieces a cambio de colaborar con el letrado.

"Desde octubre de 1997 hasta 2012 yo tuve tres escoltas todo el día. Me sentía apelado por el tema del terrorismo", ha declarado en la segunda jornada del juicio, tras asegurar que un alto cargo del PP le solicitó ayuda para reincorporar a Cabieces al mundo laboral tras ser cesado en la Delegación del Gobierno. Es lo que ha definido como "algo habitual", "una ley no escrita" para proteger a quienes habían estado expuestos al terrorismo de la banda.

Fernández, Cabieces y Alkorta se enfrentan por ese contrato a un presunto delito de administración desleal con un delito de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía de Bizkaia sostiene que los tres actuaron "de común acuerdo" para "causar un quebranto económico a Kutxabank", y solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de ellos. A Fernández le defiende en la sala el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren. El expresidente del banco vasco, Alkorta y el propio Cabieces, se ha negado a responder a las preguntas de la acusación popular, que ejerce la abogada de la izquierda abertzale y habitual de los presos de ETA, Jone Gorizelaia, en representación de varios sindicatos.

Fernandez ha relatado que no le pareció mal la invitación que le trasladaron para buscar a Cabieces, -abogado laboralista de profesión-, una salida profesional, sobre todo "teniendo en cuenta que a una persona que también estuvo en la primera línea de la lucha contra ETA y al que encontraron acomodo en Chile le pegaron dos tiros cuando volvió a pasar unos días al País Vasco". El expresidente no ha dicho su nombre, pero eso le sucedió al subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa, Juan María Jauregi, asesinado por ETA en Tolosa en julio de 2000. El Ministerio de Interior le buscó en 1997 una salida laboral en Canarias, como directivo de la cadena de tiendas de aeropuertos Aldeasa. Meses después fue nombrado jefe de esta empresa para Latinoamérica y se instaló en Chile. Al volver unos días a la localidad guipuzcoana fue asesinado por ETA. "Era una política de Estado", sostiene el presidente de Kutxabank.

Además de Jáuregui, otros delegados del Gobierno encontraban acomodo en el sector público cuando cesaban en su actividad al frente de los cuerpos policiales. Sucedió con Enrique Villar (PP) y Paulino Luesma (PSOE) que fueron asignados a la embajada española en Lisboa, Portugal.

Cabieces, sin embargo, rechazó ese destino por enfermedad de su esposa, y aceptó empezar a trabajar en el despacho de Alkorta. El problema con el que se han encontrado los tres es que el nuevo presidente de Kutxabank, Goyo Villalabeitia, ordenó una auditoría interna en 2015 y puso en conocimiento del Banco de España, de la fiscalía y del Banco Central Europeo la existencia de ese contrato que el subdirector general de Recursos Humanos, Fernando López de Egilaz, estimó que incorporaba "sobrecostes no oficiales".

Mario Fernandez devolvió el dinero que había cobrado Cabieces con un talón de cerca de un cuarto de millón de euros en el momento en el que Villalabeitia le comunicó que había dudas sobre si el contrato había causado quebranto económico a la entidad, en enero de 2015. Kutxabank retiró la acusación, pero el caso ya estaba lanzado en los tribunales

López de Egilaz, el mismo que se refirió al contrato como un caso de "sobrecostes no oficiales" ha desmontado la auditoría interna y gran parte del caso, al asegurar que, pese a que todos los extremos del contrato se los dictó Mario Fernández "el contrato era normal". "Y por eso lo hice, si no lo hubiera denunciado", ha añadido. A preguntas de Carlos Bueren ha declarado que "el contrato con Cabieces no tiene nada de oscuro ni de opaco, ni es irregular, como tampoco el concepto por el que se ampliaba la iguala con Alkorta".

Luchas intestinas

En el entorno de la entidad se atribuye la denuncia a las luchas intestinas, desconfianzas y rencillas personales entre los máximos dirigentes del banco y de sus accionistas principales, las tres antiguas cajas vascas convertidas en fundaciones bancarias. Kutxabank, que abrió la caja de los truenos, ni siquiera se ha personado como acusación particular. Mario Fernández sostiene por activa y por pasiva "que se siente engañado por Villalabeitia".

José Ignacio Sánchez Asiaín, hijo del que fuera presidente del BBVA, era la mano derecha de Mario Fernandez y número dos del banco en aquellos años. Villalabeitia lo relevó. En su opinión la contratación de Cabieces a través de Alkorta era justificable porque llegó un momento en el que la compra de Caja Sur por parte de BBK antes de la fusión de las cajas, generó un incremento de trabajo. "Saque la conclusión de que el presidente tenía algún compromiso, pero teníamos una necesidad de más trabajo con Caja Sur, y vi que podíamos casar ambos asuntos" ha declarado.

La acusación popular pide tres años y medio de cárcel para el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta, y dos años y tres meses de prisión para el expresidente de la entidad financiera, Mario Fernández. La acusación popular indica que los hechos que se enjuiciarán son constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal, un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 250.1 y 5; 252 y 74 del Código Penal y un delito de falsedad documental de los artículos 27 y 28 del Código Penal.