El conflictivo final de las Misioneras de la Divina Providencia

Las Misioneras de la Divina Providencia están teniendo un final conflictivo. El Arzobispado de Valencia quiere extinguir la entidad religiosa, fundada en 1944, por su bajo número de miembros, además de denunciar "anomalías" en sus cuentas. La última hermana de la comunidad se resiste a la disolución, niega irregularidades y se ha buscado una abogada. Y numerosos vecinos de Algemesí y sobre todo de Bonrepós i Mirambell, los dos municipios donde las misioneras han tenido más actividad, han tomado partido por la entidad y acusan al arzobispado de querer quedarse con su patrimonio.

El Arzobispado de Valencia, al frente del cual se halla el cardenal Antonio Cañizares, busca extinguir la asociación desde hace casi un año, al considerar que el número de miembros ha caído por debajo del mínimo (tres) legalmente establecido para su continuidad. En julio de 2016, cuando todavía vivían dos hermanas, intervino la entidad y puso al frente a dos comisarios para administrar sus bienes, que incluyen nueve pisos en Algemesí, una escuela infantil en Bonrepós i Mirambell y cuentas bancarias con 165.000 euros.

En la entidad religiosa solo quedan la hermana Rosa y una novicia

Meses después, el arzobispado presentó un escrito en fiscalía advirtiendo que había detectado "anomalías" en la gestión contable de las misioneras, si bien la denuncia no se dirigió contra nadie en particular.

Rosa Choque, la última hermana de la asociación —una entidad de derecho canónico que no llega al rango de congregación, ni sus miembros son monjas, pese a que también hacen votos de pobreza, obediencia y castidad— rechaza la disolución y considera que existen alternativas de futuro.

Su abogada cita el artículo 120 del Código de Derecho Canónico: "Cuando queda un solo miembro de la persona jurídica colegiada y, según sus estatutos, la corporación no ha dejado de existir, compete a ese miembro el ejercicio de todos los derechos de la corporación".  A pesar de llevar tres décadas en la entidad, fundada en Algemesí por el sacerdote Bernardo Asensi Cubells, la hermana Rosa tiene 53 años.

Ante la imposibilidad de crecer en miembros —las Misioneras de la Divina Providencia solo tienen una novicia y el arzobispado ha transmitido que no dejará que haga los votos—, la abogada de la religiosa afirma que su clienta está "explorando soluciones y proyectos para salvaguardar la pervivencia y carisma de la institución, mediante fórmulas como la inserción en proyectos de intercongregacionalidad, fusión u otros".

El arzobispado interpreta, en cambio, que la extinción de las Misioneras de la Divina Providencia es automática al haber caído por debajo de tres miembros que exige la legislación canónica. "Y aún el sentido común indica que una asociación debe tener al menos más de un miembro para que mantenga el carácter de asociación", afirma una portavoz.

Acciones judiciales

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La letrada de la religiosa ha solicitado formalmente un encuentro con el cardenal Cañizares para encontrar una "solución del conflicto". La abogada agrega, sin embargo, que puesto que la religiosa no ha cometido "irregularidad alguna" se reserva "las acciones judiciales que le asisten en defensa de sus legítimos intereses civiles, canónicos y, especialmente, en el orden penal en defensa de su honorabilidad y de la impugnación de las medidas adoptadas por los comisarios".

Después de la intervención de la asociación, el arzobispado cambió las cerraduras de los nueve inmuebles de Algemesí, incluido el del piso donde vivía Rosa. Y la religiosa se fue a vivir a la escuela infantil que dirige en Bonrepós. El pueblo de 3.600 habitantes situado a pocos kilómetros al norte de Valencia, se ha puesto mayoritariamente de su lado en el conflicto, que adelantó el diario Levante-EMV. "Creo que lo que quieren es el patrimonio de la entidad. Y para ello no les ha dolido manchar el nombre de la hermana Rosa, denigrarla y presionarla", afirma a EL PAÍS Rubén Rodríguez, alcalde socialista de Bonrepós.

El arzobispado lo niega. Como prueba de ello, su portavoz destaca que el arzobispo "ha decretado que los inmuebles que por extinción de la asociación pudieran recaer en la diócesis se destinen a Cáritas". "El cardenal Cañizares", prosigue su portavoz, "conmina a que se dé una solución extrajudicial que suponga un esclarecimiento total y definitivo de los hechos sucedidos" en la entidad, en referencia a las supuestas irregularidades contables.

El primer contacto para evitar que el asunto acabe en los tribunales ya se ha producido. De entrada, ambas partes han acordado realizar una auditorías sobre las cuentas de las Misioneras de la Divina Providencia