El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos
El acuerdo incluye considerar a las madres de hijos asesinados como víctimas
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves las 213 medidas para poner en marcha el Pacto de Estado para atajar la violencia machista. La propuesta ha salido adelante con 278 votos a favor y 65 abstenciones de los diputados de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto.
Es el primer gran acuerdo de la legislatura y persigue que las mujeres y sus hijos estén protegidos en todo momento con medidas institucionales, educativas, judiciales o sanitarias, entre otras. Contempla actuaciones para prevenir la violencia machista desde el colegio e incorpora como víctimas a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o exparejas para hacerles daño.
Más de un millar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde enero de 2001. Son 1.006 fallecidas, según el recuento elaborado por EL PAÍS desde entonces. En lo que va de año, hay 37 mujeres y seis menores asesinados, y cuatro casos en investigación. La última mujer muerta, de Cartagena, solo tenía 20 años y había denunciado a su pareja por amenazas apenas una hora antes de que morir asesinada. En Sestao, este mismo jueves, se investiga si otra mujer hallada muerta ha caído a manos de su pareja.
Los pactos de Estado alcanzados en democracia en España se pueden contar apenas con los dedos de una mano. Desde los históricos pactos de La Moncloa, de 1977, al pacto de Toledo centrado en las pensiones (1995) a los cuatro grandes acuerdos antiterroristas rubricados entre 1987 y 2015 contra ETA y el yihadismo. De ahí el empeño que han mostrado distintos grupos políticos para intentar la unanimidad que finalmente no se ha conseguido.
Los acuerdos del pacto, que enun plazo máximo de dos meses debe ser trasladado ahora a comunidades autónomas, ayuntamientos y otras entidades, será vigilado por una comisión de seguimiento que aún se debe constituir. Algunos requieren reformas legislativas.
Incluir entre las víctimas de violencia machista a las madres de hijos asesinados supone que tengan acceso a la asistencia, ayuda y protección prevista en la legislación. En la tribuna, entre las asistentes al pleno, ha estado Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, a los que mató el padre, José Bretón. "Ya era hora", ha asegurado Ortiz en una entrevista en la SER horas antes del debate. La madre de los dos menores asesinados ha asegurado sentirse "contenta" por el acuerdo porque supone "un paso bastante importante" para la lucha contra la violencia de género.
"Por todas las Ruth de España vamos a luchar contra esta lacra", ha señalado la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, mirando a Ortiz desde su asiento. "El maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad", ha añadido.
El pleno ha votado las medidas recogidas en el informe elaborado a lo largo de los últimos seis meses por la subcomisión que se creó para impulsar el pacto y que ha escuchado a más de 60 expertos de distintos ámbitos. La previsión es incluir 1.000 millones de euros en los próximos cinco años, 200 millones anuales.
Enmienda a la totalidad
Unidos Podemos se ha abstenido tras presentar una enmienda "crítica" a la totalidad. “Este pacto no nos vale aunque las medidas que están ahí sean buenas. En primer lugar porque no sabemos cuándo se van a poner en marcha”, ha señalado Ángela Rodríguez (En Marea) “No sabemos para quién es el pacto. No vale ni para las mujeres pobres, transexuales ni con diversidad funcional”, según Rodríguez. “Han dejado fuera también a las violadas”. La diputada de Podemos Sofía Fernández Castañón ha añadido en la tribuna que su confederación no respalda la propuesta porque “es un pacto de mínimos, no es un pacto feminista y no soluciona el problema”. “Mientras estamos aquí haciendo discursos con florituras están discriminando, violando y asesinando a mujeres en este país”, ha añadido.
“Estos acuerdos atienden a la necesidad de comprometer más activamente al Estado en la lucha de la violencia que sufre las mujeres solo por el hecho de serlo”, ha resumido la diputada Ángeles Álvarez (PSOE), que reclamó en su intervención a Unidos Podemos que “actúen con responsabilidad”. “El mejor ejemplo que hoy daremos no estará en la ruptura de la unidad”, ha dicho. “Tampoco está todo el presupuesto y todas las medidas que hubiese querido el PSOE pero todo lo que está es útil al conjunto de las víctimas", ha señalado en referencia a los diputados abstencionistas. Su partido reclamará un crédito extraordinario de 200 millones de euros si la aprobación de los presupuestos se prorrogan aún más tras la paralización de las nuevas cuentas del Estado por la crisis catalana.
El caso Juana Rivas
Durante la tramitación en el Senado se incluyó una medida que pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género. Recuerda el caso vivido este verano por la granadina Juana Rivas, que se escondió con sus hijos durante un mes para no devolverlos al padre, condenado en 2009 por maltrato y que en la actualidad está con los menores en Italia. Uno de los votos particulares del PSOE alude a que los casos de sustracción de menores en los que hay malos tratos los lleven juzgados especializados, como reclama desde hace más de un año la defensa de Rivas. "Lo que ha ocurrido con Juana Rivas no hubiese pasado si la competencia penal para estos casos estuviera en los juzgados de Violencia", ha añadido Álvarez.
Entre las principales medidas
- Madres víctimas. Las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas serán consideradas víctimas de violencia machista y podrán acceder así a la asistencia, ayuda y protección establecida para ellas.
- Protección antes de denunciar. Se ampliará la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia penal, para que puedan acceder a los recursos de protección y atención integral.
- Prevención precoz sanitaria. Se desarrollarán protocolos de detección de víctimas de violencia machista en urgencias y atención primaria. Se pondrá en marcha una clave de seguimiento en las historias clínicas para identificar los casos.
- Protección de los huérfanos y de hijos de las víctimas. Las personas que ostenten la patria potestad de huérfanos por violencia de género tendrán beneficios fiscales (excepto el maltratador) y prioridad en el acceso a vivienda protegida. Los hijos recibirán atención psicológica y pedagógica. Tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas.
- Sin custodia compartida para padres maltratadores. También se suspenderá el régimen de visitas y estará prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus progenitores.
- Se suprimen atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión del crimen o la reparación del daño. Se perfeccionará la tipificación de los delitos en el ámbito digital.
- Derecho de dispensa, a revisión. El documento acuerda "evitar los espacios de impunidad" que se derivan de la legislación actual, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio.
- Se crean unidades de apoyo. Serán multidisciplinares y ofrecerán atención permanente para acompañar y proteger a las víctimas. Se hará un seguimiento individualizado de cada caso para garantizar la ayuda y evitar riesgos de agresiones.
- Dependencias separadas. El pacto prioriza la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados, con dependencias que impidan la confrontación víctima/agresor.
- Refuerzo de la seguridad. Se establecerán unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana y se incluirá a los hijos e hijas en las valoraciones de riesgo.
- Prevención en la escuela. Los centros educativos de todos los ciclos impulsarán medidas educativas contra el machismo y un protocolo para la detección precoz de la violencia. En los libros de Historia se incluirá el Movimiento Feminista. No se exigirán requisitos académicos para la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio cuando se acredite una situación de violencia machista.
- Vigilancia de los medios. Se impulsará, de acuerdo con los medios y profesionales audiovisuales, una imagen de la mujer libre de estereotipos y se desarrollará un Código de Publicidad no sexista. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres denunciará contenidos denigrantes y discriminatorios en los medios de comunicación.
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