Una grosera destrucción de pruebas queda impune

El Partido Popular decidió en mayo de 2013 destruir el disco duro del ordenador del que había sido su tesorero, Luis Bárcenas. Lo hizo cuatro meses después de que EL PAÍS publicara los papeles de la contabilidad paralela que durante al menos 20 años usó la formación conservadora para distintos pagos en b por casi ocho millones de euros. El PP destruyó a conciencia el disco duro cuando la investigación judicial acumulaba ya numerosas pruebas sobre la financiación ilegal a través de las donaciones no declaradas de constructores y contratistas de la administración pública. Este miércoles, el PP ha sido absuelto tras borrar esa información.

El juez instructor Pablo Ruz reclamó en julio de 2013 los ordenadores de Bárcenas, dado que el extesorero había contado que allí guardaba parte de la información que demostraba la existencia de una caja b. Pero le remitieron dos ordenadores sin memoria. Ante la sospecha de que se trataba de una grosera destrucción de pruebas, el magistrado decidió remitir el caso a un juzgado de Plaza Castilla, por entender que era el competente para investigar lo ocurrido.

El PP se defendió entonces con un argumento administrativo. El protocolo habitual de cualquier empresa cuando se despide a un trabajador es que su ordenador pase a otra persona previo borrado del disco duro. Pero aquella maniobra, en plena investigación del caso Bárcenas, tenía el aroma de un intento desesperado de eliminar cualquier prueba que pudiera agravar las sospechas sobre la financiación ilegal del PP durante casi 20 años.

Aquel incidente de los ordenadores de Bárcenas se produjo tres meses después de que el extesorero fuera despedido “en diferido”. Durante los cuatro años anteriores, pese a su imputación en el caso Gürtel, Bárcenas gozó del mejor sueldo de todo el partido —200.000 euros al año—, secretaria, despacho y chófer. El PP le protegía tanto que incluso fue expulsado como acusación popular en el caso porque el juez Ruz entendió que su participación, en función de los escritos que presentaba, solo tenía por objeto defender a uno de los principales acusados, Luis Bárcenas.

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Cuando EL PAÍS publicó la caja b que Bárcenas anotó en unos cuadernos durante casi 20 años, el PP despidió al extesorero, le impidió el acceso a la sede y clausuró el despacho en el que trabajaba sin dejarle retirar los ordenadores que había utilizado.

Bárcenas contó al juez que en el ordenador cuyo disco duro fue destruido, un MacBook de Apple, almacenaba información sobre sus viajes, pantallazos de correos electrónicos, comunicaciones con su secretaria, documentos sobre Libertad Digital —empresa de comunicación a la que el PP inyectó casi 500.000 euros de su caja b—, una agenda con las reuniones mantenidas con donantes del partido; diversos documentos escaneados que acreditarían pagos de la caja b; algunos detalles de campañas electorales, operaciones personales de venta de obras de arte, además de información sobre sus cuentas en Suiza. Cuando fue despedido, Bárcenas reclamó sus pertenencias. El PP le devolvió 27 cajas con documentación y un trineo, pero se quedó con los dos ordenadores

Nada de lo que contó Bárcenas al juez sobre la información que almacenaba allí se pudo probar porque cuando Ruz pidió los ordenadores: en ellos solo había vacío. La verdad puede irse al infierno por falta de pruebas. El magistrado llegó dos meses tarde. Pese a ello, la investigación del caso Bárcenas, todavía viva, ha reunido a lo largo de seis años numerosos indicios de los pagos en b que hizo el PP entre 1990 y 2009.