El Gobierno valenciano disuadirá con vídeos, fotos y ecografías a las mujeres que se planteen abortar

El Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps, del PP, aprovechará el mecanismo de asesoramiento que prevé la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo para someter a las mujeres que se planteen abortar a un proceso de disuasión mediante vídeos, fotografías y hasta ecografías en tres dimensiones. Así lo ha anunciado este mediodía la portavoz de la Generalitat Valenciana, Paula Sánchez de León, que ha justificado la medida con el argumento de que, además del mero asesoramiento médico, hay que aportar información "sobre la trascendencia ética de la decisión de abortar". Preguntada acerca de la pretensión disuasoria de la iniciativa, ha respondido: "El Consell trabajará en la medida en la que la ley lo permita para que las personas puedan proteger el derecho a la vida".

Sánchez de León, que ha lamentado que el Tribunal Constitucional, al aceptar a trámite el recurso del PP contra la ley, no la haya paralizado cautelarmente, ha anunciado también que el Gobierno valenciano creará un "comité de expertos" que analizará las posibilidades de la normativa para que en la Comunidad Valenciana pueda ampliarse el derecho a la objeción de conciencia frente al aborto a "empleados públicos no sanitarios". También creará un servicio específico, "no sólo para aplicar el programa Más Vida (vinculado a organizaciones antiabortistas), sino para contrarrestar o crear alternativas a la ley del aborto".

El pasado lunes entró en vigor la nueva ley del aborto. Ese mismo día, varias comunidades autónomas gobernadas por el PP anunciaron su boicot a la norma. Al día siguiente, la dirección del PP llamó al orden a sus barones. "La ley del aborto ha entrado en vigor y hay que aplicarla", aseguró la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. El más beligerante de los líderes autonómicos fue el de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que señaló que la ley no se aplicaría en su comunidad hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso del PP. Tras multitud de llamadas de atención, Murcia ha decidido comenzar a aplicar la norma. La región donde se da la mayor tasa de interrupciones voluntarias del embarazo de España (16,6% por cada 1.000 mujeres frente al 15,8% de Madrid) ya no derivará a otras comunidades a sus mujeres para abortar, como era su intención.