17 horas en blanco

“Sabes que la policía recibe la denuncia. ¿Pero qué pasa con ella? ¿Ya va a aparecer? No”. El reproche que lanza Ángel G., madrileño de 43 años, retumba en una residencia de ancianos de un municipio del sur de Madrid. Su padre, Santos, de 70, le mira con extrañeza en la habitación. Este septuagenario, que padece una enfermedad neurodegenerativa, desapareció en Madrid el 27 de octubre de 2017 a las doce del mediodía. Apareció de madrugada, desorientado, sentado en un banco. No tenía ningún rasguño; solo le faltaba la chaqueta. Fueron 17 horas en blanco para Santos, porque es incapaz de recordar qué hizo; su familia movilizó a más de 30 personas en su búsqueda, porque la Administración no funcionó con la coordinación que esperaba. Ahora reclama ayuda para prevenir estos casos. 

La angustia que vivió la familia de Santos, que fue jefe de almacén en una empresa de saneamientos, la conocen bien los allegados de los 6.053 desaparecidos que buscan las autoridades en España, de los que 245 son casos de alto riesgo. Es decir, todos los menores y los adultos que no llegan a su destino, que desaparecen sin efectos personales o que pueden haber sido secuestrados. De los más de 6.000, el 28,24% son mayores de 65 años, según el Centro Nacional de Desaparecidos. La Fundación QSD Global, una de las más activas en poner rostro a este drama, asegura que en 2018 activaron 127 alertas por desapariciones en esa franja de edad. De ellas, 87 eran de enfermos con patologías neurodegenerativas. La Confederación Española de Alzhéimer (CEAFA) establece la prevalencia de esta enfermedad en el 7% de las personas mayores de 65 años.

En España hay oficialmente 6.053 desaparecidos, de ellos, 245 son casos de alto riesgo

Estos trastornos se encuentran muy relacionados con las desapariciones. Fue lo que llevó a Santos, que padece un deterioro cognitivo, a separarse de los cuidadores del centro de día que se ocupaban de él en una excursión. Comenzó a deambular por Madrid sin rumbo hasta que alguien hizo la llamada que tanto esperaban sus familiares. “Nos ayudó una persona a la que mi padre pidió ayuda. Ese señor anónimo es quien se puso en contacto con la policía e hizo posible que volviéramos a verle. No pude darle las gracias”, comenta Ángel. Su hermano Raúl añade: “No sabemos nada de esas 17 horas. Solo que llegó a la calle de Ferraz desde la calle de Ríos Rosas [un trayecto de 3,1 kilómetros]”. 

La Administración se esfuerza en responder con eficacia en estos casos, pero aún le queda mucho por hacer, según reconoce el policía local José Ángel Sánchez, coordinador de la delegación madrileña de la Unidad de Búsqueda en Grandes Áreas de Personas Desaparecidas de la Asociación Internacional de Policía y director de la oficina de desaparecidos de El Espinar (Segovia). “Todas los cuerpos tendrían que trabajar con la misma información”, comenta. Este agente asegura que la Policía Municipal no tiene acceso a los datos que manejan la Policía Nacional y la Guardia Civil cuando se produce una desaparición. Algo que, se queja, “no tiene sentido, porque es el cuerpo que mejor conoce las ciudades”.

La oficina de El Espinar fue pionera hace 15 años en la aplicación de un protocolo de prevención y búsqueda. “Los vecinos pueden venir a la comisaría a darnos los datos de los familiares que tienen un riesgo alto de desaparición por estos trastornos y nosotros hacemos un seguimiento de su día a día. Les conocemos a todos; lo que hacen, cuándo lo hacen y por qué lo hacen”, comenta por teléfono Sánchez. Porque, añade, “es la mejor forma de prevenir”. Raúl, el hijo del exjefe de almacén, también pide ayuda previa. “¿Por qué no se les colocan pulseras de geolocalización?”, se pregunta. Sánchez sostiene que el sistema de El Espinar es único en España y que la Dirección General de Protección Civil está comenzando a exportarlo al resto de Castilla y León y Castilla-La Mancha. 

El Centro Nacional de Desaparecidos inició su andadura en 2017, después de que una comisión en el Senado apuntara la necesidad de crear un órgano capaz de avanzar y ayudar a que se conozca el problema. Se encarga de coordinar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las Administraciones públicas y privadas. También debe evaluar si se cumplen o no los protocolos de búsqueda. Pero estos no funcionaron como la familia de Santos esperaba. Ángel relata que los patrulleros fueron ellos. "Me crucé con la policía y me dijeron: ‘Déjame que le haga una foto al cartel y se lo paso a los compañeros’. Eso denota que no está funcionando lo que la Administración cuenta que hace. ¿De qué me sirvieron los coches [de policía] que pasean por toda la ciudad? Están a mil cosas y prestan más atención a los delitos que a los desaparecidos”, lamenta. 

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La dificultad de investigar una desaparición

Fuentes de la Policía Nacional sostienen que es la Sala del 091, la unidad que atiende llamadas ciudadanas, la que alerta de la desparición y remite los datos a las patrullas. "Si Ángel se encontró con agentes que no conocían la alerta, se pudo deber a que esta solo se envía a las unidades que se encuentran cerca de la zona donde desapareció, o a que esa unidad en concreto no estuviera pendiente de la Sala", comentan esas fuentes, que añaden que el cuerpo dispone de una base de datos que se actualiza y comparte con toda la información de la persona desaparecida.

La familia actuó en cuanto les avisaron de su desaparición. En primer lugar, la denunció ante la Policía Nacional, como recomienda el vicepresidente de la Fundación QSD Global, el periodista Francisco Lobatón. Lo hizo Raúl, mientras su hermano Ángel tejía una red de ayuda inmensa a través de WhatsApp en menos de tres horas. “Empezamos a mover gente, gente…Diez primos, cinco tíos y todos los amigos que luego movilizaron ellos. Todos estuvieron trabajando con nosotros”, cuenta emocionado Ángel, quien, además, agradece a taxistas, vigilantes de aparcamiento, autobuseros y a la asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Alcobendas y San Sebastian de los Reyes la ayuda que les prestaron. 

La ley de Protección de Datos, una barrera para las familias

El peso de la búsqueda recayó en la familia, que acudió de hospital en hospital preguntando si Santos había ingresado en urgencias. Pero Ángel se topó con la Ley de Protección de Datos, que le vetó la información, a pesar de acudir con la denuncia. También cuando acudió al Consorcio Regional de Transportes de Madrid para consultar los movimientos de la tarjeta de transporte público de su padre, por si había viajado en tren o metro. “A mí no me importa denunciar, pero que sirva para algo, que sea efectivo, que me permita conseguir información”, comenta Ángel. 

La Agencia Española de Protección de Datos asegura que la ley blinda la información sensible de las personas y que, además de la Policía, solo contempla el acceso a esta por parte de terceros en caso de que el desaparecido se encuentre incapacitado o sea menor de edad. Algo que no entiende el magistrado Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, quien considera que en caso de que se haya interpuesto una denuncia, la información debería ser facilitada a los familiares.

La propia Fundación QSD Global planteó en noviembre de 2018 a los cuatro partidos mayoritarios en el Congreso una reforma de la Ley de Protección de Datos que permita a la Policía acceder a la base de datos de hospitales y otros organismos para poder cruzarla con la información de la que disponen ellos. “Hay que aunar el derecho a saber siempre y cuando esté en peligro la vida de la persona”, comenta la presidenta de la fundación, Anabel Carrillo. Porque, en ocasiones, estas desapariciones acaban de la peor forma posible. “Muchos mueren porque sufren accidentes, cuantas más horas sin rastro, mayor es el peligro”, comenta el policía de El Espinar.

En la residencia, llega la hora del paseo para Santos y sus hijos salen a la calle con él de la mano. Les cuesta soltarle. Saben que tuvieron suerte, porque encontraron a su padre con vida. No quieren más horas en blanco para nadie.