Un acuerdo internacional para proteger las islas Galápagos

Recientemente, una enorme flota pesquera industrial de más de 330 embarcaciones ha estado operando en aguas internacionales cerca de la mundialmente famosa Reserva Marina de las Islas Galápagos de Ecuador, lo que generó preocupación internacional sobre el impacto en la extraordinaria vida marina de la reserva y la economía local, que depende de la pesca y el turismo.

En julio se descubrió una “miniciudad” de embarcaciones pesqueras, así como embarcaciones de transporte, almacenamiento y de suministro, a lo largo de la frontera de la zona económica exclusiva de Ecuador. El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, ha convocado consultas con otros países latinoamericanos, incluidos Colombia, Perú, Chile, Panamá y Costa Rica, con el fin de desarrollar una estrategia regional conjunta en respuesta a la amenaza.

¿Cómo podría el nuevo tratado global de alta mar ayudar a los países a protegerse contra este problema creciente? Ecuador tiene pocas opciones bajo el derecho internacional actual para abordar la enorme operación industrial acumulada justo afuera de sus aguas jurisdiccionales. Esto se debe a que el régimen legal que rige las actividades humanas en aguas internacionales consiste en un mosaico inconsistente, anticuado e ineficaz de acuerdos y arreglos que no se encuentran a la altura de abordar eficazmente los desafíos modernos que plantean las flotas pesqueras industriales itinerantes, las enormes islas de desechos plásticos, el aumento del tráfico marítimo, la minería de los fondos marinos, la contaminación acústica y química y, por supuesto, el calentamiento, la desoxigenación y la acidificación de los océanos relacionados con el cambio climático.

Un nuevo tratado para modernizar y fortalecer la conservación y la gestión de las actividades humanas en las aguas internacionales del alta mar, que constituyen casi dos tercios del océano global y cubren casi la mitad de la superficie de nuestro planeta, se encuentra actualmente en negociaciones en las Naciones Unidas. Este nuevo tratado, adecuadamente elaborado, podría contribuir en gran medida a mejorar la salud y la resiliencia del océano, y podría brindar a países como el megadiverso Ecuador, mejores herramientas para protegerse de las actividades que tienen lugar fuera de sus zonas marítimas y que podrían impactar y afectar significativamente la salud, la seguridad y la resiliencia de sus aguas jurisdiccionales y las personas cuyo sustento depende de ellas.

Específicamente, el tratado podría establecer requisitos básicos uniformes para evaluar y gestionar los impactos dañinos de las actividades humanas en aguas internacionales, crear áreas marinas protegidas que complementen los esfuerzos de conservación de los países vecinos, y crear capacidad para empoderar a los países en desarrollo para proteger mejor y utilizar de manera sostenible el alta mar.

En la situación de Ecuador, el nuevo tratado podría requerir que un país patrocinador de una actividad evalúe los efectos probables de una operación de pesca masiva en el océano, su vida silvestre y pesquerías tanto en las aguas de Ecuador como en los mares internacionales adyacentes. Podría requerir que dicha operación se gestione para evitar efectos adversos importantes en los espacios marinos de Ecuador o en el océano en general, o inclusive, que no se le permita continuar. Finalmente, podría establecer un mecanismo que le permita a Ecuador, u otros países potencialmente afectados como Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Chile, solicitar una revisión internacional de la operación.

El alta mar se enfrenta a presiones crecientes relacionadas con el cambio climático, la expansión de las flotas pesqueras industriales para satisfacer la creciente demanda de pescado, la perspectiva inminente de la minería a gran escala en el fondo del océano en busca de minerales de tierras raras, junto con la contaminación sónica, petróleo, contaminación química y plástica. Todas estas actividades tienen el potencial de causar efectos adversos significativos en los intereses de los países y comunidades afectados, así como del océano en su conjunto.

A medida que aumenta la presión, el nuevo tratado de alta mar podría brindar a los países nuevas importantes herramientas para garantizar que sus intereses estén protegidos contra actividades potencialmente dañinas fuera de sus fronteras en aguas internacionales. Trabajando juntos, los países de América Latina podrían liderar el camino para garantizar que el nuevo tratado proporcione requisitos sólidos para la notificación, evaluación y gestión de las actividades humanas para proteger los intereses de todos.

Firman este artículo Maximiliano Bello (Mission Blue), Sandra Bessudo (Fundación Malpelo), Mauricio Hoyos (Pelagios Kakunja), Milko Schvartzman (Círculo de Políticas Ambientales), Gustavo Redin (CEDENMA), Bruno Monteferri (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental), Manuel Morales (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente), Rosario Álvarez (Migramar), Jorge Vázquez (Fundación Franz Weber), Virginia Portilla (Fundación Franz Weber) y José María Musmeci (Fundación Patagonia Natural).