Temor a una persecución racial a gran escala por el registro de migrantes anunciado por Trump
Los expertos y defensores de migrantes interpretan la medida como un elemento más en la creación de un clima hostil con el fin último de la deportación masiva, pero dudan de su efectividad operativa


Algunos lo han llegado a comparar con coser una estrella en la solapa de un abrigo en la Alemania nazi. Otros prefieren ser más cautelosos y no expresan sus temores con palabras tan cargadas. Pero el temor existe. El registro de migrantes indocumentados anunciado por la Administración de Donald Trump ha generado miedo, o más bien, se ha sumado al miedo ya existente, y pinta un escenario en el cual una persecución racial desatada a gran escala en Estados Unidos se vuelve más plausible.
“Los inmigrantes sin papeles ya son expulsables dada su presencia sin autorización en el país. Así que esto parece ser menos sobre crear nuevas condiciones para justificar expulsiones y más sobre darle al Gobierno una herramienta adicional para identificar individuos y generar otra capa de mensajes que dejan claro que la Administración Trump usará toda autoridad a su disposición para llevar a cabo su misión de deportación. Por lo tanto, insta a las personas a ‘autodeportarse’”, analiza Michelle Mittelstadt, portavoz del Migration Policy Institute.
La medida anunciada hace una semana obligará, cuando entre en vigor, aunque no hay un plazo claro para ello, a los migrantes indocumentados mayores de 14 años que lleven más de 30 días en el país a facilitar su información personal, sus huellas dactilares y lugar de residencia. Los padres o responsables legales de menores también deberán registrarse. De acuerdo al documento explicativo publicado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), infringir la norma podrá llevar a penas civiles o penales, así como a multas de hasta 5.000 dólares. Los inmigrantes que hayan aplicado a asilo o hayan pedido un permiso de trabajo no deberán registrarse, pues las autoridades ya tienen sus datos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que está detrás de la medida, está en realidad dando cumplimiento a uno de los tantos decretos firmados por el presidente Trump en su primer día en el Despacho Oval. “La Administración de Trump hará cumplir todas nuestras leyes de inmigración; no elegiremos qué leyes aplicaremos”, dijo un portavoz del DHS el martes a la agencia Reuters. “Debemos saber quién está en nuestro país para la seguridad de nuestra patria y de todos los estadounidenses”, agregó, manteniendo el mensaje de que los inmigrantes son una amenaza existencial para Estados Unidos.
Por lo tanto, Elizabeth Taufa, abogada y estratega del Immigrant Legal Resource Center, una organización que da apoyo legal a migrantes, asegura que el anuncio no ha llegado como una sorpresa en los círculos de expertos y defensa de los derechos de migrantes, pero que la incertidumbre viene ahora, con cómo se implementará y si tendrá alguna eficacia operativa. “Es muy amplio, y eso es precisamente una de las cosas realmente maliciosas dentro de la medida: que solo se anuncia a cuentagotas. No hay mucha información, solo quienes van a estar sujetos a la medida y que van a ser penalizados. No existe el sistema de registro aún ni siquiera... Por ahora nuestro consejo es que la gente tenga paciencia y espere a cuando haya más información”.
Una de las cuestiones que más dudas genera es que el registro requiere que las personas acudan por su propia voluntad, algo improbable si el resultado probable es la deportación, cargos civiles o penales, o una multa. “No parece haber ninguna ventaja para alguien que da un paso adelante y se registra. Si dan su información, la consecuencia es que empezarán los procedimientos de deportación. Y si no se presenta, le pueden cargar con un delito menor y asignar una multa”, dice Taufa.
Entre los expertos, el conjunto de medidas y la campaña de comunicación cuidadosamente elaborada por la Administración Trump desde que llegó al poder presenta un gran paralelismo con las acciones llevadas a cabo tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando amplios sectores del Gobierno federal se pusieron al servicio de la misión de seguridad nacional. Precisamente, esta es la última vez que se implementó la ley que requiere el registro de la población extranjera. “La diferencia fundamental es que las acciones posteriores al 11-S fueron una respuesta a un ataque real en suelo estadounidense, mientras que la retórica actual sobre la ‘invasión’ y la llegada de hombres extranjeros ‘en edad militar’ con la intención de construir un ‘ejército’ no se corresponde con la realidad”, ahonda el Migration Policy Institute en un comunicado publicado en respuesta a la agenda migratoria de Trump.
La directora ejecutiva de la red de organizaciones latinoamericanas al servicio de inmigrantes Alianza Americas, Dulce Guzmán, ha condenado enérgicamente el registro de migrantes, resumiendo la sensación que ha desatado entre la comunidad migrante: “Esta política no es solo una medida administrativa, es una peligrosa herramienta de vigilancia y criminalización que recuerda algunos de los capítulos más dañinos de la historia, incluyendo las tácticas utilizadas por Adolf Hitler para registrar, rastrear y, en última instancia, perseguir poblaciones enteras. Todos debemos luchar contra esta persecución”.
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