Trump prevé invocar una ley de 1798 para redoblar el envío de inmigrantes a Guantánamo tras el aluvión de demandas

La ley estadounidense de Enemigos Extranjeros de 1798 no solo es vetusta, es una de las más infaustas en la historia del país. Solo se ha aplicado tres veces, siempre en tiempos de guerra, y en la Segunda Guerra Mundial sirvió para enviar a los estadounidenses de origen japonés a campos de prisioneros. Ahora el presidente Donald Trump pretende invocarla en su plan de deportaciones masivas de inmigrantes ilegales para multiplicar sus expulsiones, incluido a Guantánamo, en Cuba.

Trump podría invocar la norma este mismo viernes para ordenar la detención y la deportación de los sospechosos de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua, a la que su Administración ha incluido en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, según se ha filtrado a medios estadounidenses. La ley de Enemigos Extranjeros concede a los presidentes estadounidenses poderes extraordinarios para ordenar la detención y deportación de extranjeros mayores de 14 años que procedan de una nación que quiera perpetrar una “invasión o incursión predatoria” de Estados Unidos.

La posibilidad se da a conocer cuando la Administración estadounidense parecía haber pausado, o incluso descartado definitivamente, su plan de enviar inmigrantes irregulares a la base naval de Guantánamo. Un plan que desde su inicio, en enero pasado, ha costado 16 millones de dólares y ha transportado a 290 personas, aunque aparentemente en vano: esta semana se han devuelto a suelo estadounidense los 40 inmigrantes irregulares que aún permanecían en esas instalaciones, según ha confirmado el Pentágono.

Los retornos a territorio de Estados Unidos, por lo menos de momento, se han llevado a cabo de manera tan discreta como explosivo fue el modo en que anunció sus planes el presidente, en una rueda de prensa en el Despacho Oval casi inmediatamente después de su investidura en enero, y mediante una orden ejecutiva. Entonces, Trump anunciaba una previsión de alojar hasta 30.000 inmigrantes irregulares en Guantánamo, donde Estados Unidos mantiene también una prisión para sospechosos de terrorismo islamista y se perpetraron algunos de los peores abusos estadounidenses de los derechos humanos en lo que va de siglo. La idea formaba parte de su proyecto de las mayores deportaciones de la historia del país.

Los 40 inmigrantes que se encontraban en la base naval han sido transportados a Luisiana, donde han quedado retenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE) en la ciudad de Alexandria. Hace dos semanas el Departamento de Seguridad Nacional había trasladado a otras 48 personas desde Guantánamo a las mismas instalaciones del ICE. Además, el 20 de febrero Estados Unidos había deportado a un grupo de 177 venezolanos a su país de origen después de enviarlos a Guantánamo.

A diferencia de los traslados hacia la base, cuando el Gobierno estadounidense utilizó 17 costosos vuelos militares y difundió imágenes de ellos por redes sociales, los viajes de regreso se han organizado en los vuelos charter del ICE, mucho más económicos.

En total, la Administración republicana trasladó a 290 inmigrantes irregulares de 27 países a la base naval desde la orden de Trump. De los 40 que quedaban allí antes del vuelo de esta semana, 23 estaban considerados de “alto riesgo” y habían quedado retenidos en la prisión de la base, mientras que los 17 restantes se encontraban en el Centro de Operaciones para Migrantes. Antes de la orden de Trump en enero, ese centro se utilizaba para alojar a los migrantes interceptados en el mar mientras se tramitaba su entrega a sus naciones de origen o terceros países.

No está claro el motivo por el que se hayan trasladado de regreso a territorio estadounidense. La iniciativa había generado un aluvión de protestas y demandas de las organizaciones defensoras de los derechos civiles y de los inmigrantes, y denuncias de malos tratos por parte de los enviados allí. Precisamente, un juez federal en Washington tenía previsto celebrar una audiencia este viernes para examinar dos demandas contra el plan de traslados a la base.

Una de las demandas, presentada el 12 de febrero, se centra en la falta de acceso a asesoría legal de los detenidos. La segunda, planteada el 1 de este mes, intenta impedir que 10 migrantes irregulares detenidos en suelo estadounidense puedan ser enviados a la base naval.

El Gobierno estadounidense alega que Guantánamo, y la prisión dentro de ella, es un lugar excelente para retener a inmigrantes irregulares considerados peligrosos, como los venezolanos de los que asegura que son miembros de la pandilla Tren de Aragua. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, que visitó Guantánamo en febrero, ha asegurado que la prisión, apodada Campamento 6, alojaría a “lo peor de lo peor” de los criminales entre los inmigrantes detenidos. Una delegación de congresistas republicanos y demócratas también viajó a la base naval la semana pasada.

Pero hasta el momento el Gobierno estadounidense no ha demostrado que las personas que ha enviado a Guantánamo tengan conexión alguna con la banda designada como una organización terrorista extranjera. La mayor parte de aquellos de los que se conoce su identidad no cuentan con ningún tipo de antecedentes delictivos.

Los abogados de las organizaciones denunciantes alegan que las leyes estadounidenses no permiten que Estados Unidos traslade a detenidos a países con los que no tienen relación, ni mantener detenido a nadie fuera de suelo estadounidense. A estos argumentos, la Administración replica que la Ley de Inmigración autoriza que el Gobierno pueda retener a inmigrantes irregulares en instalaciones bajo su control, y la base es una de ellas.

Inmediatamente después de que Trump emitiera su orden, el Pentágono trasladó a la base a centenares de soldados adicionales —cerca de 6.000 personas residen en ella— para acondicionarla para recibir a los miles de migrantes que se esperaban y que no han llegado. Esos soldados levantaron 195 tiendas de campaña con capacidad para 500 personas, pero las autoridades estadounidenses han reconocido que el campamento no reúne las condiciones para acoger a nadie: en una zona de intenso calor tropical no cuentan con aire acondicionado para hacer las temperaturas soportables, por ejemplo.

“Estaba claro que esta idea era totalmente para crear una impresión, y porque Donald Trump quería poder decir que estaba mandando a inmigrantes a la bahía de Guantánamo, con toda su historia de abusos de los derechos humanos” en una decisión “sin ningún valor operativo real”, declaraba este miércoles la congresista demócrata Sara Jacobs a la cadena ABC News. Jacobs había sido una de las integrantes de la delegación de legisladores que viajó a la base la semana pasada. Funcionarios estadounidenses han declarado a esa cadena que al menos parte de los soldados adicionales desplegados puedan ser asignados a otros lugares para las operaciones de control de la frontera sur estadounidense.