Una embestida federal y estatal amenaza el derecho a la educación de los migrantes

Un juez se ha negado a prohibir las redadas de los agentes de inmigración en las escuelas. El Estado de Tennessee ha dado el primer paso para prohibir el acceso de niños sin papeles a las escuelas. Florida ha aumentado las tasas universitarias según el estatus migratorio del estudiante. El Gobierno ha anunciado la investigación a 50 universidades por supuestamente promover la inclusión y diversidad en sus campus. Ha desaparecido la agencia supervisora de la enseñanza del idioma inglés como parte del desmantelamiento del Departamento de Educación. Inconexas entre sí, pero relacionadas, varias iniciativas estatales y federales están convergiendo en un objetivo: privar a los estudiantes migrantes de su derecho a la educación.

El martes pasado el comité de la Cámara de Representantes de Tennessee dio luz verde al proyecto de ley del líder de la mayoría republicana, William Lamberth, que permitirá a las escuelas públicas K-12 y chárter “inscribir o negarse a inscribir a un estudiante que se encuentre ilegalmente presente en los Estados Unidos”. Fuera de la sala de reunión, manifestantes indignados protestaban al grito de “¡Qué vergüenza!” y “¡Ciérrenlo!”

“Es una falsa esperanza darles a los niños la mejor educación disponible en el mundo y luego decirles que pueden ser profesionales con licencia, médicos con licencia, abogados, contadores, o incluso postularse a un cargo público, porque eso no es cierto”, dijo Lamberth, según recogió el medio Tennessee Lookout. “Si residen ilegalmente en el país, sus sueños tienen un límite”, añadió.

Su propuesta va incluso más allá de la que discute el Senado y que ya había despertado la indignación de la comunidad inmigrante. Patrocinada por el senador republicano Bo Watson, el proyecto de ley exige a las escuelas públicas verificar el estatus migratorio de los estudiantes y cobrar la matrícula a los niños que no pudieran demostrar su residencia legal en Estados Unidos.

Ambas iniciativas defienden la idea de que los migrantes indocumentados son una carga para los contribuyentes, a pesar de que pagan los mismos impuestos sobre la gasolina, los alimentos y las compras minoristas que ayudan a financiar las escuelas públicas.

“No es legal. Si Tennessee lo aprueba, estaría violando la ley federal. Pero esto, obviamente, hará que los padres teman enviar a sus hijos a la escuela. Y estoy segura de que tendrá un efecto dominó y, de nuevo, provocará caídas significativas en la asistencia estudiantil”, afirma Loredana Valtierra, socia de The Century Foundation, un think tank que promueve la igualdad en la educación.

Estos proyectos deben pasar aún varios trámites legislativos para ser aprobados, pero de hacerse realidad es muy probable que enfrentaran demandas legales por parte de organizaciones de derechos civiles, ya que contradice el fallo de la Corte Suprema en el caso Plyler contra Doe, que en 1982 reconoció el derecho a la educación de todos los niños si importar su estatus legal.

Aunque no se prohíba por las autoridades, el miedo a las detenciones como parte de la campaña de deportaciones masivas de Donald Trump, ya ha hecho estragos en la asistencia a las escuelas. Consideradas por años “lugares sensibles”, como los hospitales y las iglesias, el republicano enterró esa protección y los agentes de ICE (Agencia de Inmigración y Control Aduanero) ya pueden acceder a estos edificios en busca de migrantes que deportar.

Temor a las redadas

Los niños sufren ansiedad de ir a la escuela y los padres tienen miedo de enviarles y que, si los detienen, no los vean más. El zar de la frontera, Tom Homan, encargado de ICE, ha defendido en varias ocasiones que las detenciones se lleven en las escuelas si es necesario. Esta semana se ha dado a conocer el caso de un niño de la escuela de primaria Konawaena, en Kona, Hawai, que fue detenido mientras asistía a clase. Autoridades del condado explicaron que se hizo para reunirlo con su padre, también detenido. Ambos tenían orden de deportación.

“La crueldad y el caos son el punto clave, y quieren que la gente tenga miedo de ir a la escuela y aprender, porque no quieren que los extranjeros en este país tengan acceso a la educación. Ese es el objetivo final. Por eso la gente está tan preocupada por la presencia de agentes de policía en las escuelas, por los niños que son abandonados por sus padres y por tener que presenciar su arresto. Esto atenta contra el derecho a la educación”, critica Naureen Shah, directora de Asuntos Gubernamentales de ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles).

El último revés para impedir que los temidos agentes de ICE invadan las aulas en busca de estudiantes sin papeles que deportar ha llegado de un juez federal de Denver, que rechazó una demanda presentada por las Escuelas Públicas de Denver para mantener la aplicación de las leyes de inmigración fuera de los campus escolares. Los abogados de la demanda argumentaron que el miedo de las familias a las detenciones desde que se levantó el veto de los lugares sensibles está provocado un aumento del absentismo de los estudiantes.

El juez federal de distrito Daniel Domenico, designado por Trump y exsecretario de Justicia de Colorado, afirmó que no estaba claro en qué medida el temor se debía realmente a las nuevas normas, en lugar de a la preocupación más amplia por el aumento de las medidas migratorias. Asimismo, señaló que las escuelas públicas de Denver aún no habían sufrido redadas.

Oklahoma

Oklahoma es otro de los Estados donde se ha intentado vetar la educación a los estudiantes sin papeles. El gobernador del Estado, el republicano Kevin Stitt, frenó un plan impulsado por el superintendente estatal, Ryan Walters, y aprobado la Junta Estatal de Educación para exigir el estatus migratorio de los niños al registrarse en la escuela pública. Stitt, que se declaró en contra de la inmigración ilegal, señaló que los responsables de políticas deberían centrarse en atacar a aquellos que están en el país ilegalmente y que cometen otros delitos.

Florida

Los esfuerzos por impedir el acceso de los migrantes a la educación han sido notables en el Estado de Florida. El gobernador, Ron DeSantis, entusiasta de la campaña antiinmigración de Trump, ha intentado en varias ocasiones prohibir el acceso de los estudiantes indocumentados a las tasas estatales de las universidades de Florida. En febrero pasado lo consiguió y derogó la ley de 2014 que permitía a los estudiantes sin estatus legal pagar la matrícula estatal, mucho más barata que la que pagan residentes de fuera del Estado. A pesar de que la medida ha sido criticada tanto por demócratas como por republicanos, desde el 1 de julio los estudiantes que carecen de papeles legales verán como sus tasas universitarias, ya de por sí elevadas, se pueden triplicar.

El encarecimiento afectará, entre otros, a los beneficiarios del programa DACA, que concede el permiso de residencia a quienes llegaron de forma ilegal siendo niños.

Los estudiantes de origen inmigrante han sido una fuente vital para la población universitaria de Estados Unidos durante dos décadas. De los 3,4 millones de estudiantes que había en 2000 se pasó a casi 6,1 millones en 2021. Este aumento del 78% contrasta con el 22% que aumentó la matrícula universitaria total, de 15,3 millones a 18,7 millones, según datos del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).

Investigación a 50 universidades

Acabar con la políticas de diversidad, igualdad e inclusión, que han permitido que muchos estudiantes latinos y de otras razas accedan a la universidad, es uno de los objetivos de la Administración Trump. Este viernes, el Departamento de Educación anunció que se han abierto investigaciones contra más de 50 universidades por presunta discriminación racial contra estudiantes blancos y estadounidenses de origen asiático.

La mayoría de las indagaciones se refieren a la asociación de las universidades con el PhD Project, una organización sin fines de lucro que ayuda a estudiantes de grupos subrepresentados a obtener títulos en negocios con el objetivo de diversificar el mundo empresarial.

El Departamento de Educación explicó que hay 45 universidades investigadas en relación a “las obligaciones de derechos civiles de las escuelas para terminar con el uso de preferencias y estereotipos raciales en los programas y actividades educativos”. Otras seis universidades se investigan “por supuestamente otorgar becas inadmisibles basadas en la raza” y una universidad por “supuestamente administrar un programa que segrega a los estudiantes sobre la base de la raza”.

El Tribunal Supremo, en una decisión de 2023 prohibió que las universidades utilicen la raza como un factor en las admisiones.

Reducción del Departamento de Educación

El ataque a las universidades sigue a la embestida del presidente contra el Departamento de Educación, del que ya ha dicho que quiere deshacerse. Esta semana anunció el despido de 1.300 empleados, lo que reduce a la mitad la plantilla 4.133 empleados que tenía cuando el republicano llegó al cargo. Además de los despidos, 572 empleados aceptaron bajas voluntarias incentivadas y 63 trabajadores que estaban a prueba ya habían sido despedidos el mes pasado.

Entre otras funciones, el Departamento gestiona los préstamos federales para los estudios universitarios, realiza el seguimiento del rendimiento escolar y vigila el cumplimiento de las leyes de derechos civiles en las escuelas. Una de las agencias que ha desaparecido es la Oficina de Adquisición del Idioma Inglés, encargada de supervisar cómo los estudiantes y los distritos escolares ayudan a los niños a aprender inglés.

Los estudiantes migrantes, en este caso, se verán afectados directamente. “No sabremos quién será ahora el responsable de garantizar que las escuelas brinden a los niños el derecho a aprender inglés. Eso tendrá consecuencias devastadoras”, advierte Valtierra.