Colombia se incauta de 100.000 botellas de licor al año

Llegan las fiestas de Navidad y de fin de año y, con ellas, el desfile de incautaciones de licor adulterado en todos los rincones de Colombia. En Bogotá apenas empezaba noviembre y la Policía ya había retenido 1.445 botellas que iban a venderse en el sur de la ciudad. Un par de semanas después, las autoridades encontraron 540 botellas con alcohol ilegal y 500 listas para llenar en una casa en Barranquilla. La noticia se irá repitiendo a medida que las autoridades refuerzan los operativos. No es cosa menor: en los últimos cinco años, las autoridades se han incautado de más de 560.000 botellas de licor adulterado. La bebida más confiscada es el ñeque, más conocido como chirrinchi, un alcohol artesanal típico del Caribe colombiano (194.368 botellas). Le siguen en la tabla, el aguardiente (162.871) y el ron (44.237), según datos oficiales de la Policía, que van del 1 de enero de 2019 hasta el 22 de noviembre de 2024.

El año con más incautaciones fue 2019, con más de 180.000 unidades decomisadas. 2023 cerró con 70.321 y, al pasado 22 de noviembre, ya se habían detectado 66.873 unidades este año. Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana, explica que es usual que las estadísticas incluyan las bebidas adulteradas, las de contrabando y las de falsificación de marcas. “La policía incauta, pero su labor no es verificar el licor. Es un perito o Medicina Legal el que determina si la botella es de contrabando —que entra a comercialización sin pagar aranceles— o de licor adulterado, fabricado de forma artesanal con metanol, un alcohol no consumible”, aclara. Añade que una misma botella puede ser adulterada, contrabandeada y con marcas falsas, delitos que acarrean penas distintas. “En el caso del licor adulterado, se puede aplicar el daño a marcas, que da entre 10 y 15 años de prisión, o la falsificación y adulteración de alimentos; que da entre 50 y 130 meses de prisión. Si una persona se intoxica, el que adulteró el trago tiene que responder por lesiones personales u homicidio”, señala Nieto.

Sobre la caída de las incautaciones en los últimos años, el experto ve más una innovación delictiva que una mejora social: explica que las estructuras criminales cada vez más buscan atomizar los cargamentos para que no sea tan fácil de detectar.

Cada año, las autoridades van en una carrera contra el tiempo para evitar que estos malos tragos lleguen a los consumidores. En 2023, 54 personas resultaron intoxicadas con metanol y 41 de ellos fallecieron, una letalidad mayor al 70%, según advierte el Instituto Nacional de Salud. En 2022 las alarmas se encendieron en Bogotá y Soacha tras la muerte de cerca de 40 personas que bebieron Rey de Reyes, un aperitivo de aguardiente con altos niveles de metanol. Un estudio de la Universidad Nacional alertó de que las víctimas fatales tenían una edad promedio de 54 años, no tenían estudios universitarios y eran trabajadores informales, vendedores ambulantes o cuidadores del hogar. La especialista en medicina forense, Jénnifer Cárdenas, advertía en su tesis de que la intoxicación por metanol es un problema de salud pública “más frecuente en grupos vulnerables como personas de bajos recursos y alcohólicos crónicos”. Por ello, recomendó afianzar las campañas de prevención de consumo de licor adulterado en poblaciones de riesgo y en las localidades del sur y el centro de la capital, las más afectadas.

Lo más complejo, señala Andrés Nieto, es dar con todos los eslabones de la cadena criminal detrás de este mercado ilegal. “Se estima que hay hasta 12 pasos detrás de la producción de licor adulterado. Son estructuras criminales que inician la fabricación en junio, almacenan el producto y lo comercializan a fin de año. Eso hace que se pierda la trazabilidad de lo que se incauta. Cuando las autoridades investigan, no encuentran las fábricas ni las personas que tenían inicialmente el negocio”, describe Nieto.

Las mayores incautaciones, entre 2019 y lo que va de 2024, se han dado en los departamentos caribes de Sucre, Atlántico y Magdalena; en Nariño, frontera con Ecuador; y en Antioquia, el segundo más poblado del país. Para 2023, el último año con datos completos, fue especialmente crítico para Cundinamarca, que rodea a Bogotá, Antioquia y Sucre, un departamento con una población comparativamente menor. Allí, las cifras se disparan por el chirrinchi, que allí se conoce como ñeque, con más de 190.000 botellas confiscadas en los últimos años. Aunque en algunas zonas del Caribe se producen marcas de chirrinchi con registro Invima, la preparación artesanal es la constante. El riesgo, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Cartagena, es que puede contener altos niveles de metanol y metales pesados.

Para evitar los daños a la salud –y a las arcas públicas por cuenta de los impuestos que se dejan de recibir–, las autoridades refuerzan los operativos en fin de año. La Federación Nacional de Departamentos lidera el Plan Navidad, que busca intensificar las incautaciones, las capturas y la pedagogía ciudadana, de la mano de las gobernaciones (que tienen entre sus mayores ingresos el impuesto a los licores) y la Policía. “Explicamos a los ciudadanos cómo identificar un licor adulterado o de contrabando y también cómo identificar los cigarrillos. Porque donde cae licor [en una incautación] cae también cigarrillo”, resume Alonso Carlos Angulo, jefe del programa anticontrabando de la Federación. “También les indicamos cómo denunciar ante las autoridades si algún local comercializa esos productos, porque a veces la gente sabe, pero no dice nada por miedo”. Miedo a las retaliaciones, más que a las intoxicaciones que pueden ser letales.