La cólera de un reputado historiador expone la crisis del Archivo General de Colombia

Los documentos sobre las olvidadas matanzas de indígenas chimila en el siglo XIX detonaron hace dos semanas un fuerte altercado en el Archivo General de la Nación, un icónico edifico de ladrillo en pleno centro de Bogotá. Sergio Mejía, un reputado historiador, pidió estos materiales para sus investigaciones sobre los últimos años del Virreinato de la Nueva Granada. Las asistentes de la sala de consulta rechazaron la solicitud y le informaron que, por cuestiones de conservación, no prestan lo que está digitalizado o en microfilm. El académico montó en cólera. Les respondió que no podían decir eso, que eran nuevas y jóvenes, que él investiga allí desde los noventa. Después discutió con dos directivos que respaldaron a sus subalternas y les avisó que montaría un escándalo por cómo habían “destruido” un archivo que, según él, alguna vez estuvo entre los mejores del mundo. “A partir de hoy, somos enemigos”, le dijo al jefe de sala antes de retirarse.

Unas horas después, Mejía escribió la carta Nos robaron el Archivo General de la Nación. Describió las molestias acumuladas a lo largo de los años, como que el archivo presuntamente se convirtiera “en un negocio” en 2012, cuando comenzó a proveer servicios de asesoría archivística a otras dependencias estatales. Recordó que la plataforma Archidoc colapsó en 2023 y que no hay un reemplazo adecuado para más de 12 millones de documentos digitalizados. Sin embargo, lo que ya era inaceptable, escribió, era lo que había pasado en los últimos meses: los malos manejos, según Mejía, dejaron de limitarse al segundo piso, el administrativo, y comenzaron a afectar a los investigadores en el primer piso. “Nuestros burócratas incompetentes, cínicos y nefastos, cuando no sencillamente corruptos, se han tomado también la Sala de Consulta”.

La carta está repleta de insultos. Se refiere a los funcionarios que lo atendieron como “quince bárbaros”, al jefe de sala como “un sujeto monumental” —en referencia a su físico— y a la subdirectora de Patrimonio como alguien que “está traicionando a la República”. Describe a los dos directivos como “burócratas malos e ignorantes” y a ella la menciona varias veces como una mujer “núbil”. En una conversación telefónica, Mejía defiende que todo ello era necesario para captar la atención. “Es una diatriba, un modelo retórico para escandalizar. Así lo hacían grandes intelectuales, como Bertrand Russell y Émile Zola”, afirma. “Si mi carta hubiera sido comedida, todo hubiera pasado desapercibido”.

El historiador envió la misiva a centenares de colombianistas de todo el mundo y tuvo éxito en visibilizar la situación. Unos cuantos la compartieron en grupos de WhatsApp y debatieron. Paola Ruiz, una de ellas, explica por teléfono que el texto refleja un malestar generalizado ante un archivo cada vez más hostil. “Muchos no estamos de acuerdo con el tono [de la carta]. Pero, en el fondo, pone en evidencia que las cosas no funcionan. Hemos preguntado muchas veces por la vía regular y no hemos tenido respuesta”, dice. Algo similar consideró Leidy Torres en X: criticó “ese tono elitista del historiador hombre, blanco, posicionado”, pero consideró positivo que Mejía hubiera recordado el colapso de Archidoc y señalado que los asistentes actuales “no conocen la colección ni las necesidades de la investigación”.

En el medio de un sinnúmero de reclamos justos, quedaron los funcionarios agredidos. El jefe de sala, William Escobar, narra en una entrevista una escena aún más violenta de lo que describe la carta: afirma que el historiador lo acusó de tener “un harén”, término que Mejía niega haber utilizado. La subdirectora de Patrimonio, Rosario Arias, cuenta que una de sus subalternas lloró y que varias mencionaron que los maltratos del reconocido historiador eran recurrentes. Es la más afectada de los directivos, habla con un tono más duro que Escobar y es enfática en que las formas de hacer los reclamos fueron inadmisibles. “Nunca nadie me había tratado así en mi vida”, dice.

Los directivos debatieron cómo responder la carta. “Yo considero que no había que replicar ni hacerle eco a una persona tan violenta. Ante un ataque tan violento, no hay que darle voz”, apunta la subdirectora. Reconoce, sin embargo, que había que dar respuesta a los reclamos legítimos. Finalmente, tras fuertes discusiones, optaron por emitir un comunicado y convocar a una audiencia pública a la que se conectaron más de un centenar de historiadores. El director, Francisco Javier Flórez, explica que fue “una posibilidad” de promover el debate y visibilizar los problemas que la institución acarrea desde hace años. “Posibilita controvertir, mostrar los rezagos y las acciones que hemos realizado”, sostiene.

Múltiples crisis

La más evidente de las crisis que expuso el altercado es la percepción que tienen los historiadores de que el archivo desconfía de ellos y su manejo de los documentos. La historiadora Ruiz lamenta que le negaran unos mapas de la Colombia del siglo XIX durante una visita con sus alumnos, y considera que “no es pedagógico” que le ofrecieran verlos en unos reproductores de microfilm de 10 pulgadas. Su colega Cristian Bejarano, en tanto, señala por teléfono que “es un acto de censura” que el archivo les restrinja el acceso a los documentos físicos cuando no ofrece alternativas adecuadas para suplirlos. Relata que hace poco una funcionaria le negó unos notariales del siglo XVIII con el argumento de que estaban en microfilm, pese a que le reconoció que no se leían bien en las máquinas.

La crisis de confianza también es evidente del otro lado. “Que en anteriores administraciones, por cercanía a algunos funcionarios y funcionarias, ciertos usuarios gozaran de un presunto acceso privilegiado a documentos que ya no pueden ser consultados en físico, no quiere decir que se deba normalizar esa práctica ni que sea la más ajustada a las normatividades archivísticas”, se lee en un comunicado.

Arias, la subdirectora, explicó en la audiencia que no hace falta que un documento esté en mal estado para restringir su préstamo y que la “preservación preventiva” es importante. En una entrevista en la oficina de la dirección, los funcionarios insisten en que “de ninguna manera” se limita el acceso a la información: aseguran que solo se restringen los préstamos en físico cuando hay opciones en digital o en microfilm. El director enfatiza que es importante mantener los estándares porque el archivo es el que vigila a otros acervos más pequeños en todo el país.

La otra gran crisis es la relación del archivo con Mauricio Tovar, un antiguo jefe de sala y subdirector que ahora asesora algunas consultas especiales. Los historiadores lo elogian constantemente: dicen que él sí sabe dónde están las cosas, afirman que él los trataba mejor, se quejan de que ahora “lo tengan escondido”. Escobar, a cargo de la sala desde hace unos meses, responde que valora a su colega como la persona que más sabe del acervo, pero que “tiene que haber una transición de conocimiento” y que no hay manera de que surjan otros si no se dan oportunidades a los jóvenes. La visión de Tovar contrasta con la estima que sus jefes aseguran tenerle. “Me odian porque he tenido el valor de denunciar las cosas que han hecho mal”, en referencia a presuntos casos de corrupción en administraciones anteriores.

El director Flórez, al frente de la entidad desde febrero, tiene su propio listado de problemas. Señala que el Archivo Digital Nacional, una plataforma que iba a reemplazar a Archidoc, presentó todo tipo de inconvenientes, por lo que la Contraloría investiga la inversión de 1.100 millones de pesos (unos 250.000 dólares) que se hizo entre 2017 y 2023. También cuenta que no hay dinero suficiente para avanzar con mayor rapidez en la transición a una nueva plataforma de documentos digitalizados y que encontró irregularidades en la construcción de un edificio en el municipio de Funza. Designado por el Gobierno de Gustavo Petro, lamenta que las administraciones previas hayan alejado al archivo de la sociedad. “Este archivo no publica un solo libro desde 2007. En una sociedad donde hace más de dos décadas no se enseña historia, hemos permitido que el Archivo General de la Nación no participe ni en los debates de país ni en la construcción o divulgación del conocimiento histórico”, apunta.

El historiador Mejía, mientras tanto, ha escrito otras tres cartas en las que la violencia aumenta y suma más componentes machistas: una afirma que todas las asistentes son “muchachitas”, y que el archivo presuntamente las contrató por su género “para detener en la entrada a los investigadores”. “Usted [el director] usa el nombre de las mujeres, y su causa contemporánea, para echarse sobre los hombros una piel de oveja”, dice. No se arrepiente de la forma en la que trató a Arias y Escobar y señala que son “lágrimas de cocodrilo”. “Acá, en Bogotá, tienes que tratar bien a quienes te roban. El problema, al parecer, no son los delitos, sino que alguien hizo sentir mal a un funcionario. ¿Vos creés que a la República le interesa que un funcionario nefasto se sienta bien? En el momento que se siente cómodo, la República está mal”.