Edwin Palma, el sindicalista petrolero que entra a dirigir el Ministerio que busca frenar la industria de los hidrocarburos

El abogado Edwin Palma fue uno de los nuevos ministros que presentó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el jueves por la noche en Bogotá, en un acto cargado de simbolismo y retórica. Tal y como ocurrió con la designación de otros miembros de su Gabinete, el jefe del Estado optó por confiar la cartera de Minas y Energía, una de las más importantes de su proyecto político, a un funcionario joven, de 41 años, que ya había sido su viceministro de Relaciones Laborales e Inspección en el Ministerio del Trabajo. Pero Palma llega con una particularidad: su trayectoria como dirigente sindical petrolero abre un interrogante frente al rumbo que tomará el ministerio a su cargo, ya que la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato que ha encabezado, ha cuestionado las decisiones del Gobierno frente a la industria de hidrocarburos.

Nacido en Barrancabermeja (Santander), la llamada capital petrolera de Colombia, Palma es especialista en Derecho Laboral de la Universidad Libre. También cursó una especialización en Derecho Constitucional en la Universidad Externado, y un máster en Derecho del Trabajo, en la misma institución. Trabajó por dos décadas en Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, donde fue escalando en posiciones sindicales. Entre 2018 y 2021 llegó a dirigir la USO, el principal sindicato de trabajadores petroleros del país y uno de los más poderosos en una nación con baja afiliación a esas agremiaciones de trabajadores.

La USO apoyó en campaña al hoy presidente. De hecho, Palma ocupó el renglón 25 en la lista única al Senado del Pacto Histórico, la coalición de partidos y movimientos que avaló a Petro. Tan pronto se instaló el Gobierno, el presidente lo designó viceministro, cargo que mantuvo incluso cuando se abrió la posibilidad de que asumiera una curul en el Senado, ante varios retiros de quienes estaban allí. El dirigente sindical prefirió mantener su cargo en el Ejecutivo y, además, ingresar por designación del Gobierno en la junta directiva de Ecopetrol. Tras dejar el ministerio, desde octubre de 2024 se desempeñaba como agente interventor de Air-e, empresa administrada por la Superintendencia de Servicios desde septiembre de ese año, cuando determinó que no tenía la capacidad de prestar el servicio de energía en los departamentos caribes de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Palma renunció a las dos funciones horas antes de su designación como ministro.

Pese a esa trayectoria de quien fue uno de sus directivos más visibles, la USO no ha estado siempre enteramente alienada con el Ejecutivo. Es natural una fricción con un presidente que ha llamado una y otra vez a marchitar la industria de los hidrocarburos y se ha opuesto a permitir nuevos contratos de exploración como parte de la que ha llamado una transición energética justa. Su presidente, César Loza, ha reivindicado la necesidad de aumentar la exploración y la producción, en contravía con las posturas de Petro. Y el sindicato en su conjunto ha manifestado su desacuerdo con decisiones puntuales del mandatario.

En agosto de 2024, después de que Ecopetrol declinara por orden de Petro comprar activos en la sociedad CrownRock ―dedicada a la producción de gas y petróleo―, la USO insistió en la necesidad de aumentar “las inversiones en exploración y producción” en el territorio colombiano. “Es una oportunidad para reactivar la actividad de exploración dentro del país, generando nuevos puestos de trabajo y aumentando las reservas”, decía. El sindicato, además, sugería invertir el dinero que no se había destinado a CrownRock para aumentar la búsqueda de gas natural o desarrollar nuevos gasoductos. “Sin la inversión decidida y la reactivación de la actividad perforadora, el futuro de Ecopetrol está en riesgo, puesto que las reservas probadas actuales se agotarán en 7,6 años”, advertía el gremio.

Más recientemente, ante la orden presidencial a Ecopetrol de vender una inversión muy redituable en campos petroleros en Texas, pero que utilizan fractura hidráulica, o fracking, la USO se mostró en contra. “Era obligatorio prorrogar el contrato para garantizar el retorno de la inversión y el valor en la acción de Ecopetrol”, dijo públicamente.

También ha reiterado públicamente la necesidad de que el Estado colombiano dé vía libre a la exploración de yacimientos potenciales, y de que sea Ecopetrol, empresa de mayoría estatal, la que se encargue de ello: “Insistimos en que Ecopetrol debe continuar invirtiendo en exploración al interior de Colombia y en el desarrollo de provincia gasífera del Caribe. Esperamos que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA, entidad gubernamental) otorgue los licenciamientos para el acceso a la superficie de nueva exploración”.

Con esos antecedentes, Palma toma el testigo de Andrés Camacho, cercano al partido Comunes y quien se desempeñó en el cargo por un año y medio. Su gestión lo llevó a enfrentarse con varios gremios del sector minero y energético del país, asuntos que heredará el ahora nuevo ministro. Entre las tareas urgentes de Palma, más allá de la exploración petrolera, está lidiar con las comercializadoras de gas, que anunciaron un incremento en el precio del producto de hasta el 36% por cuenta de la necesidad de importar el combustible. Otra labor será asegurar la estabilidad energética, después de que las generadoras indicaran que la capacidad de abastecimiento está cerca de su límite y existe una posibilidad cada vez más alta de que haya apagones, alentados también por la sequía.

Una vez designado en el cargo, Palma aseguró que durante su gestión buscará profundizar el debate de la “democratización del acceso a la energía”.

El ministro entrante anunció, de la misma manera, su intención de trabajar con todos los sectores de la energía y de la minería en el país para alcanzar las metas de generación, capacidad de transmisión, nuevas energías, formalización minera y aumento de valor agregado en el sector. En sintonía con el afán de Petro de ver mayores avances en una Administración en cuenta regresiva, dijo que llega para cumplir con el programa de gobierno y a trabajar “armónicamente” tanto con los poderes públicos como con el sector privado. Lo que no mencionó fue el futuro de la prospección y exploración de yacimientos, el gran punto de desencuentro entre el sindicato que lideró y el presidente que apoya.