Empieza el juicio contra Pedro Castillo por el autogolpe de Estado en Perú: “Jamás cometí delito de rebelión”

El 7 de diciembre de 2022 se desató una tormenta política en el Perú. El entonces presidente Pedro Castillo interrumpió la programación y apareció en las pantallas de todos los peruanos, leyendo un mensaje sin poder ocultar su nerviosismo. Anunció la disolución del Congreso y decretó un Gobierno de excepción. Mientras la gente corría hacia sus casas, las clases se suspendían, y los negocios cerraban ante posibles saqueos, Castillo fue detenido rumbo a la embajada de México y fue vacado por el Congreso por incapacidad moral permanente. Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, su autogolpe de Estado duró un pestañeo y él acabó tras las rejas.

Este martes, veintisiete meses después, Pedro Castillo reapareció en la sala de audiencias de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, contigua al penal de Barbadillo —en el distrito limeño de Ate—, donde se encuentra preso, para afrontar la primera jornada del juicio oral que se le sigue por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública. Vestido con su clásica camisa blanca y, desde luego, sin el sombrero con el que ganó las elecciones del 2021, el profesor sindical se mostró desafiante desde un inicio. Se presentó sin su abogado, aduciendo que no tiene sentido exponerlo en un juicio que es “una pantomima”.

El exlíder de la agrupación Perú Libre, además, le insistió a los jueces que había remitido un texto a la Sala Penal y que quería que se hiciera público. Texto que ya estaba colgado en sus redes sociales en el momento de su solicitud. Tras asignarle un abogado de oficio, la magistrada Norma Carbajal le recordó al exmandatario que una regla de esta etapa del proceso es la oralidad y que no iban a leer ningún escrito. Por estas tensiones, la audiencia inició media hora después de lo programado. Se encontraban en sala los otros acusados: Betssy Chávez, su exjefa del Consejo de Ministros; Aníbal Torres, exjefe del gabinete de asesores y Willy Huerta, exministro del Interior.

En el documento, el político de izquierda se define como un “presidente constitucional secuestrado”, afirma que es “el único responsable de lo hecho y dicho en aquel 7 de diciembre”, señala que “no fue un mensaje a la nación”, sino “un legal y justo discurso político” y culpa a la extrema derecha y a sus aliados de un “permanente sabotaje y una conspiración golpista”. “Los que debería comparecer en este juicio y ser condenados por los delitos de rebelión y conspiración son los que ese día alzándose en armas, ordenaron y ejecutaron el golpe de Estado contra mi gobierno. Los que metralleta en mano, apuntando a mi familia, me apresaron cuando nos encontrábamos dentro del vehículo presidencial, provocando el desgarrador llanto de mi menor hija, quien pedía a gritos que no me maten”, remarca.

En las redes sociales, el presidente colombiano Gustavo Petro, uno de sus defensores más leales, abogó por Castillo desde la plataforma X, aunque sin mencionarlo: “Este juicio a un Presidente de la República es por ser pobre y de izquierda. Un insulto a la Convención Americana de Derechos Humanos y un insulto a la democracia. La voluntad popular que lo eligió presidente fue simplemente burlada”.

En tanto, el equipo de fiscales, luego de dos años de intensa investigación, ha reunido alrededor de setenta y cinco documentos probatorios y testimonios de un número similar de testigos. Según la tesis, la noche anterior al 7 de diciembre de 2022, Castillo tuvo una reunión prolongada con Betssy Chávez y Aníbal Torres en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Este último habría sido quien redactó el mensaje a la nación. “Este juicio no tiene precedentes en nuestra historia”, señaló la Fiscalía.

El Ministerio Público ha pedido 34 años de prisión para Pedro Castillo, 15 años para Aníbal Torres y 25 años para los otros acusados. La Procuraduría General del Estado, por su parte, ha fijado la suma de 65 millones de soles (17 millones y medio de dólares) como reparación civil a favor del Estado. A las afueras del penal de Barbadillo, un grupo de seguidores clamó por la libertad del maestro rural. “Jamás cometí delito de rebelión”, dijo Castillo, alzando la voz, en uno de los instantes más resaltantes de la jornada. La próxima audiencia está programada para este jueves.