Ribó denuncia trabas de Mena para indagar en el caos de la Renta Mínima

El Síndic de Greuges no titubeó en agosto en investigar de oficio el caos de la renta mínima de inserción y con la misma determinación se ha propuesto indagar en las quejas que le llegaron por la gestión que la Generalitat hizo del impago de esta prestación mínima a miles de ciudadanos que debían recibirla. El síndic, Rafael Ribó, denunció ayer en el Parlament trabas del Departamento de Empresa y Ocupación, dirigido por Francesc Xavier Mena, en la investigación del caos de la RMI. Ribó lamentó que, pese a que pidió al departamento de Mena información detallada de más de 700 casos, este solo le ha facilitado 200.

El Síndic de Greuges acudió al Parlament para presentar ante los diputados su informe anual. La renta mínima fue el primer motivo de quejas: recibió 742 peticiones de amparo de los afectados. Durante el año 2011 se le acumuló trabajo al Síndic de Greuges, ya que las quejas aumentaron el 32%. El incremento vino provocado, en parte, por los expedientes relacionados con las áreas más sensibles a los recortes: servicios sociales y salud. El Ribó remarcó que su informe muestra la indefensión de los ciudadanos frente al tijeretazo.

 Durante su comparecencia ante los diputados, Ribó recordó que, en el caos de la RMI, “la Generalitat actuó de manera incorrecta en la supresión de un derecho”. Las quejas, agregó, están motivadas por “políticas erróneas que conducen a la indefensión de los ciudadanos, como la gestión de la RMI, en la que técnicamente podemos hablar de mala administración”. La Generalitat cambió el método de pago de la prestación para detectar un presunto fraude, y su decisión, sin avisar y en pleno verano, provocó que miles de personas dejaran de percibir la ayuda, poco más de 400 euros. “Una duda sobre una persona no es suficiente para hurtar un derecho que no se agota con los límites presupuestarios”, cargó Ribó, que añadió en su crítica a la Administración que la supresión de un derecho no se puede hacer “sin dar audiencia al afectado y sin una resolución motivada y notificada”. Todos los partidos coincidieron en criticar al Gobierno por su gestión de la RMI. El diputado de CiU Ferran Falcó discrepó y recordó que el cambio en la forma de pago sirvió para destapar casos de fraude, si bien aceptó que “se podría haber hecho con mayor destreza”.