La fiscalía descarta delito pero aprecia irregularidades en un campo de golf

La supuesta prevaricación por parte de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en la concesión de la controvertida licencia del primer campo de golf de Galicia con 18 hoyos par tres y otros tantos de la modalidad pitch and putt, que se construyó hace dos años en terrenos del pazo de Rubiáns en Vilagarcía, se ha resuelto con el archivo al carecer de fundamento penal, según la fiscalía.

Aunque el fiscal de delitos urbanísticos y de medio ambiente, Alvaro García Ortíz, apreció múltiples irregularidades en la tramitación del expediente autonómico, concluye en sus razonamientos jurídicos que los instrumentos de control que establece la legislación permiten que estas instalaciones se construyan sin requerir un plan especial por parte de los ayuntamientos y sólo una autorización autonómica. “La utilización de la ley es perversa porque permite adaptarla en cada caso”, concluye la fiscalía.

En la documentación que se le requirió a la Secretaría Xeral de Urbanismo se detallan al menos otros 20 casos en los que no ha habido una calificación de los terrenos rústicos de protección de acuerdo con la Lei do Solo y el Plan de Ordenación do Litoral , escapando a cualquier interpretación del derecho penal, y descartando también que la tala de árboles que se llevó a cabo fuese punible. No obstante, Ortíz deja abierta la vía del contencioso porque considera discutible algunas actuaciones administrativas por parte de la consellería en materia urbanística, paisajística o canalización de aguas, entre otras, contempladas en el expediente autonómico.

La denuncia, que tiene sus raíces en desavenencias familiares, fue presentada por el propio heredero del marquesado de Aranda, Gonzalo Ozores Rey, contra un proyecto que se levantó en terrenos que reclama como propios. Las instalaciones comenzaron a funcionar pese a que en un escrito de la consellería remitido a la fiscalía consta que la autorización concedida el mayo de 2012 fue suspendida posteriormente porque no se hizo constar en el registro de la propiedad la superficie real de la parcela. En junio de 2014, el Ayuntamiento de Vilagarcía decretó la clausura del campo de golf cuando apenas llevaba un año en actividad porque los promotores no habían presentado la documentación requerida por la Xunta, un papeleo imposible de cumplimentar por las reclamaciones judiciales que ya existían entre los herederos de los terrenos. Los problemas surgieron después de que la empresa promotora Arosa Golf Gestión promoviese el proyecto y solicitara la licencia a la Xunta con la autorización de la madre del denunciante, Paloma Rey Fernández-Latorre, usufructuaria del pazo.

Con la denuncia de Ozores -para evitar cualquier modificación de los terrenos- se pararon los expedientes administrativos que se tramitaban en los Ayuntamientos de Vilagarcía y Caldas, donde alcanzan los lindes del pazo de Rubiáns. Ahora, con el archivo de su denuncia podría no terminar el litigio en el que Paloma Rey alega que estaba legitimada para llegar a un acuerdo con la promotora para que desarrollara el proyecto que llegó a tener más de 300 socios y organizó varios torneos.

El asuntó se debatió en una Comisión de Medio Ambiente del Parlamento gallego en marzo pasado en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de AGE Juan Fajardo, que denunció que las instalaciones seguían funcionando sin contar con la autorización de la Xunta y pidió explicaciones a la secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, que defendió la legalidad de la tramitación del expediente por su departamento.