Comisiones del 60%, enchufes, obras en casa y frigoríficos: 11 acusados del caso Emarsa confiesan

Once de un total de 24 acusados han confesado este martes, a cambio de una rebaja de penas, la corrupción generalizada que se vivió durante una década en la depuradora de Valencia. Enchufes, empleados que cobraban sin aparecer por el puesto de trabajo, reparto de dinero en sobres, viajes a Andorra para evadir impuestos y comisiones del 60% para conseguir contratos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa), la entidad pública que gestionaba la planta y fue liquidada en 2010 por su insostenible situación patrimonial. El fraude alcanzó, supuestamente, los 23 millones de euros.

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Uno de los acusados confesos, el empresario Sebastián García Martínez, ha reconocido que facturó como servicios realizados a la depuradora trabajos que en realidad hacía para sus directivos. "Hacía reformas en sus casas, en sus empresas, en pisos que tenían o en los de sus familiares y allegados... Me pedían trabajos de fontanería y de electricidad. Poner un tejado. Les llevaba frigoríficos, ordenadores, lo que me dijeran. Todo se cargaba a la facturación a Emarsa", ha declarado a preguntas de la fiscalía.

"Trabajar para Emarsa era facturar y repartir el dinero", ha descrito García Martínez, que ha cuantificado en 1,8 millones de euros la cantidad que pagó al entonces gerente de la planta Esteban Cuesta en concepto de comisiones para encargarse del mantenimiento informático y de los edificios de la planta entre 2004 y 2010. En total, un 60% de lo que facturó a la depuradora en ese periodo, ha afirmado. El trato, según el arrepentido, era simple: "Cuesta me dijo: Paga si quieres trabajar en Emarsa. Si no, te vas a la calle".

El empresario también ha asegurado que Cuesta "viajaba una vez al mes a Andorra" llevando consigo presuntamente el dinero defraudado. Y que, en realidad, "las corruptelas" en la planta eran la tónica desde que él empezó a trabajar para la misma, en 2001, tres años antes de que Cuesta fuera nombrado gerente.

Enfermero, alcalde de una pedanía de Valencia, Benimàmet, con el PP, y conectado a través de familiares con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, Cuesta se jactaba de haber atesorado lingotes de oro gracias a su cargo en Emarsa, según declaró su secretaria en la fase de instrucción.

"Una marioneta"

El empresario García Martínez ha afirmado este martes que Cuesta era, además, "una marioneta", que recogía el dinero desfalcado en la planta y se lo repartía con otros, especialmente con Enrique Crespo, entonces vicepresidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Manises con el PP y presidente de la entidad metropolitana que era propietaria de Emarsa. Los responsables de la planta se repartían supuestamente 180.000 euros al mes procedentes de comisiones.

Casi todos los acusados que han reconocido este martes los hechos tenían carné del Partido Popular. Dos de ellas han admitido que accedieron a la empresa pública, donde una administrativa ganaba 80.000 euros al año, a dedo. "Entré a trabajar enchufada. A través de Enrique Crespo", ha afirmado Ana María Ríos, que previamente había trabajado para él en el Ayuntamiento de Manises. Ríos ha afirmado que estuvo de baja maternal y cuando fue a reincorporarse descubrió que Crespo había contratado a otra persona en su lugar. "Al cabo del tiempo me llamó y me propuso si quería trabajar en Emarsa".

A excepción del empresario Sebastián García Martínez, y de su hermana, María Paz, que han alcanzado a primera hora de este martes un acuerdo con la fiscalía, los otros nueve arrepentidos se han limitado a aceptar el escrito de acusación del ministerio público y han rehusado responder a las defensas.

La relación de acusados que han reconocido los hechos la completan Santos Peral Martín, Ignacio Martínez, Luis Botella, Leonor Moreno, Vicente Andrés Tomás, Antonio Arnal Llorens, Juan Manuel García y José Ramón Cuesta.