La Xunta abre expediente sancionador a Sargadelos por pintar sin autorización en su fábrica BIC de Cervo
Los titulares alegan que fueron los "deterioros sufridos en la fachada del edificio" lo que "motivó la premura" de la intervención
La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Patrimonio, ha abierto un expediente sancionador a los titulares del complejo industrial de Sargadelos en Cervo, declarado Bien de Interés Cultural, por llevar a cabo unos trabajos de pintura en el edificio sin la preautorización pertinente de Patrimonio. Así lo ha dicho este jueves la directora xeral, Carmen Martínez Ínsua, que ha comparecido en la Comisión de Cultura del Parlamento para responder a una pregunta formulada por la diputada del BNG Olalla Rodil sobre esta intervención.
En su respuesta, Martínez Ínsua ha recordado que el complejo de Sargadelos es BIC desde 2014 y, por tanto, sus propietarios están obligados a solicitar con antelación a cualquier intervención la autorización de Patrimonio. El pasado 24 de mayo, la Xunta tuvo conocimiento de que se estaban llevando a cabo actuaciones de pintura en el edificio circular de Sargadelos, en Cervo, sin la autorización de Patrimonio. Los hechos fueron denunciados por Adega y MariñaPatrimonio.
Así, se inició "automáticamente" un expediente de diligencias previas y se notificó a los propietarios para que "paralizasen" la obra y procediesen a la "reposición de la legalidad", extremos que fueron confirmados por el ayuntamiento.
Sobre esta intervención, Patrimonio recibió un primer "documento justificativo" que los técnicos "entendieron que era insuficiente", por lo que reclamaron más información. El 6 de junio, el titular presentó en el registro de la Xunta una memoria completa para "legalizar las actuaciones de pintura ejecutadas y solicitar autorización para el resto". Según ésta, fueron los "deterioros sufridos en la fachada del edificio" lo que "motivó la premura" de la intervención.
Los expedientes relativos a este caso, ha explicado Martínez Ínsua, se "encuentran en tramitación" y serán los que determinen "si la actuación es autorizable o no autorizable". No obstante, la directora xeral ha explicado que "simplemente el hecho de no solicitar autorización" para esta intervención "es una infracción administrativa", por lo que "ese expediente tendrá la sanción correspondiente conforme establezcan los parámetros tras el dictamen del consello territorial".
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