Encuesta CEP: un 69% de los chilenos está de acuerdo con que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad

Una completa radiografía de cómo los chilenos miran el fenómeno migratorio que vive el país recoge la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), dada a conocer esta mañana de lunes. Uno de los datos que más llama la atención es que el 69% de los habitantes de Chile se manifiesta muy de acuerdo con que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad. Es un salto respecto del sondeo realizado hace seis años, entre abril y mayo de 2017, cuando un 41% de los ciudadanos locales opinaba de esa manera, y un cambio radical respecto de la visión que existía en diciembre de 2003, cuando solo el 35% creía que había una relación entre crimen y migración.

La encuesta, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 24 de septiembre y el 2 de noviembre pasado, se entrega en un contexto donde el “temor alto al delito” aumentó a su mayor nivel en 23% en Chile, con un 30,5%, según los resultados del Índice Paz Ciudadana 2023, de la fundación homónima, dado a conocer hace un mes. Asimismo, coincide con nuevos casos de crímenes que han remecido a la opinión pública, varios de ellos protagonizados por extranjeros radicados en el país sudamericano, lo que ha abierto el debate para buscar nuevas medidas de la parte del oficialismo del presidente de izquierdas Gabriel Boric para expulsar a aquellos que cometan delitos en suelo chileno.

El sondeo del CEP, en todo caso, tal como en julio, ha vuelto a poner a la delincuencia, los asaltos y los robos como la principal preocupación de Chile. Le siguen la salud, pensiones y la educación. La encuesta además arroja que un 45% está de acuerdo con que se “se deben suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia”.

Para Aldo Mascareño, investigador del CEP, la mayor percepción de un vínculo entre criminalidad e inmigración que arroja la encuesta se debe “a los casos más resonantes en los que han estado involucrados ciudadanos extranjeros, especialmente desde 2022 en adelante”. “Como distintos análisis han dicho, este tipo de redes de criminalidad tiene que asentarse territorialmente, y esto lo logran por medio de acciones visibles que generen impacto. Este es un fenómeno nuevo en Chile, el que no existía en la medición anterior de 2017, y menos en 2013″, agrega el experto.

De todos modos, advierte, “para tener un panorama correcto de un proceso social tan complejo como la inmigración, hay que considerar otras respuestas de la población chilena en esta materia”. Mascareño cita, por ejemplo, que un 54% piensa que los inmigrantes vienen a Chile porque su país está en crisis y un 27% porque buscan mejores oportunidades laborales. “Es decir, si bien ha aumentado la percepción de una asociación entre crimen e inmigración, la percepción de los inmigrantes en general es más matizada”, dice.

“Al respecto es de interés destacar que las cifras de quienes quieren prohibir toda inmigración bajaron con respecto a junio-julio de 2023 desde un 58% a un 42%, y las cifras de quienes optarían por permitir la inmigración libre subieron de un 8% en junio-julio 2023 a un 17%. Dicho de otro modo, también se reduce la actitud negativa hacia migrantes, lo que indica que la gente sabe diferenciar entre distintas situaciones y motivaciones con respecto a la inmigración en Chile”, explica el investigador.

Según la encuesta, en todo caso, hoy solo un 15% de los chilenos considera que la mayoría de los extranjeros que han llegado en los últimos cinco años al país cumplen la ley, un 20% opina que todos o casi todos son honestos y un 18% cree que la mayoría respeta las costumbres de los chilenos. En ese punto, llama la atención que un 24% cree que “los inmigrantes deben abandonar sus propias costumbres y tradiciones y adoptar las costumbres y tradiciones chilenas”. Asimismo, un 44% considera que el nivel de conflicto entre inmigrantes y chilenos es muy alto.

El sondeo también muestra cómo la mirada de los chilenos frente a los inmigrantes ha ido evolucionando en el tiempo. El 74% de los nacionales dice que la imagen que tienen frente a las personas que han llegado desde otros países en los últimos 5 años al país es peor a la que existía anteriormente. Y, si hace cinco años un 40% estaba muy de acuerdo con que los extranjeros les quitaban los trabajos a las personas nacidas en Chile, en la última medición solo el 32% mantiene esa percepción. De hecho, un 69% opina que los inmigrantes realizan hoy trabajos que los chilenos no quieren realizar.

Frente a la pregunta de qué tanto le agradaría a usted trabajar con un inmigrante, un 40% de los chilenos responde que mucho, mientras que un 33% se sentiría agradado si la pareja de un familiar muy cercano, como su hijo o hermana, fuera inmigrante, en tanto que solo un 27% dice que le gustaría tener un vecino extranjero.

Respecto al aporte de las personas que llegan al país, un 46% considera que contribuyen a la sociedad chilena con nuevas ideas y cultura, un 35% que colaboran con la economía, mientras un 32% opina que son trabajadores. Respecto a las prestaciones de salud y educación entregada por el Estado chileno, un 76% cree que los inmigrantes regulares deben tener acceso a la educación pública, mientras que un 52% opina que todos los extranjeros que llegan a radicarse en Chile deben tener acceso a salud en el sistema público y un 45% dice que solo aquellos regularizados debieran tener esa cobertura.

Un dato interesante que suma la encuesta tiene que ver con la discriminación a los inmigrantes. Un 40% dice que ha sabido de personas extranjeras que ha sufrido discriminación en la escuela o colegio, un 37% al realizar un trámite en una oficina pública o en una municipalidad y un 33% al buscar trabajo.

Políticas de inmigración

La encuesta se entrega en medio de un debate político en Chile para acelerar los procesos de expulsión de inmigrantes que cometan delitos y aumentar las restricciones para el ingreso de extranjeros.

Esta mañana en La Moneda el presidente de izquierdas, Gabriel Boric, lideró una reunión sobre seguridad e inmigración a la que asistió el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer. En la cita, se discutió sobre las medidas anunciadas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para facilitar las expulsiones de migrantes indocumentados. Se trata de una facultad extraordinaria de esa subsecretaría que le permite firmar un decreto para expulsiones extraordinarias por razones de seguridad y orden público. Además, Monsalve anunció que el Ejecutivo propondrá al Congreso modificaciones legales para permitir el ingreso de la Policía de Investigaciones (PDI) a los domicilios para detener a las personas que tengan una orden de expulsión ya decretada.

El Gobierno confirmó además que Monsalve viajará a Venezuela para facilitar la recepción de los ciudadanos de ese país que sean expulsado de Chile. Según detalló el director de Migraciones, este año, se han materializado unas 740 expulsiones de inmigrantes.