Venezolanos a la deriva en un Chile con su embajada cerrada: “Estas son medidas contra la ciudadanía”
La salida del cuerpo diplomático de Venezuela por orden de Nicolás Maduro abre un nuevo factor de incertidumbre para la comunidad de más de 700.000 migrantes del país caribeño
En un barrio residencial del sector oriente de Santiago de Chile un grupo de venezolanos se agolpa tras una reja vigilada por policías que les impide el paso a la embajada de su país. Nicolás Maduro, en represalia contra el Gobierno de Gabriel Boric –el mandatario chileno de izquierdas fue uno de los primeros líderes internacionales en exigirle “transparencia de las actas y el proceso” y puso en duda su triunfo–, ordenó el lunes la salida de su personal diplomático del país. Su embajador, Arévalo Méndez, se retiró de la casona de Providencia gritando “¡Muera el fascismo!”. La medida extrema dejó a los más de 700.000 venezolanos que residen en el país sudamericano a la deriva. A 5.000 kilómetros de Caracas, la mayoría de los consultados para esta crónica teme dar su nombre o, incluso, la ciudad en la que nacieron para evitar que el régimen chavista los identifique. A cada uno de los que aguardan sin éxito renovar su pasaporte o conseguir un salvoconducto para regresar temporalmente a su país se les truncó la vida unos años atrás. Hoy, cansados de sentir impotencia, ven con desazón cómo el único pedazo de su tierra que tenían cerca se ha cerrado.
“Informamos que la embajada suspende indefinidamente todos los trámites por lo que citas de pasaporte, de AFP [Administradoras de Fondos de Pensiones], de visas y de documentos de viaje no serán procesados”, rezaba el comunicado de la embajada venezolana en Chile.
J. M. H., de 26 años, dejó sus estudios de arquitectura en Venezuela y se mudó a Chile hace seis años debido a la delincuencia. “A ti te mataban por un par de zapatos”, relata. Cuando llegó solo le pidieron demostrar que tenía 500.000 pesos chilenos (unos 500 dólares) en efectivo y una dirección. Su padre, en ese entonces, estaba instalado en Santiago, así es que entregó su domicilio. Por el alto coste de los estudios, se puso a trabajar inmediatamente y hoy ejerce como conserje en un condominio de edificios. Está regular y tiene un Rol Único Nacional (RUT), pero su pasaporte está vencido desde el pasado marzo. Pretendía viajar en diciembre a Venezuela por primera vez desde 2018 para enterrar el cuerpo cremado de su madre, fallecida tres años atrás.
La familia del joven venezolano ha estado desperdigada en distintos rincones de América Latina y, esperanzados en que en las elecciones no sería reelecto Maduro, decidieron reencontrarse a final de año para realizar la ceremonia de despedida. Hoy, con la cita impresa para solicitar una prórroga de su pasaporte afuera de una embajada vacía, dice que solo le queda confiar en sus compatriotas: “Tiene al pueblo encima. Incluso más que en 2017. Las manifestaciones de la calle lo van a obligar a dejar el poder. Porque él no ganó”.
Ana D., de 58 años, también pone en duda los resultados de las elecciones presidenciales de su país. Ella llegó a Chile en 2018, siguiendo a su hija y su yerno, y dejando su puesto de comidas preparadas en Maracaibo que regentó durante 20 años. Los apagones eléctricos de ocho horas, los cortes de agua durante un mes y las filas de todo un día para conseguir una harina de pan o un aceite son solo algunas de las razones que, cuenta, la empujaron a tomar la decisión de irse. Su marido no encontró las fuerzas para abandonar su tierra y no lo ha vuelto a ver. Ingresó por la frontera norte meses antes de que Chile exigiera un visado. Le sellaron el pasaporte por 90 días.
En un comienzo, Ana trabajó por cuenta propia como empleada doméstica. Ha tenido dos RUT provisorios por un año. Ahora que la contrataron fijo en una casa podría solicitar uno definitivo. Para eso, sin embargo, necesita tener su pasaporte vigente, comenta fuera de la embajada. El suyo venció en 2019 y explica que no lo pudo renovar antes por los costes: 216 dólares por el documento físico y otros 120 de arancel consular. El dinero extra que le queda tras pagar un alquiler en la popular comuna de Lo Prado, más las cuentas básicas, se lo envía a sus familiares en Venezuela. Logró reunir el dinero necesario para el pasaporte y en abril pidió cita para comprarlo. Le dieron fecha para el 25 de julio. Semanas antes se la cambiaron para el 31, justo después de las elecciones presidenciales.
La frustración de la comunidad de migrantes es mayúscula. El venezolano Roberto Delgado, consultor migratorio, explica que, además del coste, la primera piedra de tope para renovar los documentos, también hay que considerar la cantidad de tiempo que los venezolanos aglutinados a las afueras de la embajada llevaban esperando su cita consular. “Ahora puede tardar quizá un año, 10 u ocho meses, lo que es absurdo, aunque antes podían ser hasta tres años”, sostiene. “Estas son medidas de castigo contra la ciudadanía, porque son los únicos que se ven vulnerados. Esto no va a afectar la diplomacia”, agrega.
El director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, Luis Eduardo Thayer, informó que autorizaron “la posibilidad de salir del país con pasaporte vencido o documento de identidad vencido” independiente de la situación migratoria en la que se encuentren. Ana, que se rompe con facilidad, sostiene: “Me duele mi país. Además, nos han cerrado la puerta en todas partes del mundo por culpa de algunos malos. El costo lo pagamos los buenos”, lamenta, en referencia a las bandas de crimen organizado procedentes de su país, que se han extendido por la región.
R.R., 37 años, reside desde hace cinco años en Chile. Dejó su cargo administrativo en una empresa constructora con la idea de forjar un mejor futuro para él y su esposa en el país sudamericano, lejos de la inseguridad y la escasez, dice. Recuerda, también, cómo la cotidianidad se hacía cuesta arriba, como un apagón de siete días que estropeó toda la comida que tenían en el refrigerador. Vinieron con un visado otorgado por el Gobierno chileno por un año que permitía solicitar luego la permanencia definitiva. “Nada como estar en un país legal y tranquilo”, comenta.
El ahora analista de deducciones de la sociedad Punta de Lobos tiene un RUT chileno que le permite viajar a distintos países de la región, pero su pasaporte está vencido. Tenía cita porque quiere presentarle su bebé de cuatro meses a sus padres y tíos que continúan en Maracaibo. “Ahora no puedo, ni siquiera con el vencido. No solo porque Venezuela no te deja entrar, sino porque la aerolínea tampoco lo permite”. Las aerolíneas Latam y Copa suspendieron temporalmente sus ruta que conectan Lima con Caracas, utilizada por quienes viajan desde Chile. Venezuela, por su parte, suspendió los vuelos comerciales desde y hacia Panamá y República Dominicana. “Ojalá activen el sistema por internet”, apunta R.R., que se queda durante horas deambulando sin suerte por los alrededores de la embajada.
El presidente Boric sostuvo sobre la decisión diplomática de Maduro que demuestra “una grave y profunda intolerancia” a la diferencia, a la legítima crítica, que son elementos esenciales en una democracia. “Yo creo que demuestra, además, tristemente, un desprecio por los cientos de miles de venezolanos que actualmente viven en Chile”, añadió. La ministra del interior, Carolina Tohá, sostuvo este jueves que el consulado chileno en Caracas va a seguir atendiendo con personal local y adelantó que esperan hacer algo similar “próximamente” en Chile para la comunidad venezolana.
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