El Congreso aprueba la Ley de Cambio Climático tras años de retrasos

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la primera norma de este tipo con la que contará España. Se trata de una ley que debe servir para que el país cumpla sus compromisos internacionales de lucha contra el calentamiento: alcanzar en 2050 la neutralidad climática (que solo se emitan los gases de efecto invernadero que puedan ser captados por los sumideros, como los bosques). En la práctica, esto significa que a mediados de siglo la economía española se tendrá que haber desenganchado casi por completo de los combustibles fósiles.

Para lograr ese objetivo para 2050, la norma establece metas concretas en 2030 —como que el 74% de la electricidad sea de origen renovable en esa fecha— y medidas para impulsar las energías limpias y los vehículos libres de emisiones. Además, en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto del país se deberán haber reducido en un 23% respecto a las de 1990. Este objetivo se revisará al alza periódicamente y la primera revisión se hará en 2023.

Declaraciones de Teresa Ribera sobre la Ley de Cambio Climático

La ley, que el Congreso reclamó hace una década y que la mayoría de partidos lleva años prometiendo, ha salido adelante este jueves —22 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones— en la Comisión de Transición Ecológica gracias al apoyo de la mayoría de los grupos que hicieron presidente a Pedro Sánchez (PSOE), a los que se ha sumado Ciudadanos. Más País y el PP se han abstenido. Solo Vox ha votado en contra de la ley. La norma irá ahora al Senado y, si no se enmienda, podría quedar definitivamente aprobada en mayo.

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El diputado socialista Germán Renau ha asegurado durante el debate que se trata de “una ley muy ambiciosa y perfectamente alineada con los objetivos europeos”. “Es un día para la historia”, ha añadido. “Estamos ante una buena ley”, ha afirmado por su parte Juan López de Uralde (Unidas Podemos), quien ha recordado el enorme retraso de España a la hora de sacar adelante esta norma: “El primer país europeo en aprobar una ley de cambio climático fue Reino Unido en 2008″.

El cuerpo principal y la filosofía que envuelve la norma fueron ideados hace algo más de dos años por el equipo de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera. Pero durante la tramitación parlamentaria de la ley PSOE y Unidas Podemos han actuado juntos para negociar las modificaciones con el resto de grupos.

La falta de cintura política del Gobierno y de interés por negociar cambios ha sido una de las críticas más repetidas por los partidos durante el debate previo a la votación de la ley en el Congreso. “No la podemos apoyar”, ha concluido Diego Gago, del PP, tras reprochar que no se hayan aceptado sus enmiendas. Sin embargo, finalmente el PP ha optado por la abstención y no por intentar bloquear la ley con su voto en contra. Los populares, según explican fuentes de este partido, son conscientes del riesgo que podría tener para ellos situarse en contra de la primera ley española contra el cambio climático. La norma la reclaman desde hace años no solo los ecologistas, sino una parte fundamental del sector económico del país. Además, las encuestas de opinión muestran cada vez de una forma más clara el apoyo mayoritario de la población a la lucha contra el cambio climático.

Ese mismo sector económico que reclamaba la ley para tener una hoja de ruta de esta transición climática con certidumbres pedía también una norma consensuada. Varios partidos han reprochado este jueves al Ejecutivo que no lo haya conseguido. María del Carmen Martínez, de Ciudadanos, ha advertido del “riesgo” que se corre de que ocurra lo mismo que con las leyes que sufren modificaciones constantes en función del partido que ocupe La Moncloa. “La ley necesita estabilidad en el tiempo para evitar la inseguridad”, ha dicho Martínez.

Falta de ambición

Si desde los partidos más a la derecha de PSOE y Unidas Podemos la principal crítica ha sido la falta de negociación, desde los partidos de izquierdas ―al igual que desde las ONG ecologistas— los reproches han llegado por la falta de ambición. “El nivel de ambición de la ley se sitúa muy por debajo de lo que pide Naciones Unidas”, ha criticado Inés Sabanés, de Más País, que ha decidido abstenerse por este motivo. La diputada verde ha sostenido que el objetivo de la reducción del 23% era “perfectamente revisable” para incorporar el impacto positivo que tendrán los fondos europeos ligados al plan de recuperación en la descarbonización de la economía.

Lea aquí el análisis sobre las críticas contra la ley por la falta de ambición

La vicepresidenta Ribera ha calificado este jueves la norma de “enormemente ambiciosa”. Pero ha asumido que “queda margen para seguir mejorando”. De hecho, en el último momento de la tramitación de la ley se ha incluido una cláusula por la que las metas de recortes se revisarán al alza en 2023. Los representantes de PSOE y Unidas Podemos también han defendido que los objetivos que se plantean son ambiciosos y que si no se va más allá ahora es por el retraso histórico que arrastra España en la reducción de sus emisiones de efecto invernadero. Mientras que el conjunto de la Unión Europea alcanzó el pico de emisiones en 1990 —y desde entonces han bajado de forma continuada—, España no lo consiguió hasta 2007 por una mezcla de razones económicas y falta de medidas para eliminar los gases de efecto invernadero.

Movilidad

Entre todas las medidas, el paquete relacionado con la movilidad es, quizás, el más importante. Porque, como ha resaltado el diputado socialista Germán Renau, este sector lleva un retraso en el proceso de descarbonización, que hace que, en vez de reducirse, las emisiones del transporte sigan aumentando, hasta suponer, en la actualidad, casi el 30% de todas las emisiones de efecto invernadero del país.

El objetivo principal es lograr en 2050 “un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO₂” (dióxido de carbono). Y para ello, en 2040 no se podrán vender vehículos nuevos, no destinados a usos comerciales, que emitan CO₂. Además, todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible que, entre otros asuntos, incluyan zonas de bajas emisiones similares a las puestas en marcha en Madrid y Barcelona. El Gobierno tiene previsto, además de aprobar una ley de movilidad sostenible, presentar en breve un paquete de impulso al coche eléctrico y de instalación de puntos de recarga.

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