UCD reserva la autonomía política para Cataluña y País Vasco

El nuevo texto propuesto por Unión de Centro Democrático (UCD) para la regulación de las autonomías varía sensiblemente los presupuestos mantenidos hasta ahora por este partido y se distancia del contenido del anteproyecto constitucional hecho público en su día. Según fuentes del propio partido gubernamental, este texto no ha sido debatido aún por el grupo parlamentario de UCD, en el que se sabe ya que existen serias reticencias. Incluso uno de los tres ponentes de UCD ha expresado a EL PAÍS su disconformidad personal con el nuevo planteamiento.El texto propuesto por UCD no menciona los términos nacionalidades ni territorios autónomos; en su lugar habla de regiones autónomas, al propio tiempo que relaciona directamente la actividad municipal con el problema de la autonomía. Según el texto de UCD, «el Estado se organizará en municipios. La provincia se fundamenta sobre la asociación de municipios en los términos que determina la ley. Las regiones se basan en la libre asociación de las provincias. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses».

Además de la constitucionalización del municipio como base de la organización del Estado español, UCD propone una extensa serie de competencias exclusivas e indelegables del Estado, hasta un total de veintisiete. Después establece que las provincias limítrofes, «con características históricas, culturales y económicas comunes», y los territorios insulares; podrán asociarse entre sí en regiones autónomas «para el adecuado planeamiento, coordinación y gestión de actividades, obras y servicios de interés común, a fin de cooperar en la acción del desarrollo regional». Esto coloca el plano de competencias de las posibles regiones autónomas en un nivel distinto al político, reduciéndolo a una mera gestión de actividades encaminadas al desarrollo regional.

Dice después el texto de UCD que la iniciativa para promover el estatuto regional de autonomía -plasmación jurídica de la entidad regional- ha de partir de las 4/5 partes de los municipios de cada provincia o territorio insular -que representen, al menos, la mayoría absoluta del censo provincial- o por la totalidad de las diputaciones afectadas. El proyecto de estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de las diputaciones de las provincias afectadas -se elimina toda intervención de los parlamentarios en dicha elaboración- y se presentará a las Cortes como proposición de ley.

Los estatutos regionales de autonomía deberán contener, entre otros requisitos, el procedimiento de reforma de los mismos, que exigirán, en todo caso, su aprobación por las Cortes mediante ley. Esta reforma sólo podrá efectuarse cada cinco anos, y solamente la puesta en marcha del procedimiento de reforma del estatuto permitirá a las regiones autónomas asumir competencias legislativas y administrativas en ciertas materias, es decir, dotarse de cierta capacidad política. También reserva al Gobierno la facultad de proponer a las Cortes un estatuto para una región, por «motivos de interés nacional». Por otra parte, se introduce la figura de un delegado del Gobierno, encargado de dirigir la administración periférica del Estado y la coordinación con la administración autonómica, inexistente en el anteproyecto constitucional.

Las únicas regiones que tendrían un tratamiento diferente serían Cataluña y el País Vasco, para las que, en una disposición transitoria, cuyo texto no ha sido aún hecho público, se autorizaría un procedimiento especial, por el que el estatuto podría incluir directamente algunas competencias políticas, sin necesidad de esperar al plazo que con carácter general se establece para el resto de las regiones.

Respecto a la supresión del término nacionalidades, Jordi Pujol, de la minoría catalana, manifestó que su partido, Convergencia Democrática de Cataluña, no aceptaría la denominación de región autonómica. «Nosotros hemos presentado un voto particular que pensamos defender hasta el final», afirmó. Por su parte, un portavoz de UCD señaló que la nueva redacción del título VIII recogía, a su juicio, una de las principales peticiones de los autonomistas catalanes: la constitucionalización expresa de Cataluña como un ente diferenciado del resto de las regiones españolas.

Otros temas conflictivos

El artículo 28, aducido formalmente por el PSOE como causante de su retirada de la ponencia, incluye el reconocimiento a las personas físicas y jurídicas de la libertad de creación de centros docentes, así como la ayuda de los poderes públicos a los mismos, según los requisitos que la ley establezca. UCD ha introducido entre sus enmiendas la declaración de que las personas físicas y jurídicas no sólo tendrán derecho a la creación, sino también a la dirección de centros docentes y, por consiguiente, administrarán los fondos que el Estado les otorgue para hacer posible la gratuidad de la enseñanza.Fuentes socialistas han puesto de manifiesto su recelo de que la elevación de este tema a rango constitucional impida al PSOE toda reforma posterior para llevar a cabo su programa, basado en un control estricto de los fondos estatales a distribuir entre manos privadas. Otras fuentes socialistas no descartaron que la Iglesia católica española haya hecho alguna sugerencia a los ponentes de UCD respecto a la presentación de la enmienda anteriormente mencionada.

Aunque el ponente del PSOE en la ponencia constitucional no mencionó el artículo 32 -facultades del empresario- entre las causas de su salida, fuentes socialistas le dan una gran importancia, porque consideran que su aprobacíón elevaría a rango constitucional temas como el despido libre o la capacidad del empresario para ordenar el cierre de su empresa.

Según parece, el PSOE ha venido creyendo hasta la fecha, porque así se lo manifestaron los ponentes de UCD, que estas enmiendas eran puramente testimoniales y no iban a ser defendidas en profundidad por UCD.