El juez levanta el secreto en las diligencias previas sobre SAVE

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, Juan Bautista Cremades, acordó ayer levantar el secreto que pesaba sobre las diligencias judiciales previas por supuestas irregularidades en las liquidaciones de la Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos (SAVE) al organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, de cuyos aparcamientos es concesionaria.El presidente del Consejo de Administración de SAVE, Vicente Iborra, preside a su vez la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la Confederación Interprovincial de Empresarios de la Región Valenciana (Cierval). El juez dictó auto de prisión contra Iborra, que se encuentra en libertad provisional bajo fianza de cinco millones de pesetas.

Juan Bautista Cremades, que había declarado secretas las diligencias el pasado 20 de noviembre, manifestó ayer a este periódico que es posible que proponga en breve al Tribunal Supremo la inhibición en favor de la Audiencia Nacional, en virtud del artículo 4, letra B, del Real Decreto-Ley de 4 de enero de 1977 por el que se creó esa jurisdicción.

Posible traslado

Tanto el posible traslado de las diligencias a la Audiencia Nacional como el levantamiento del secreto de las actuaciones guardan relación con las detenciones practicadas por la policía en diversos puntos de España (véase EL PAIS del pasado día 7), "en razón de la complejidad del asunto y de la posible existencia de nuevos delitos". Hasta el momento, los delitos presuntamente cometidos son los de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y delito fiscal.Cremades matizó que no tiene aún conocimiento oficial de las diligencias practicadas por otros juzgados españoles respecto de las personas detenidas por la policía, sino que sólo ha recibido comunicación telegráfica y de forma fragmentaria. Por ello espera que se le remitan todas las diligencias por correo para adoptar una decisión respecto al traslado.

Añadió que el levantamiento del secreto supone que pueden tener acceso a ellas las partes implicadas, pero, salvo para ellas, continúan siendo secretas en virtud de lo previsto en la ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que se negó a dar detalles. Señaló, no obstante, que hasta el momento no se había personado ninguna de las partes, excepto el ministerio fiscal, que ha seguido con gran interés la investigación.

El abogado Emilio Attard, que dirige la defensa de Iborra, indicó que, al conocer el levantamiento del secreto, procedería inmediatamente a interesarse por el estudio de las diligencias. Se negó a informar sobre otros extremos, ya que, indicó, que "de asuntos de mi bufete no hablo en los periódicos".

La investigación policial en torno a las liquidaciones de SAVE a Aeropuertos Nacionales fueron iniciadas por la Brigada de Policía Judicial de Barcelona a partir de una denuncia anónima.