El futuro de la colonia

LA DIMISIÓN de Joshua Hassan como primer ministro de Gibraltar, o en todo caso su anuncio en estos momentos, es probablemente un efecto del acuerdo firmado el pasado día 2 entre el Reino Unido y España sobre la utilización conjunta del aeropuerto gibraltareño. Dicho acuerdo, que desbloqueaba la directiva comunitaria sobre liberalización del tráfico aéreo, admite la reserva de España consistente en considerar a la zona en que está situado el aeropuerto como territorio en controversia. Con ello se ha evitado la legitimación internacional de una situación de hecho ocasionada por la ocupación británica del istmo que une la Roca con el resto de la Península, y cuyo territorio no figura en las demarcaciones establecidas en el tratado de Utrecht.Tras la firma, el ministro británico de Asuntos Exteriores intentó tranquilizar a los gibraltareños afirmando que ellos seguían conservando la última palabra. Ello ha dado pie a algunas reticencias de determinados sectores de la opinión pública española, que han pretendido descalificar el indudable éxito diplomático con argumentos faltos de realismo. Si se contempla el problema desde la perspectiva de un conflicto que dura cerca de 300 años, es evidente que el acuerdo de la semana pasada supone un inicio de oscilación en una línea que hasta ahora se caracterizaba por su inmovilidad. La lógica del acuerdo es la de poner en cuestión el principio de soberanía británica sobre el Peñón, abriendo así una posibilidad de desbloqueo real de la discusión de fondo.

Ese principio de desbloqueo ha sido el fruto del esfuerzo español por complejizar el problema con nuevos elementos. Ello ha sido posible, a su vez, por la nueva posición internacional de España. Así, ha sido el interés de la Comunidad Europea por despejar el camino a la liberalización del tráfico aéreo lo que ha obligado a los británicos a dar marcha atrás sobre sus posiciones de hace unos meses. En segundo lugar, las propias compañías aeronáuticas, incluyendo las del Reino Unido, estaban interesadas en evitar que el tema de Gibraltar se convirtiera en un obstáculo permanente, lo que significaba una presión adicional, desde la sociedad, sobre el Gobierno de Margaret Thatcher. Pero, además, con el acuerdo de Londres se pone a los ciudadanos de la coloniaante el dilema de tener que elegir entre la defensa de sus intereses económicos a medio plazo y el mantenimiento indefinido de su situación actual.

Esto último es quizá lo decisivo. En la perspectica de la entrada en vigor del Acta Única Europea, en 1992, con el consiguiente desarme arancelario, el porvenir económico de la colonia deberá apoyarse en bases diferentes a las derivadas de los privilegios comerciales inherentes a su peculiar estado. Si, como confirman encuestas recientes, no es el patriotismo británico, sino intereses bastante más pragmáticos, lo que determina la resistencia de los 25.000 ciudadanos gibraltareños a avanzar en la vía de la negociación planteada por España, se hace preciso ilustrar con hechos -y el asunto del aeropuerto es transparente al efecto- que los intereses económicos de esos ciudadanos son a medio plazo coincidentes con los términos de las soluciones propuestas por España.

La Asamblea de Gibraltar puede, en efecto, pronunciarse contra el acuerdo, lo que retrasaría no la aplicación de la directiva europea, pero sí su afectación al aeropuerto gibraltareño, con evidente perjuicio para los habitantes de la Roca. Ello no sólo supondría un enfrentamiento con el Gobierno de la metrópoli, sino dificultar el desarrollo econónÚco de Gibraltar, que va a ser cada vez más dependiente de su aeropuerto. Hassan lo comprendió así al declarar que el acuerdo era "el mejor de los posibles dadas las circunstancias", pero es lógico que no quiera retirarse de la política defendiendo ante sus electores lo contrario a lo que ha proclamado durante toda su vida. La campaña electoral dará ocasión a un replanteamiento de la cuestión de fondo. Seguramente el resultado no será todavía favorable a las posiciones españolas, pero el debate mismo será ya diferente. Porque la defensa de la situación actual habrá de hacerse no sólo contra las posiciones españolas, sino contra los intereses de la Comunidad Europea, incluido el Reino Unido.