Las fusiones en la banca y el empleo
El anuncio de fusión del Banco de Bilbao y el Banesto, y su posterior fracaso, según defiende la autora en este artículo, ha desatado un debate en dos frentes: de un lado, la discusión de si los bancos españoles tienen la dimensión necesaria para ser competitivos frente a la banca europea; de otro, si el proceso de fusiones en ciernes tendría un efecto desastroso sobre el empleo en el sector.
La hipótesis más sólida sobre el primero de los temas sostiene que la banca española tiene una desventaja comparativa en el negocio de banca al por mayor frente a la banca extranjera, derivada de una serie de factores, entre los cuales la dimensión es determinante.La dimensión es indispensable para atender las necesidades crediticias de los grandes prestatarios si no se quiere caer en la temeridad de una excesiva concentración de riesgo.
Los siete primeros bancos españoles están colocados en el ranking de bancos mundiales en puestos zagueros, del 90 al 150, mientras que los grandes bancos comunitarios están entre los 80 puestos primeros; nueve de ellos, entre los 30 bancos más importantes del mundo.
En una economía como la española, progresivamente internacionalizada y cada vez más penetrada por las multinacionales, parece evidente que el deseo de competir financieramente de los bancos españoles frente a los extranjeros exigiría un proceso que, dándoles mayor dimensión, redujera la desventaja comparativa antes comentada.
Hay que pensar que el grado de internacionalización de la banca española es reducido frente a los bancos de los países de la Comunidad Europea (CE). El nivel de actividad internacional es notablemente superior a la media en el caso de los grandes bancos españoles (alrededor de un 30%.), pero a notable distancia de los grandes grupos bancarios de la CE. El tamaño de una entidad bancaria tiene mucho que ver con su capacidad de internacionalizar su negocio.
Una mayor dimensión sería, pues, necesaria, según los valedores de este proceso, para hacer frente a las necesidades de crédito y servicios de los grandes prestatarios; una red exterior que sea soporte de los intereses económicos de la burguesía más dinámica y transnacional, y evitar las posibilidades de penetración de los grandes grupos bancarios mundiales en la banca nacional, el tiburoneo especulativo.
La búsqueda de competitividad en el segmento de negocio al por mayor se vería impelida, además, por la práctica imposibilidad de obtener mejoras sustanciales de la rentabilidad en la actividad bancaria al por menor, dadas las costosísimas inversiones en capital fijo requeridas para ello.
No es en este terreno, el de la banca al por menor, donde la banca española parezca temer a la extranjera. La experiencia comunitaria es clara al respecto: en este tipo de negocio no existe gran interpenetración de los bancos europeos; es decir, es un segmento de negocio controlado por la banca nacional de cada uno de los países.
Algunos ciudadanos habrán podido imaginar el año 1992 como el de la invasión no sólo de celebrantes colombinos y de olimpistas, sino de los bancos extranjeros, abriendo sucursales en cada esquina de nuestras ciudades; nada más lejos de la realidad.
La banca extranjera ha utilizado el sistema de compra de algún banco nacional para entrar a trabajar en ese mercado, y lo ha hecho aprovechando la crisis bancaria de los primeros ochenta en condiciones inmejorables para ellos.
No olvidemos que esa crisis hizo desaparecer 50 bancos y costó a todos los ciudadanos dos billones de pesetas.
No parece probable que ahora, y de forma extremadamente costosa, la banca extranjera repitiera esa estrategia u optara por la del establecimiento masivo. Todos los bancos españoles juntos poseían 16.351 oficinas en diciembre de 1986, sin contar las cajas, que harían que se duplicara esta cifra, frente a las 120 oficinas de todos los bancos extranjeros establecidos en España en la misma fecha.
Ineficacia
Otra de las disfunciones de la banca española frente a la extranjera sería su ineficacia en el proceso de intermediación, situándose, en cuanto a activos por oficina, por debajo incluso de Grecia y Portugal, y quedando igualmente por debajo, en lo que se refiere a activos por empleado, de los países comunitarios fuertes; ello se debería, entre otros factores, a la existencia de un número excesivo de oficinas, como lo demostraría el hecho de que España tiene la mitad, aproximadamente y como media, de habitantes por oficina que el resto de los países comunitarios: en 1982 eran 1.417, frente a los 4.887 de Italia y los 2.773 de la República Federal de Alemania. En este terreno, la adecuación de la banca española ha comenzado hace ya algunos años. En efecto, frente a un fuerte aumento del número de oficinas en el período 1975-1982, en el que la media de aperturas fue de 1.219 oficinas por año, nos situamos en el Período 1983-1985, en el que la media baja a 398, produciéndose en 1986 un hecho significativo: no sólo no se abren más oficinas, sino que se cierran 97. Paralelamente, la banca ha destruido, entre 1983 y 1986, 12.238 puestos de trabajo. Una reconversión silenciosa. Visto desde esta perspectiva, las fusiones no serían un hecho imprevisible, sino el segundo paso de la reconversión iniciada en los primeros ochenta.
El objetivo está claro, aunque los medios para conseguir una mayor competitividad frente a la banca extranjera entendemos pueden ser diversos: sindicación, mayor especialización o convenios de colaboración, etcétera. Los pasos dados hasta el momento sólo avanzan en una dirección: las fusiones.
Quedan muchas incógnitas aún sobre la evolución previsible de los acontecimientos, y no es la menor el destino de los grupos bancarios de los siete grandes, readecuaciones y minifusiones en el grupo Bancaya, rumores de venta del Banco Mercantil de Tarragona -perteneciente al grupo Hispano- y reordenación del mismo, o el destino de los medianos. Es imprescindible clarificar asimismo el futuro de la banca oficial y contemplar la viabilidad de una fusión Exterior-Instituto de Crédito Oficial que conservara su titularidad pública y ejerciera una competencia con la banca privada en su propio terreno.
Si alguna virtualidad ha tenido el frustrado proceso de fusión Bilbao-Banesto ha sido la de explicitar la necesidad de proceder a una profunda reordenación del sistema financiero; los objetivos están apuntados, y los medios, también: fusiones entre bancos españoles o tomas de capital por parte de los grandes bancos extranjeros. La importancia estratégica del sector financiero hace imprescindible una discusión sobre objetivos, medios y fines entre todas las partes implicadas.
El Gobierno parece tener claro estos extremos -no cabe interpretar de otra manera las reiteradas declaraciones de Carlos Solchaga y del propio Felipe González en favor de las fusiones-, pero tiene la obligación de definirse sin ambigüedades y falsos neutralismos sobre el sistema financiero que quiere y discutir en el Parlamento, y con banqueros y sindicatos, sus pretensiones. El carácter público y social de las entidades bancarias, en tanto que depositarias del ahorro de los ciudadanos, hace imprescindible el control de los procesos que se inicien, asegurando la viabilidad de los mismos.
La existencia de cuantiosas bonificaciones fiscales al proceso de fusiones exigiría un control público y parlamentario del mismo, al tiempo que exijamos la participación del Estado en el capital de las empresas fusionadas en proporción a las bonificaciones recibidas. La batalla por crear y consolidar una banca pública ha de darse también en este proceso, al tiempo que se lucha contra la privatización del Banco Exterior de España.
Es curioso observar cómo en los últimos tiempos se ha invertido el tradicional dominio de los sectores productivos por parte del capital financiero y asistimos a una incursión de los sectores más dinámicos del empresariado industrial en el mismo centro del capital bancario que ha dominado tradicionalmente en este país. Un asalto de la burguesía más dinámica, la fracción transnacional, a los castillos de la oligarquía financiera. Esto queda para politólogos e historiadores.
El empleo
Entendemos ocioso y estéril tomar partido a favor o en contra de las fusiones, no sólo porque entendemos que resultaría más creativo elaborar las pautas a seguir para evitar los desastrosos efectos que algunos auguran sobre el empleo si, finalmente, se generalizá el proceso de fusión bancaria. En este terreno, los trabajadores y sus sindicatos tenemos cosas que decir y capacidad de intervención a través de la negociación colectiva.
CC OO, como fuerza mayoritaria en el sector, asume su responsabilidad en el convencimiento de que existen medios, a través de la contratación colectiva, que eviten una reducción traumática del número de puestos de trabajo. Esto ya es el segundo frente del debate.
Resulta evidente que un proceso de fusiones supondría una cierta duplicación de oficinas, por lo que parece obvio que tendría que producirse el cierre de un buen número de sucursales sin que, según nuestro criterio, ello suponga un peligro para el empleo. Ya vimos que el número de habitantes por oficina es muy inferior en el caso español que en el de los países europeos. Los grandes bancos europeos tienen enormes plantillas y un número relativamente reducido de oficinas: el Barclays Bank tiene 105.000 trabajadores y 5.400 centros de trabajo; el Deutsche Bank, 48.900 empleados y 1.150 oficinas; la Banca Nationale de Paris, 59.300 y 2.600.
Sucursales más grandes, con más personal, prestadoras de más servicios y con mayor autonomía administrativa. Si se procede a las fusiones, los sindicatos deberían apostar por ese modelo.
En una situación como la que se avecina, los sindicatos, en nuestro sector, debemos abordar la negociación colectiva haciendo hincapié en dos aspectos que, contrarrestando los problemas reseñados, palien los efectos temidos sobre el empleo. Por un lado, una reclasificación de categorías que racionalice las funciones del trabajador de banca desde una doble perspectiva: la de ajustarlas a la realidad de lo que son hoy las actividades bancarias, resaltando la obsolescencia de las actualmente definidas en una reglamentación de casi 40 años de antigüedad, y por otro, restableciendo la relación función-categoría, rota en el convenio colectivo de 1980.
El preacuerdo firmado el 6 de octubre por CC OO, UGT y FITC resulta consecuente con las líneas reseñadas, al abrir la escala administrativa, la más numerosa del sector, a trabajos que, como la promoción comercial, irán en aumento. La aplicación del citado preacuerdo supondrá una fuerte innovación en el sector y un medio más de garantía para el futuro del empleo en el sector. En próximas negociaciones se abordará la reclasificación de la escala de técnicos, que supone más de un 30% de los trabajadores del sector.
Por último, un buen elemento de comparación con la banca europea, desde el punto de vista laboral, es el de la jornada de trabajo. La media es, para la CE, de 37,25 horas de trabajo semanal, mientras que en nuestro país, y en tanto no se aplique el preacuerdo firmado el 6 de octubre, se trabajan 40 horas. Aplicarlo supondría una reducción de más de 12 millones de horas de trabajo para todo el sector, quedando la jornada semanal en 37,5 horas de media a lo largo del año. Seguir profundizando en la reducción de jornada, en el camino hacia las 35 horas de trabajo semanal, ha de ser un objetivo a conseguir a medio plazo.
Resumiendo: no hagamos catastrofismo; una reordenación del sistema financiero tiene diversas vías: colaboración interbancaria, especialización, etcétera; pero si el camino elegido es, finalmente, el de las fusiones, los sindicatos hemos de ofrecer alternativas en la negociación colectiva que garanticen el empleo: reclasificación, formación y reducción de jornada.
En el plano más general, control y transparencia en el proceso, en evitación de maniobras especulativas que, a medio plazo, resultarán gravosas social y económicamente para este país y, fundamentalmente para los trabajadores; mantenimiento de una banca pública competitiva y, toma de posiciones por parte del. Estado en las empresas fusionadas. Estos y los anteriores son nuestros objetivos.
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