La política social del Gobierno, a través del espejo de las estadísticas

En primer lugar, los datos. En materia de déficit, la OCDE estimaba en 1987 que, mientras España incurría en uno del 5%, Alemania estaba en el 1,7%, Francia en el 2,8%, el Reino Unido en el 2,1 %, EE UU en el 2,4%, Canadá en el 4,4% y Japón en el 1,2%. Tan sólo Italia, de entre los siete grandes, tenía déficit superior al español. (Se trata de estimaciones del déficit en términos de contabilidad nacional a partir de la situación en 1986).En lo que se refiere al llamado superávit del Inem, éste no es tal. En 1987, el sistema de protección por desempleo (única área en la que el Inem puede incurrir en déficit por tratarse de créditos ampliables) se cerró con un déficit de 8.150 millones de pesetas si no se incluye el régimen especial agrario (REASS), y de 35.580 incluyendo este último. Es cierto que el sistema previsiblemente arrojará en 1988 un superávit, pero no de la magnitud estimada por CC OO: estará en torno a los 41.000 millones sin incluir el REASS y en torno a los 21.000 millones incluyéndolo. Ello sin considerar la ampliación de prestaciones que se está discutiendo y que previsiblemente entrará en vigor en otoño.

Por lo que afecta al número de beneficiarios de la acción protectora es cierto que sólo 800.000 personas perciben mensualmente las prestaciones de desempleo consideradas éstas en sentido estricto, pero también lo es que 250.000 personas reciben las prestaciones REASS y que 125.000 personas tienen la prestación en trámite y, cuando se resuelva, percibirán los atrasos. Eso eleva a 1.225.000 personas el número de beneficiarios de prestaciones. Además, medio millón de desempleados son beneficiarios del plan FIP, 175.000 han capitalizado ya sus prestaciones y 300.000 son beneficiarios de convenios Inem-Ayuntamientos. Eso eleva a 2.200.000 el número de personas acogidas a medidas de protección, sea ésta meramente pasiva o -lo que a todas luces resulta mejor- activa, esto es acompañada de medidas de inserción profesional. Eso sin considerar las medidas de fomento para la contratación privada.

Necesidades reales

El Gobierno está decidido además a proteger todas las situaciones de necesidad real deriva das del desempleo. La estimación de estas situaciones se eleva a un colectivo adicional de entre 200.000 y 250.000 personas, que son las que han venido agotando las prestaciones sin haber encontrado un empleo. Lo que el Gobierno no admite es abrir los subsidios de desempleo a situaciones cuya necesidad no puede verificarse objetivamente, y cuya única prueba real sea la inscripción en el Inem, ya que ello provocaría una inscripción masiva con el exclusivo fin de percibir el subsidio, cosa que nada tiene que ver con el supuesto paro potencial, sino con la inactividad. Para las personas que nunca han trabajado, la acción protectora va asociada siempre al trabajo y/o la formación profesional. Además, para los jóvenes es preferible subvencionar su contratación que darles un subsidio. Las situaciones de necesidad entre los jóvenes no contratados se cubren a través de las escuelas-taller y casas de oficios. Por lo demás, la voluntariedad de la inscripción en el Inem no tiene intencionalidades inconfesables, y mucho menos la de trucar las estadísticas laborales (véase la entrada E). Se trata sencillamente de ahorrar al ciudadano trámites innecesarios, ya que sólo se debe obligar a hacer algo -lo que supone una restricción a la libertad- cuando se trata de conseguir un bien o preservar un derecho superior. La obligatoriedad por sí misma es rechazable. Con ello, y con la eliminación para las empresas de la obligatoriedad de cursar las ofertas nominativas antes de registrar el contrato, se ahorrará el 80% del trabajo burocrático del Inem, que podrá destinarse a prospección de empleo y a orientación profesional. Si eso es entendido por CC OO como servilismo hacia las empresas, tanto peor. No deja de ser la única forma conocida de ayudar a colocar a los desempleados.

Todas estas actuaciones están requiriendo un esfuerzo presupuestario muy importante, que debe financiarse con cuotas o con impuestos. La regla adoptada en la ley de Presupuestos para 1988 es que las prestaciones dirigidas al colectivo previamente asegurado se financien de forma creciente con cuotas y el resto de actuaciones con impuestos. La apelación de CC OO al déficit no tiene en cuenta que estamos en una fase de crecimiento acelerado y que aumentar el déficit en estas circunstancias recalentaría la economía, dispararía la inflación y obligaría a tomar medidas contractivas. Reducirlo, en cambio, refuerza el potencial de crecimiento sostenido del empleo.

Para Comisiones Obreras, las estadísticas laborales españolas están trucadas. Según este sindicato, lo de menos es que se excluyan de forma subrepticia del paro registrado a 868.000 personas o que el Gobierno considere empleadas a personas que trabajan una hora a la semana. ¡Lo grave del caso es que la baja tasa de actividad española (10 puntos menos, según CC OO, que la media europea) encubre un paro potencial de 5,6 millones de personas -además de los parados oficiales- que se apuntarían al paro si se les obligase a registrarse en el Inem! ¡Vistas así las cosas, el crecimiento del paro registrado entre 1982 y 1987 es una cifra ridícula en comparación con su crecimiento potencial! ¡Y eso al margen de cualquier polémica sobre el crecimiento del empleo!

La enormidad de estas ideas y su tremendismo saltan a la vista. Sumándolo todo y redondeando un poco, en España tendríamos ahora 10 millones de parados, millón más... millón menos, que en eso a CC OO no le duelen prendas. Podría incluirse también a los 2,6 millones de estudiantes mayores de 16 años, y a mucha gente más.

Actividad femenina

Me confieso responsable de la cifra de 5,6 millones, pues la comenté en una de las mesas de negociación: es el número de mujeres que se incorporarían a la población activa si de pronto la tasa de actividad femenina se igualase a la de los hombres. ¡Pero eso no sucede en ningún país del mundo! En Francia, de seguir esa regla, habría ocho o nueve millones de parados más. Tampoco esa situación es el futuro inexorable; depende de parámetros culturales. Holanda, por ejemplo, tiene la misma tasa de actividad femenina que España, y sin embargo su renta per cápita es muy superior. De cualquier manera, en las proyecciones de población activa para el próximo decenio (con un crecimiento de dos millones de personas, el 75% de las cuales serán mujeres) ya se incluye la hipótesis de igualación de nuestra tasa de actividad a la media europea.

Luego viene eso de los empleados de una hora a la semana. No es cierto que sea ése el criterio del Gobierno. Es el criterio de la OIT y de la CE. Pero no hay que asustarse, porque de estos empleos hay muy pocos: vienen a ser entre 50.000 y 70.000, y antes de la reforma de la EPA eran más o menos los mismos y se les llamaba ocupados marginales, nunca parados. Son los que trabajan menos de un tercio de la jornada normal.

A CC OO tampoco le gusta que a las personas inscritas en el Inem pero que ya tienen empleo o son estudiantes a tiempo completo se les denomine demandantes, no parados. ¡Qué se le va a hacer! Son los criterios OIT, de uso obligado para España a efectos de armonización de las estadísticas sociales de la CE. De otro modo podrían acusamos de hinchar nuestras cifras de paro para recibir más ayudas del Fondo Social Europeo (FSE). Además, la estadística de desempleo más rigurosa es siempre la EPA, cuyas cifras vienen a coincidir con las del Inem. De poco valdría si se quisiera hacer -que no se quiere- provocar reducciones ficticias en una de ellas; las cifras de la EPA seguirían ahí para testimoniarlo.

¿Y qué decir de esa afirmación de CC OO según la cual poco importa lo que crezca el empleo (cuyo hecho sólo les interesa como motivo de polémica) mientras haya crecido el paro? ¡Si precisamente parte del crecimiento del paro proviene de la incorporación a la búsqueda de trabajo de mucha gente, alentada por el fuerte crecimiento de las nuevas oportunidades de empleo! Lo razonable sería afirmar lo contrario, pero ya resulta significativo el que no haga falta utilizar en este prontuario la entrada empleo, que CC OO sólo menciona de pasada. ¡Lo que interesa es hacer las cuentas del gran capitán del paro!

En resumen, que CC OO se equivoca de metáfora. Continuando con Lewis Carroll, el Gobierno no está en el país de las maravillas, sino que su política se refleja nítidamente a través del espejo de uno de los sistemas de estadísticas laborales más rigurosos de Europa y tan fiable como los de cualquier otro país democrático, en los que estas estadísticas son elaboradas por miles de funcionarios independientes y se encuentran sometidas a la crítica libre de la opinión pública y al control permanente de los organismos internacionales.

F. Flexibilidad del mercado de trabajo. Ésta es, con mucho, la entrada más jugosa y la política más denostada por CC OO. Según este sindicato, el Gobierno pretende desregular por completo el mercado de trabajo, creando en España un paraíso de la contratación temporal para generalizar el empleo precario mediante la sustitución de plantillas estables por eventuales. Con ello, se crearía una psicología sumisa en los trabajadores, afectados a su vez por una oleada creciente de despidos y expedientes de regulación de empleo, con los que el Gobierno practica la manga ancha. Además, con el anunciado plan de empleo juvenil se trataría de esclavizar a la juventud, frase que, como el resto de aseveraciones apocalípticas, se descalifica por sí sola.

Manipulación estadística

Tampoco falta aquí la manipulación estadística: se dice, por ejemplo, que sólo el 5,3% de los contratos registrados en el Inem son indefinidos. Se omite en cambio señalar que sólo es obligatorio registrar los contratos temporales y un pequeño número de indefinidos acogidos a programas de fomento del empleo (en torno al 5% del total). Es natural, porque de ser cierta la pretensión de CC OO según la cual no existen contratos indefinidos, en vez de haber casi un 80% de trabajadores con contrato indefinido en las empresas, ese porcentaje sería exiguo. Al hacer comparaciones con otros países europeos, CC OO omite señalar que en otros países el papel que en España desempeñan los contratos temporales lo juegan los contratos a tiempo parcial (que vienen a representar el 20% del mercado de trabajo: véase Europa a tiempo parcial, en la colección Informes del Ministerio de Trabajo). Tampoco se menciona que existen allí las empresas de trabajo temporal, que evitan el tener que registrar como un contrato cada contacto entre una empresa usuaria y un trabajador temporal. En cualquier caso, los derechos garantizados en España a los contratados temporales son superiores a los de la mayoría de los países de la CE y, en algunos casos, superiores incluso a los derechos legales de los empleados estables.