Reforma, ¿para quién?

Una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas ponía en evidencia la valoración mayoritariamente negativa de la sociedad española -por encima del 55%- en cuanto a la influencia sobre nuestro sector agrario que se deriva de los cambios introducidos por la Unión Europea. De igual modo, casi un 40% de los españoles considera "poco" beneficiosa para la agricultura la pertenencia de España a la UE, casi el 50% cree que España influye "poco" en las decisiones que se toman en materia agraria en la UE y cerca de un 60% tiene una consideración negativa respecto a la labor del Gobierno español en la UE.De estos resultados se desprende un preocupante estado de ánimo de los españoles a la hora de relacionar agricultura y Unión Europea, que ayuda a comprender, en buena medida, la incertidumbre y las respuestas contradictorias que está provocando la Comisión Europea con su propuesta de reforma para el sector del aceite de oliva.

Por ello, parece conveniente una reflexión en tomo a este tema que contribuya, cuando menos, a aclarar algunos conceptos erróneos y desvelar zonas oscuras en el debate generado por los documentos elaborados hasta ahora por la Comisión Europea.

En primer lugar, y sin pretender ser exhaustivo, es necesario reflexionar sobre las principales cifras del aceite de oliva en España, porque de ellas se desprende, con gran claridad, la dimensión de este sector:

-El olivar es un cultivo con un fuerte y evidente carácter social: casi 400.000 explotaciones, con 120.000 puestos de trabajo autónomos, a los que hay que añadir 46 millones de jornales que genera cada año y los 8.000 puestos de trabajo en almazaras e industrias de envasado.

- El olivar aporta el 5,2% de la producción final agraria española, el 25% de la andaluza y nada menos que el 80% de la de Jaén. Con una distribución geográfica que coincide con las zonas social y económicamente más desfavorecidas.

- El sector del aceite de oliva en la UE es un sector equilibrado en el tiempo en cuanto a la producción y el consumo. No hay expectativas de excedentes para los próximos años que no puedan ser absorbidos por el mercado. Sin olvidar, porque está muy reciente, el desequilibrio que genera una sensación de escasez de oferta como la generada hasta hace unos meses por la sequía.

- Se trata de un producto de alta calidad, con unas posibilidades de futuro esperanzadoras de acuerdo con sus características nutricionales y bromatológicas, lo que hace que su consumo esté en continuo aumento.

A partir de los datos básicos del sector, y de acuerdo con la lógica natural de la política agraria común, sólo se justifica la reforma de un sector cuando su organización común de mercado (OCM) no cumple los objetivos para los que fue creada. Algo que no sucede con el aceite de oliva, porque la OCM actual ha supuesto un avance espectacular en mejora de la calidad, el incremento del consumo, la garantía a los consumidores, y el mantenimiento de la renta de los agricultores. Además, tampoco hay en este caso la presión de terceros países por el control del mercado mundial, como el existente con otros productos tras los acuerdos del GATT y la nueva Organización Mundial del Comercio.

Sobre esta base, a la pregunta "reformar, ¿por qué? sólo cabe la respuesta que se desprende de los dos documentos elaborados al respecto por el comisario de Agricultura, Franz Fischler, el primero en 1996 (nou paper) y el segundo, denominado "de opciones", conocido en febrero pasado. En ambos casos, Fischler justifica la necesidad de reformar en un único argumento: acabar con el fraude; un término que se repite con obsesión, hasta convertirse en razón última de la propuesta de reforma y de su principal contenido: la sustitución de las actuales ayudas a la producción por ayudas al árbol sobre el criterio de que "los árboles se cuentan".

Lógicamente, contra el fraude estamos todos, y los pequeños agricultores españoles, de manera muy especial. Por tanto, nada habría que objetar a esto si de verdad lo que se trata de conseguir con la propuesta de reforma es acabar realmente con el fraude o si, la reforma propuesta fuera la única solución posible. Sin embargo, la intención que se esconde tras esta formulación es la de utilizar el fraude para imponer una reforma no habiendo voluntad de acabar con el fraude, sino todo lo contrario, institucionalizarlo y consagrarlo para siempre, además de eludir responsabilidades, que la propia Comisión pueda tener históricamente en la tolerancia de dicho fraude.

Se pone un gran énfasis en la denuncia del fraude, pero parece como si se tuviera miedo de señalar cuáles son sus causas y dónde se produce. En este sentido, cabe diferenciar dos tipos de fraude, el de funcionamiento, que es aquél que es debido a la propia marcha de los mecanismos de la OCM, que se da en todos los sectores, con mayor o menor incidencia, según la complejidad de la reglamentación (para este sector, según reconoció el propio comisario ante el Parlamento Europeo, se cifra en un 2%, frente al 1,4% de fraude global), y el fraude de fondo, al que no se refiere el documento y el verdaderamente preocupante y alarmante. Es aquél que se vale de resortes que deja sueltos la normativa para incrementar en una cuantía significativa la cantidad de aceite por la que se solicita ayuda.

Aceptada la necesidad de luchar contra el fraude debemos rechazar que para alcanzar ese objetivo sea necesario reformar la OCM del sector tal y como pretende la Comisión Europea, porque sus consecuencias se dejarán notar, a buen seguro, en la estabilidad socioeconómica de todas las zonas olivareras de nuestro país, al tiempo que disminuirá la calidad del aceite de oliva y con ello desalentaría el consumo.

La meta no debe ser, por tanto, reformar el mercado para acabar con el fraude. Muy al contrario, la Comisión Europea tiene la responsabilidad de descubrir dónde está el fraude y quién lo produce, para a continuación aplicar medidas que conduzcan a su erradicación.

De igual modo, el Gobierno español no puede aceptar bajo ningún concepto que se sienten las bases de una reforma tan importante para España sin clarificar adecuadamente la situación de partida; rechazando la pretensión de convertir este problema en un enfrentamiento entre los principales productores comunitarios, España e Italia, aceptando desde esta base la necesidad de negociar con Italia.

Como respuesta a esas pretensiones hay que apostar por vías de consenso, como única garantía de futuro, uniendo intereses en defensa de un mercado transparente y competitivo, que apoye a los agricultores profesionales y evite el aprovechamiento de las ayudas, por parte de productores especulativos.

La mejor solución, y la única aceptable para los intereses españoles, pasa por acercar la pretendida reforma e intensificar los esfuerzos por clarificar la situación. Es el momento de exigir a la Comisión que utilice todos los mecanismos para llegar a dibujar una realidad cierta, no sesgada y parcial como la que se desprende de los documentos elaborados hasta ahora por el comisario de Agricultura de la UE.

Porque nunca antes, desde el proceso de reforma de la política agraria común iniciado en la primavera de 1992, se había partido de un documento de trabajo tan sesgado y parcial. No es casualidad que sea así, porque se trata de un instrumento que pretende, por una parte, el "borrón y cuenta nueva" a la situación actual -donde la Comisión e Italia tienen mucho que ocultar y temer-, y por otro lado, procurar un reparto lo más fácil posible del dinero comunitario que evite posibles responsabilidades de la Comisión en el futuro, hasta concluir en una previsible institucionalización de una situación absolutamente fraudulenta que, según algunas fuentes, se cifra en un incremento de la producción de aceite de papel [aceite ya subvencionado que se vuelve a cobrar] de 200.000 a 250.000 toneladas para Italia.

Es difícil creer que se pueda decir en una propuesta de esta importancia que España, con una superficie de olivar de casi el doble que Italia, produce una cantidad similar de aceite, y que Grecia, con tres millones de árboles más que Italia, produce un 30% menos de aceite.

Para España, sin entrar en el análisis detallado, cualquier reforma que se plantee desde Bruselas, con un presupuesto congelado y basada en los datos históricamente aceptados por la Comisión, es totalmente negativa, ya se trate de ayuda por árbol o por producción real.

Ante ello, y como última reflexión, cabe preguntarse ¿qué hace el Gobierno español? Al parecer, convencido de que la única forma de evitar una reforma contraria a los intereses de España pasa por negociar con los países productores, se está metiendo en un proceso negociador con Italia cuyo resultado parece cantado desde antes de su inicio. Pues ¿qué razón puede tener Italia para negociar con España su principal competidor en el reparto del dinero comunitario, cuando las dos opciones de partida de la Comisión tienen como trasfondo preservar los intereses de Italia, cuando a la propuesta del comisario se le está denominando la propuesta italiana? ¿Cómo puede ser tan corto de perspectivas para sentarse a negociar diferentes formulaciones de la OCM cuando la situación de partida es manifiestamente incierta y contraria a los intereses españoles? ¿No sería mejor congelar la propuesta de reforma y aparcarla, como se hizo en su día con el vino, y paralelamente iniciar un proceso clasificador del sector para, en una segunda fase sentar unas bases sólidas para la reforma?

La Unión de Pequeños Agricultores, convencida de que no se pueden plantear soluciones a un problema que aún está por definir, va a iniciar un proceso de movilizaciones para conseguir que algo tan importante no dependa de una arbitrariedad técnica ni de una falta de previsión política. Es mucho lo que el olivar español. se juega en este envite.