El PSOE achaca al vicepresidente González la adjudicación sectaria de canales de televisión
El 'número dos' del Ejecutivo regional asegura que el concurso fue transparente
El grupo socialista en la Asamblea de Madrid ha pedido al vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González, que dimita porque el PSOE le considera responsable de la "adjudicación sectaria, partidista e irregular" de las concesiones de los canales de televisión digital terrestre en la Comunidad de Madrid. Según el diputado socialista Andrés Rojo, González "se ha negado a dar marcha atrás al proceso a pesar de los evidentes indicios de irregularidad y las numerosas impugnaciones y recursos que han sido interpuestos contra el mismo".
El vicepresidente González defendió la "objetividad y transparencia" del expediente de adjudicaciones de los canales de televisión digital -al que aún no han tenido acceso los grupos de la oposición-, y acusó al PSOE de tener "poco talante democrático" diciendo que "debería aceptar las condiciones del concurso".
El pasado 6 de agosto, el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó 30 licencias para la emisión de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad de Madrid. De esas 30 licencias, la Iglesia católica obtuvo cinco; el periodista de la Cope Federico Jiménez-Losantos obtuvo cuatro, el mismo número que consiguió Antena 3; Blas Herrero, el dueño de la emisora de radio Kiss FM, recibió dos, mientras que el diario El Mundo e Intereconomía tuvieron una cada uno. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, obtuvo 10, y José Frade, tres, aunque no en Madrid capital, donde ya emite. Otras televisiones, como Localia, del Grupo PRISA, que edita EL PAÍS, no recibió ninguna concesión pese a llevar emitiendo en Madrid desde hace cinco años.
"Amigos y enemigos"
Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, el diputado Rojo consideró que se ha cometido un "grave atentado al principio democrático del derecho a la pluralidad informativa por el Gobierno regional", en la adjudicación de los canales de TDT. En su opinión, "el objetivo" que hay detrás de estas adjudicaciones no es más que apoyar la política electoral del PP y dividir a la sociedad madrileña entre "amigos y enemigos" del Gobierno regional.
El vicepresidente González se defendió acusando al PSOE y tildando de "concurso ilegal" la adjudicación por parte del Gobierno central de un nuevo canal analógico (en referencia a Cuatro). González aseguró que las quejas de la oposición respecto a que el Gobierno regional ha dado las concesiones a sus "amigos", significaría sensu contrario que no se las ha dado a los amigos del PSOE e IU.
Rojo respondió a las acusaciones de González diciéndole que la forma de defender la legalidad de los procedimientos es "utilizar la vía del recurso" y anunció que el PSOE irá "por la vía contencioso administrativa" para impugnar el concurso que considera irregular.
El portavoz de IU Fausto Fernández calificó las concesiones dadas por la presidenta Esperanza Aguirre de "acta de defunción de la pluralidad informativa en la Comunidad de Madrid", y aseguró que las adjudicaciones parecen más "las de un régimen en las que no entra nadie que no esté con el PP". En su turno, el diputado popular David Pérez contestó al parlamentario asegurando que IU "sí que sabe mucho de regímenes no democráticos".
Tanto Rojo como Fernández pusieron como ejemplo de irregularidad el hecho de que en el pliego de condiciones se estableciera un plazo de concesión por 5 años y que éste fuera aumentado a 10 una vez resuelto el concurso. Según Rojo, el plazo de la concesión es una condición esencial del concurso, "ya que probablemente habría empresas que se hubieran presentado si, en vez de cinco años, el pliego de condiciones hubiese incluido los 10 años de concesión".
Ampliación
González aseguró que esta ampliación se ha realizado de acuerdo con la legislación nacional aprobada por el Gobierno en junio y que, según el ministro de Industria, José Montilla, "sirve para homogeneizar el plazo de concesión" de todas las televisiones que emiten en el territorio español.
El vicepresidente González reprochó a los diputados de la oposición que "no impugnaran los requisitos del concurso en su momento", a la vez que les acusó de "defender intereses de parte, y no los intereses generales".
El socialista Rojo recordó a González que tras la remodelación del Gobierno regional dejó varias de sus competencias al actual consejero de Presidencia, Francisco Granados, y que el vicepresidente tiene dos grandes competencias: "El agua y la radiotelevisión de la Comunidad de Madrid". Rojo achacó al número dos del Ejecutivo autonómico que en ambos asuntos es "el campeón del conflicto y la confrontación".
"Usted, que no hace más que generar problemas, podría decidir marcharse y así facilitaría a los ciudadanos contar con un Gobierno mejor", le espetó Rojo a González. A lo que éste respondió parafraseando una frase que ha puesto de moda un anuncio televisivo: "Pues va a ser que no".
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