Chiclana agiliza los trámites para regularizar 10.000 viviendas ilegales

El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), gobernado por el socialista José María Román, está ultimando los trámites administrativos y urbanísticos para regularizar en los próximos años unas 10.000 viviendas ilegales construidas en las últimas décadas sin permiso municipal o sobre terreno no urbanizable en el extrarradio de esta localidad de la bahía de Cádiz.

Tras la aprobación del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), el consistorio chiclanero ha suscrito tres convenios con la Consejería de Medio Ambiente, Sevillana Endesa y con los Colegios de Arquitectos y Aparejadores de la provincia de Cádiz para facilitarles las gestiones a los propietarios de estas viviendas irregulares, a la vez que rebajarles el coste económico que tendrán que asumir en el largo proceso para regularizar las construcciones.

Chiclana ha experimentado un importante crecimiento poblacional en los últimos años gracias a su pujanza turística y económica, y a la masiva construcción de viviendas en las dos últimas décadas. Muchas de estas viviendas no estaban regladas porque fueron construidas sobre suelo rústico o urbano no edificable.

La regularización de estas viviendas 10.000 viviendas es la opción que defendió el actual consistorio ante el "coste social y económico" que supondría la demolición de decenas de promociones enteras.

Tras siete años de estudio y negociación, el plan general aprobado por la Junta recoge la herramienta para regularizar estas viviendas. El consistorio ha diseñado 19 áreas de gestión en el extrarradio de Chiclana, con más de 18 millones de metros cuadrados de superficie global. En cada una de estas unidades se agrupan centenares de viviendas irregulares con la idea de facilitarles una regularización conjunta.

Todos los propietarios deberán cumplir un doble trámite para legalizar sus viviendas. Para su regularización civil y administrativa, deberán presentar un proyecto de la vivienda. El convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Chiclana y los Colegios Oficiales de Arquitectos y Aparejadores permite abaratar los costes del proyecto hasta en un 50%. De los 6.000 euros de media que cuesta el proyecto de una vivienda en esta localidad, los propietarios podrán encargar este documento obligatorio por unos 3.000 euros.

Con todo, los trámites no acaban aquí. Los dueños de las casas solicitarán formalmente la legalización de sus casas con el proyecto, lo que acarreará un coste de gestión menor en las oficinas municipales.

Una vez aprobado por el consistorio, los propietarios deberán abonar unos gastos para urbanizar la zona y dotarla de todos los servicios básicos de agua, luz y basura. Estos propietarios tendrán que pagar la mitad de los 42 millones de euros que costará canalizar toda la red de abastecimiento de agua a estas 19 áreas de gestión. El otro 50% lo aportará la Junta gracias al acuerdo con el ayuntamiento. Otro convenio parecido es el suscrito con Sevillana Endesa para dar cableado eléctrico a todas las viviendas.

El consistorio negocia con varios bancos para que los propietarios con más dificultades económicas puedan obtener créditos en condiciones ventajosas para satisfacer los gastos que tendrán que abonar en los próximos meses. "Cada vez está más cerca el final de un largo proceso para que la administración local, los técnicos y los particulares podamos regularizar y dotar de todos los servicios básicos a la Chiclana residencial que ha surgido, pero con la premisa básica de que estos servicios serán para quien pague", afirmó ayer José María Román, alcalde de Chiclana.

El plan general contempla también la construcción de unas 1.500 viviendas de promoción pública, así como proyectos que se consideran "estratégicos" para el futuro desarrollo de esta ciudad, como la nueva Plaza Mayor, el complejo polideportivo de Huerta de Mata o el nuevo puente entre la avenida Reyes Católicos y Carabina.