El desafío urbanístico de Pedro Rodríguez

Al sur de la ciudad de Huelva, en el espacio que limitan su casco urbano, la ría y el polo químico, se abre un gran paisaje conocido como Marismas del Titán. Un espacio, que se ha convertido, desde hace tres años, en un campo de batalla virtual entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. El gobierno local que dirige Pedro Rodríguez (PP) quiere basar en estas 120 hectáreas, que adquirió en 1998 a Ercros por 600.000 euros, la ampliación de la ciudad hacia el sur. Aquí, alrededor del nuevo estadio de fútbol, planea construir 3.500 viviendas, una gran superficie comercial, un complejo deportivo, la futura Ciudad de la Justicia, varios centros escolares y hasta una nueva catedral. Lo que Rodríguez considera el "proyecto más importante de los últimos cincuenta años" incluye también la nueva estación de la futura línea de AVE y un paseo marítimo.

El proyecto también ha sido una notable fuente de ingresos para el Ayuntamiento. En 2003 convocó un concurso público para vender 66,4 hectáreas de este suelo municipal. El grupo murciano Trusam, del empresario Jesús Samper, ganó la puja, con una oferta de 66 millones de euros, cien veces más que lo que pagó el Ayuntamiento a Ercros por todo el terreno.

Pero aquí surge el primer problema con la Junta: el concurso debía haber contado con la autorización previa de la Consejería de Gobernación, que es imprescindible cuando una corporación local plantea una operación cuyo importe supera el 25% del presupuesto municipal (en este caso, suponía más del 30%). El permiso no llegó, pero el Ayuntamiento convocó el concurso al entender que había pasado el plazo para que Gobernación se pronunciara y que el silencio administrativo era equivalente a una autorización. La Consejería consideró que ni el plazo había transcurrido ni el concurso había cumplido con algunos requisitos técnicos y recurrió la decisión del Ayuntamiento.

Tras un largo periplo de recursos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró la pasada semana la suspensión cautelar del concurso y venta de las 66,4 hectáreas de terreno hasta que dictamine sobre el fondo de la cuestión. Pero el Ayuntamiento ha hecho oídos sordos de la decisión judicial y ha respondido que piensa seguir adelante con los trámites para llevar a cabo la construcción del proyecto, escudándose en que los terrenos ya están vendidos.

A la Junta se le abre un horizonte conocido. Un paisaje en el que la política urbanística de hechos consumados llevada a cabo por algunos ayuntamientos y constructores, especialmente de la Costa del Sol, ha derivado en una selva de ladrillos ilegales que luego no deja más salida que la demolición. ¿Puede ocurrir lo mismo con el proyecto de Huelva? El Ayuntamiento no ha alterado su guión: va a proceder a la reparcelación de los terrenos y quiere aprobar antes de Navidad el proyecto de urbanización, licitarlo y, a partir de ahí, dar licencias de obra a los particulares.

Cumplir el auto judicial

Fuentes jurídicas señalan que el camino a seguir por la Junta si Rodríguez se mantiene en su postura, es reclamar al TSJA que para hacer efectivo su auto, obligue al Ayuntamiento a depositar la cantidad de dinero equivalente a la venta de los terrenos en instancias judiciales -por si dicha venta es ilegal y haya que devolverlo- hasta restringir las facultades inherentes del comprador para ejercer como tal en ese territorio.

El litigio no se acaba ahí. Más allá de la autorización de la venta de suelo, el núcleo de las diferencias entre la Junta y el Ayuntamiento está en el desarrollo del proyecto. El Ayuntamiento mantiene que esta operación urbanística se puede tramitar como un plan parcial -y así lo ha hecho- por lo que fue aprobado de forma directa por el pleno municipal. La Junta rechazó tomar en consideración ese plan, porque estima que desarrolla suelo que no estaba previsto en el plan urbanístico de Huelva en vigor al sumar 3.500 nuevas viviendas a las 20.000 planificadas. Obras Públicas recordó en varias ocasiones al Ayuntamiento que, en estos casos, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía exige que se tramite un plan de sectorización, más complejo, en el que se justifique ante la Consejería de Obras Públicas si la transformación del suelo para su utilización inmediata se integra en las necesidades globales de la ciudad y del territorio.

Ante la renuncia del Ayuntamiento a tramitar un plan de sectorización, Obras Públicas planteó este año otro recurso ante el TSJA, que aún no se ha pronunciado. En todo caso, los recursos judiciales aún no han llegado a la discrepancia de fondo: la Junta no ve con buenos ojos los usos establecidos por el Ayuntamiento para suelos de propiedad municipal.

"El planteamiento de la Consejería de Obras Públicas es que todas las intervenciones que tenga que realizar la Junta en materia urbanística en el Ensanche Sur, serán totalmente escrupulosas con respecto a la legalidad. Es decir, nosotros nos opondremos y no autorizaremos, cuando sea necesario, todo aquello que vaya en contra de las resoluciones judiciales dictadas", afirma el delegado de Obras Púbicas en Huelva, Gabriel Cruz, quien espera que el Ayuntamiento vuelva a "la cordura" y acate el primer auto judicial por la denuncia de Gobernación.

Si el Ayuntamiento sigue adelante, a Obras Públicas aún le queda una batería de recursos (podría impugnar también las licencias de obra). Y si la desobediencia del Ayuntamiento persistiese, siempre cabe la vía penal. "Si alguna de las actuaciones es constitutiva de delito o si se insiste por la vía que ha anunciado el Ayuntamiento de rebeldía, seguramente estaríamos hablando de desobediencia judicial. Si además se descubriese que hay razones poco claras que les ha llevado a ir por la vía de los hechos consumados, también se actuaría en este sentido", dice el delegado de Obras Públicas.

Rodríguez insiste en que seguirá adelante pero, a diferencia de lo que ocurrió en Marbella, ahora los tribunales tienden a suspender de forma cautelar las operaciones urbanísticas cuando aprecia base legal en las impugnaciones de la Junta. Un escenario, en suma, en el que la negociación entre Administraciones parece el final más probable.