Las empresas de Can Batlló denuncian que son presionadas para firmar su marcha

Las empresas que todavía tienen actividad en el polígono industrial de Can Batlló, en el distrito de Sants justo en la entrada de la Gran Via de Barcelona, denuncian que están siendo presionadas para firmar su compromiso de marchar de su actual ubicación al polígono de la Zona Franca sin saber con exactitud a qué naves irán y la superficie que tendrán. Mientras, el planeamiento urbanístico de lo que fue el antiguo recinto fabril propiedad de Julio Muñoz Ramonet quiere empezar a arrancar por dos edificios, lo cual está acelerando todo el proceso.

En Can Batlló hay actualmente alrededor de 80 empresas funcionando con unos 600 trabajadores. Nada que ver con la actividad que llegaron a desplegar unas 200 empresas con una plantilla de 2.000 trabajadores en los buenos tiempos de la colonia, justo en la entrada de Barcelona. Precisamente es una de las zonas de la ciudad que cambiará por completo en los próximos años con el desarrollo de la nueva urbanización de L'Hospitalet, la Ciudad de la Justicia a un paso y la Fira también casi a tiro de piedra. De hecho, la reforma de Can Batlló está sobre la mesa desde hace más de una década. "Por eso mismo no entendemos cómo, al final, se está haciendo mal y en perjuicio de las empresas que todavía estamos trabajando aquí", explicaba ayer Raida Novell, portavoz de la asociación de industrias del polígono.

Las industrias -muchas de ellas de componentes de automoción y talleres de artes gráficas de pequeñas dimensiones y con plantillas reducidas - tenían claro que llegaría un día en que deberían cambiar de emplazamiento: "Somos conscientes de que el barrio tiene necesidades y de que este tipo de actividad se puede desarrollar en otro sitio. Pero el compromiso inicial de que no habría problemas de espacio en el polígono de la Zona Franca no se está cumpliendo", añade. En marzo pasado se firmó un convenio entre el consorcio de la Zona Franca y el grupo Gaudir -promotor del complejo y dirigido por Carmen Escrivà, descendiente de la familia Muñoz Ramonet- sobre el precio del alquiler que pagarían en la nueva ubicación: 7,5 euros el metro cuadrado.

Más metros

Los empresarios ya prevén que esta cantidad será sensiblemente superior cuando el traslado se pueda cerrar, no antes de abril de 2008. Con todo, el principal problema que alegan no es el precio, sino la falta de espacio. Aproximadamente serán unos 18.500 metros cuadrados en naves de la calle de Motors, de la Zona Franca. "Sí, pero distribuidos en pisos y nuestras industrias no admiten plantas", apunta la portavoz de los empresarios. En muchos casos se trata de maquinaria pesada como la que utiliza, por ejemplo, la empresa gráfica Salpe.

Esas cuestiones se pusieron sobre la mesa en una reunión que los representantes de las empresas que quieren trasladarse al polígono de la Zona Franca -51, de las que 25 tienen contratos indefinidos y el resto de término- mantuvieron la semana pasada con representantes del distrito de Sants-Montjuïc, del propio consorcio y la propiedad.

El consorcio planteó una propuesta de la primera nave que se debe construir en la calle de Motors y no gustó a los afectados por problemas de espacio. Pero lo que todavía les gustó menos fue que el consorcio pusiera sobre la mesa unos precontratos para que las empresas que se deben trasladar lo firmaran. En caso contrario, el consorcio no se avenía a empezar a construir las naves. "¿Cómo vamos a firmar un compromiso de traslado en unas condiciones que no podemos aceptar?", se preguntaba la representante de los industriales. Y lo que aún les molestó más fue el intento -planteado por la propiedad- de un traslado provisional dentro del propio recinto de Can Batlló a otra nave para liberar el espacio que requiere el Ayuntamiento a fin de empezar a urbanizar la zona verde futura, además del espacio que precisa el edificio que acogerá el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat.

Así las cosas, la baraja se rompió y los representantes de las industrias abandonaron la reunión. "Es un momento complejo de la negociación, pero se tiene que reanudar y aproximar las posiciones", argumentó a este periódico el gerente del distrito de Sants-Montjuïc, Josep Álvarez Puga, que reconoce que los industriales afectados por el desmantelamiento de Can Batlló han mantenido una actitud negociadora. "Y tan negociadora, porque nosotros no hemos cortado la Gran Via ni hemos presionado de esa forma. Por eso, reclamamos ahora un trato justo y que el Ayuntamiento esté con nosotros", subraya la portavoz de los afectados, que están estudiando recurrir a los tribunales.

Contratos que vencen

Unos y otros admiten que uno de los puntos más delicados es la situación de las empresas que tienen contratos con plazo definido, que no son pocas. Unas 26, de acuerdo con los datos del consistorio. Incluso algunas, como las gráficas Salpe, tienen la particularidad de ocupar naves con contrato indefinido y otras que finiquitan en los próximos meses. "Lo que no puedo hacer es partir la actividad", argumentaba su director, José Luis Fonseca. El compromiso de la reubicación en el polígono de la Zona Franca no abarca a todas ellas y, por si fuera poco, hay algunas de las industrias que tienen recursos planteados en el Tribunal Supremo.

Y mientras estas cuestiones no se diriman, el plan urbanístico no tendrá una fecha aproximada en el calendario. Lo que se aprobó fue la transformación del antiguo polígono industrial en una área residencial con 1.377 viviendas, casi la mitad de ellas de protección oficial, además de 200 pisos dotacionales.

Lo que ahora es continuo de naves y paseos dará paso a un parque arbolado de 6 hectáreas y 21 equipamientos de barrio, desde biblioteca hasta un complejo deportivo, además de escuelas.

Una de las piezas que, al parecer, corre más prisa es el edificio al que se tiene que trasladar el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat.