Saura propone a los partidos consensuar las políticas sobre seguridad con un decálogo de iniciativas

El consejero de Interior, Joan Saura, lanzó ayer una propuesta a todos los partidos políticos para consensuar los principales ejes de actuación en materia de seguridad. El decálogo de iniciativas presentado por Saura incluye el compromiso de mantener el calendario acordado para el despliegue de los Mossos d'Esquadra, así como mejorar la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales que operan en Cataluña. Los partidos que integran el Gobierno (PSC, ERC e ICV) acogieron la propuesta con lógico entusiasmo. Los grupos de la oposición, CiU y PP, expresaron ciertos recelos, aunque se mostraron dispuestos a dialogar.

Saura compareció ayer ante la comisión de Justicia, Derecho y Seguridad del Parlament para explicar las principales medidas de su departamento. El consejero comenzó por esbozar un diagnóstico de los grados de delincuencia. "Cataluña es un país razonablemente seguro" en el que la delincuencia "está globalmente estancada". Especialmente "los delitos más graves". Y puso como ejemplo los homicidios: en Cataluña se produce una muerte violenta por 100.000 habitantes cada año, mientras que en Francia o Reino Unido la ratio asciende hasta 1,39.

En ese punto (el del diagnóstico) los grupos de la oposición exhibieron las primeras discrepancias. "Tenemos un problema grave, y no una situación razonablemente buena", dijo Francesc Homs (CiU). El diputado nacionalista pidió al consejero que actúe "con convicción y firmeza" para evitar que los delincuentes "aprovechen las grietas del sistema".

Homs también advirtió a Saura de que debe mostrar con mayor vehemencia "que está del lado de la víctima, y en ningún caso del delincuente". Saura aseguró: "Nunca participaré en la criminalización de los movimientos sociales, pero tampoco toleraré nunca acciones ilegales o violentas".

Decálogo alternativo

En su exposición inicial, Saura pidió a los grupos un "esfuerzo" para buscar el consenso en las "cuestiones clave" y sutraerlas así del debate partidista. El consejero explicó de forma breve los 10 puntos de su Acuerdo para la Seguridad en Cataluña. En el ámbito institucional, propuso elaborar la Ley del Sistema de Policía, constituir el centro de llamadas urgentes 112, crear el Instituto de Seguridad de Cataluña, coordinar territorialmente el sistema de protección civil o potenciar la relación entre policía y sociedad a través de diversos organismos de nuevo cuño como el Consejo de Seguridad de Cataluña.

El consejero también se comprometió a elaborar un programa contra la violencia de género. "Uno de cada cuatro homicidios son de mujeres que mueren a manos de sus compañeros", dijo Saura, quien explicó además que las denuncias por maltrato crecieron el año pasado el 75%. Anunció aún otros dos objetivos: desplegar las nuevas competencias que ofrece el Estatuto y reducir las muertes en carretera.

Homs manifestó la actitud "receptiva y constructiva" de su partido, pero aseguró que sería "un acto de cinismo e irresponsabilidad" salir de la comisión con un acuerdo cerrado. De hecho, el diputado planteó un "decálogo alternativo". Consensuar el diagnóstico, evitar la politización de la seguridad e introducir el concepto de tolerancia cero en la lucha contra la delincuencia fueron algunas de las propuestas expuestas por Homs. El diputado sí aceptó 3 de los 10 puntos de Saura: mantener el despliegue, mejorar la coordinación y potenciar el desarrollo estatutario.

Aunque no estuvo presente en la comparecencia, el líder del PP catalán, Josep Piqué, aceptó también el planteamiento de consenso ofrecido por Saura. Eso sí, con condiciones. Piqué pidió a los responsables de Interior que eliminen "ciertos apriorismos", como que ha de tenerse necesariamente una visión "progresista y de izquierda" de las políticas de seguridad. El PP exigió a Saura que admita que el despliegue "no se ha hecho bien" y que, por tanto, lo paralice de forma temporal. Por su parte, el diputado José Domingo, de Ciutadans-PdC, criticó que el modelo policial "se ha basado en la construcción nacional y no en la eficacia".

La iniciativa para que personas de origen extranjero se incorporen a la policía autonómica fue otro de los caballos de batalla de la oposición. CiU consideró que Interior no debe ejercer ninguna "discriminación positiva" y denunció que a los inmigrantes policías no se les puede considerar inmigrantes, ya que para acceder al cuerpo necesitan disponer de la nacionalidad española.