Cataluña y País Vasco se enfrentan por la rebaja eléctrica

La relación entre los gobiernos vasco y catalán también tiene su cruz. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prepara las alegaciones para defender ante Competencia de la UE el acuerdo para rebajar la tarifa eléctrica de las industrias vascas, sellado entre el Gobierno y el PNV en mayo para los Presupuestos de 2017. Tras conocer este pacto, la Generalitat reclamó un beneficio similar para su industria. Y como no lo obtuvo, el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, denunció el 16 de septiembre este acuerdo al entender que suponía una ayuda de Estado y que dejaba en desventaja a la industria catalana.

“Ellos argumentan que por ley no se puede conceder una ayuda que beneficie a un colectivo particular en tanto que exista déficit en el sistema eléctrico”, explica una fuente de la Administración central. 

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“El Ministerio descarta que se trate de una ayuda y entiende que se intenta solucionar un problema que ha restado competitividad”, aseguran fuentes del Gobierno vasco. Fuentes del Ministerio explican que han iniciado ya los contactos con el departamento de Competencia de la Comisión. “La modificación afectaría a todas aquellas empresas que cumplan con las condiciones establecidas. Se verían afectadas empresas en todo el territorio nacional y entre ellas también las del País Vasco”, defiende el Ministerio.

La denuncia enfadó al PNV y al Ejecutivo autonómico vasco porque mientras no haya una resolución sume en la incertidumbre a las cerca de 800 empresas afectadas Euskadi, como ya sucedió con el Tax lease del sector naval. También afecta a compañías de otras cinco comunidades que poseen redes de 30.000 voltios: Andalucía, Asturias, Navarra, Cantabria y Castilla y León, aunque en menor medida, ya que la mayoría de sus industrias usan redes más baratas. De las 200 industrias más grandes del País Vasco, 170 están en la red de 30.000 voltios. El sobrecoste perjudica sobre todo a las compañías de inyección de plástico y aluminio, forja, fundición, cementeras, químicas, papeleras y fabricantes de neumáticos, todas ellas grandes consumidoras de energía.

En Euskadi, las empresas conectadas a ese tipo de red pagan un 75% más que las vecinas de Cantabria, con redes de 55.000 voltios, Navarra con redes de 66.000, o La Rioja y Burgos con líneas de 45.000 y 44.000. Es decir: cuanto más alta la tensión, más barata sale. La razón de los sobrecostes reside en que la red de 30.000 voltios es antigua. Fue un hito cuando en 1905 se enlazó el Valle de Tobalina con Bilbao, pero después surgieron otras mucho más eficientes.

En 2008, el Ministerio diseñó una normativa que entró en vigor dos años después, en 2010, y que dejó las líneas de entre 25.000 y 30.000 voltios como de tercera categoría, cuando hasta entonces eran de segunda. Las de más de 74.000 eran de primera y las más baratas. La tarifa 6.1, (tercera categoría) que emplean las grandes empresas vascas afectadas, suponía abonar un promedio de 37 euros por megavatio-hora, más del doble que la 6.2 (desde 36.000 hasta 72.500 voltios), que paga unos 16 euros Mwh.

Fue así hasta que en 2013 el PNV llegó a un acuerdo con el PP en Madrid para atenuar la diferencia. Aun así, seguía siendo algo más gravosa. De modo que se inventaron una subtarifa 6.1B para la industria vasca a 28 euros MWh. El último año antes de esa rebaja, el sobrecoste para la industria vasca ascendió a 100 millones de euros. El último pacto, el de mayo de 2017 denunciado por el Sindic catalán, asimilaba la tarifa de 30.000 voltios a las 6.2, es decir, a 16 euros MWh. Debería entrar en vigor en enero de 2018 y rebajar la factura en unos 50 millones.