Adif castiga a las empresas del cartel del AVE y les retiene un 10% en sus contratos

Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, ha decidido aplicar unilateralmente una rebaja del 10% a los contratos con las empresas del cartel del AVE que aún están vigentes. La empresa pública se siente perjudicada por el sobreprecio que provocó el pacto entre las compañías y les va a retener el 10% y a consignar esa cantidad ante notario. Adif toma esta decisión cuatro meses después de la multa de 118 millones de euros de Competencia a las 15 principales adjudicatarias del sector ferroviario por repartirse contratos públicos.

Se avecina una guerra entre Adif y sus principales adjudicatarias, las 15 empresas que suelen llevarse todos los contratos de infraestructuras ferroviarias y que en marzo pasado fueron multadas por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) por ponerse de acuerdo durante al menos 14 años para presentarse a los concursos por turnos. Algunos de los 275 contratos amañados siguen en vigor y el gestor de la infraestructura ferroviaria considera que el daño al erario público se sigue produciendo. Según la CNMC, los servicios licitados se encarecieron, con el consecuente perjuicio para las arcas públicas “debido a la reducción tanto del número de ofertas presentadas como de los descuentos ofertados”.

Adif anunció en abril que reclamará en los tribunales por daños y perjuicios a las empresas —entre las que hay filiales de ACS, Sacyr y OHL y multinacionales como Siemens y Alstom (esta última denunció los hechos acogiéndose al programa de clemencia de la CNMC)—, pero no puede hacerlo hasta que haya sentencia firme. Todas las sancionadas han recurrido la resolución de Competencia ante la Audiencia Nacional. Si luego acudieran al Supremo, el proceso podría prolongarse durante cinco o seis años. Entre tanto, Adif ha adaptado los nuevos pliegos incluyendo cláusulas de “integridad y lucha contra el fraude” que protegen a la empresa pública de futuros casos de prácticas cartelistas o colusorias, según anunció en mayo pasado.

Pero ninguna de estas medidas va a resarcir a Adif en el corto plazo, así que la empresa ha decidido, en un gesto sin precedentes en el sector público, tomar la iniciativa reduciendo las facturas que aún debe pagar en un 10%. Las empresas del cartel del AVE abandonaron las prácticas ilegales cuando conocieron la denuncia, pero el gestor de infraestructuras cree que el daño sigue existiendo por los contratos que aún están vigentes, ya que se mantienen los precios originales.

En las últimas semanas, Adif ha empezado a pedir a las compañías que le hagan llegar las nuevas tarifas. En la primera comunicación, ha intentado que sean ellas mismas las que resten el sobreprecio. Entiende que en lo que quede de vida a los contratos deberían aplicarse precios rebajados. Esto ocurre por ejemplo en una de las licitaciones de mantenimiento, a la que aún le quedan cinco años de vigencia, y en otros casos en los que los trabajos están terminados pero falta la certificación final.

En las cartas Adif indica que si las empresas no calculan y le envían los nuevos precios, no tramitará ni la emisión de certificaciones ni liquidará contratos ni cancelará garantías depositadas. Al menos una de las empresas ha respondido negándose a hacer el recálculo, según fuentes conocedoras del conflicto, por lo que Adif ha pasado a la segunda fase: le ha comunicado que va a aplicar la retención del 10% sobre las facturas que queden por tramitar. Los importes que unilateralmente deje de pagar los va a depositar ante notario, salvo que las compañías acepten ofrecer una garantía por ese importe.

Prohibición de contratar

Según Adif, ese 10% es el porcentaje que se estima como el mínimo sobreprecio que se produce cuando se detectan prácticas cartelísticas como la que sancionó la CNMC. La empresa pública añade que no descarta licitar un peritaje más adelante para hacer las cuentas al detalle. Las sancionadas, o bien no pudieron ser localizadas por cerrar sus oficinas en agosto, o bien rehusaron comentar la decisión de Adif de exigirles una rebaja en los contratos y de aplicar una retención del 10% ante su negativa.

La gran novedad de la resolución de la CNMC —que por primera vez en España activó el procedimiento para prohibir a las empresas sancionadas seguir contratando con la Administración— no se ha puesto en marcha y no parece que vaya a hacerlo próximamente. Este hecho también ha influido en la decisión de Adif. La medida está prevista en la Ley de contratos del sector público de 2017. Según el artículo 72, “la competencia para fijar la duración y alcance de la prohibición de contratar” corresponde al ministro de Hacienda y Función Pública. Un portavoz de Hacienda señaló que su departamento está a la espera de que se pronuncie sobre la cuestión la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

Mientras tanto, las empresas sancionadas han seguido ganando licitaciones con la Administración. Entre el día de la resolución de la CNMC, el 14 de marzo, y el viernes 9 de agosto, las empresas sancionadas habían conseguido contratos con las diferentes administraciones públicas españolas por valor de 299,7 millones de euros (sin IVA). El mayor de los 283 contratos licitados en estos meses lo obtuvo una UTE (unión temporal de empresas) con Neopul-Sacyr (38,3 millones de euros sin IVA) para construir el tramo Hernani-Astigarraga de la plataforma en la nueva red ferroviaria en el País Vasco. El presidente de Sacyr aseguró en abril que la CNMC les ha acusado “sin pruebas”. Fuentes de la compañía recordaron que Neopul solo ganó uno de los contratos señalados formando parte de una UTE y que ninguno de sus directivos ha sido multado.