La crisis energética por Rusia complica la subida de impuestos verdes en España

Subidas de pensiones y sueldos de funcionarios, más empleo público, la renta mínima… Hacen falta ingresos para financiar unos gastos que ya antes de la pandemia generaban un agujero superior a los 30.000 millones al año. A cambio de las ayudas europeas, España se ha comprometido con Bruselas a aprobar una reforma fiscal que enderece los números rojos. Esta debería estar lista en el primer trimestre de 2023. El comité de expertos elegido por el Gobierno ya ha enviado a Hacienda el informe que servirá de base para la reforma. El punto más conflictivo de esta propuesta es una fuerte subida de impuestos verdes. Mientras que en España se ingresa un 1,8% del PIB con la fiscalidad medioambiental, la media de la UE es un 2,4%. Unas seis décimas que suponen unos 7.000 millones de euros. Y la tendencia es que vayan al alza en toda Europa. Se considera que la economía española tiene margen; serviría para incentivar cambios de comportamiento que combatan el cambio climático y se trata de una agenda muy presente en los planes del Gobierno y la Comisión Europea.

El gran inconveniente es que buena parte de esa brecha con Europa se halla en los impuestos sobre hidrocarburos. Por más que la mejora del medio ambiente sea un bien deseable, la escalada de los precios energéticos está poniendo en jaque esta reforma fiscal antes siquiera de que se plantee. La guerra de Ucrania está alimentando todavía más un problema que surgió con la recuperación de la pandemia y que tiene visos de tomar un cariz estructural en tanto que haya una transición hacia energías verdes. Lo ideal sería que estas subidas de impuestos se aprueben cuando los costes de la energía sean bajos. De lo contrario, existe el riesgo de que la inflación pueda escalar más y de que la reforma se tope con protestas como la de los chalecos amarillos.

El Gobierno es muy consciente de que será difícil aprobarla. En el recuerdo está cómo el PNV tumbó en los Presupuestos de 2021 igualar parcialmente el impuesto del diésel al de la gasolina. Los expertos del comité también ven complicado que el Ejecutivo sea capaz de sacarla.

Y el reto cobra mayores dimensiones en el actual contexto de precios tras desatarse la contienda en Ucrania. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido de que la inflación, en máximos de tres décadas, está siendo más persistente de lo previsto. Los futuros ahora arrojan un encarecimiento adicional hasta 2024. La Comisión ha retrasado la publicación de su estrategia energética. Y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, habla de reabrir minas de carbón. Como decía San Agustín, hazme casto pero no todavía. El horizonte pinta poco propicio para una reforma verde. Aunque el Gobierno tiene la intención de cerrar la brecha de recaudación que hay con la UE, también ha insistido en que solo habrá alzas de impuestos en la medida en que la economía lo permita. En una entrevista a TVE, el presidente Pedro Sánchez recordó que el encargo a los expertos era anterior a la guerra de Ucrania. La contestación social que podría generar preocupa al Ejecutivo.

En todo caso, este grupo de sabios recomienda que las subidas de impuestos verdes se hagan de forma muy gradual y compensando a los colectivos más perjudicados. En una primera fase se iría igualando el impuesto del diésel al de la gasolina. El diésel es responsable de los gases NOx que contaminan el aire de las ciudades. Su aplicación podría recaudar cerca de 2.500 millones de euros. Pero la cifra se rebajaría en un tercio si se deja exentos a los profesionales.

En una fase posterior, una vez igualado diésel y gasolina, se podría aspirar a alcanzar los niveles europeos de tributación sobre hidrocarburos, lo que implicaría un incremento del 10% en los precios y supondría más de 1.000 millones de ingresos.

Los expertos propondrán que se suprima el impuesto de matriculación y que se sustituya por uno de circulación que penalice con fuerza la contaminación. Esta iniciativa favorecería la renovación de vehículos al tratarse de un sector competitivo en el que las rebajas fiscales no irían directamente a aumentar los márgenes del fabricante. Bajo el nuevo impuesto, los coches se gravarían en función de cuánto contaminen. En el futuro incluso se podría incluir un geolocalizador que permita el pago por la distancia recorrida y peajes por acceder a zonas o por el uso de infraestructuras. De esta forma, el impuesto de circulación serviría para, además de combatir la polución, evitar congestiones o financiar el mantenimiento de las vías. No obstante, esta reformulación presenta problemas porque son los ayuntamientos quienes lo ingresan. En el plan remitido a Europa se habla de revisar estas figuras.

Otra iniciativa que defenderá el comité y que ha sido prometida a Bruselas es el impuesto a los billetes de avión. Dependiendo de las tasas que se impongan, podría ingresar hasta 1.500 millones. Aunque parece difícil su implementación dada la situación del sector tras la pandemia. El libro blanco de los expertos, que cuenta con unas 800 páginas, también argumenta a favor de los impuestos al plástico de un solo uso y sobre los residuos en vertederos e incineradoras. Estos son compromisos del Plan de Recuperación que se están tramitando en el Congreso y donde ya se ha introducido una moratoria para que la subida no entre en vigor hasta 2023. Por ellos se prevé recaudar unos 700 millones. Además, se cambiará el impuesto a los gases fluorados para que afecte al fabricante y no a la venta de aire acondicionado.

Compensar a damnificados

Los sabios reconocen que estos impuestos son regresivos y hacen mucho hincapié en la necesidad de compensar a los grupos más damnificados para que estas reformas tengan aceptación social. Entre los mecanismos sugeridos, las transferencias a las familias con menores ingresos, devoluciones a empresas para no perjudicar su competitividad, planes de renovación de flotas o financiar el transporte público.

El próximo jueves se presentará el libro blanco en el Instituto de Estudios Fiscales. Y la Comisión Europea ya ha solicitado a los expertos una presentación sobre las conclusiones. El informe analiza y ofrece vías como una suerte de menú, pero no brinda un recetario definitivo. Por ejemplo, se ha discutido un impuesto adicional a la generación de energía con combustibles fósiles complementario a los derechos de emisión, algo que por cuestiones de competitividad de las empresas debería abordarse a escala europea. En medio de la polémica sobre las macrogranjas, se abogará por una tasa a los purines.

No obstante, el director del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca, se ha encargado de que el foco de los expertos permanezca en los puntos que el Gobierno veía factible aprobar y que están pactados con Bruselas en el Plan de Recuperación. Entre otras, se ha examinado la situación de las familias con hijos, analizando la posibilidad de convertir el mínimo por vástago en una deducción anticipada mensualmente. Se ha estudiado la deducción por I+D para hacerla más eficiente como recomendó la Autoridad Fiscal. O los planes de pensiones y las rentas inmobiliarias. La medida más mediática será la armonización de los impuestos de las comunidades sobre la riqueza. Esta, sin embargo, no recaudaría tanto como las subidas de impuestos verdes que, a estas alturas, se vislumbran algo más lejanas.