Los tentáculos mundiales de la estafa en ‘criptos’: ‘call centers’ por Europa, falsos ‘brokers’ y miles de víctimas

Asentados en los Balcanes, con una mano de obra incansable en centros de llamadas abiertos 24 horas al día, una organización internacional de estafa con criptomonedas ha afectado, solo en Europa, a más de 200.000 víctimas potenciales, con Alemania, Italia y España a la cabeza. La macrotrama planetaria ha sido destapada gracias a una operación internacional conjunta en la que han participado policías de siete países, entre ellas los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil. La intercepción de tres millones de correos por parte de los Mossos permitió relacionar más de 470 webs con call centers, plataformas y empresas. De su análisis, la policía calcula que puede haber, como mínimo, 17.000 víctimas posibles en España: todos los correos electrónicos acabados en .es que interactuaron con los presuntos estafadores. Una estimación que deja fuera a las personas con correos electrónicos acabados en .com que han podido caer en una red mundial que muta y renace constantemente y que, según fuentes policiales, ha ganado 2.400 millones de euros con “centenares de miles” de víctimas por el mundo.

“Estas organizaciones se empezaron a formar en Israel y Europa del Este. Poco a poco, se van concentrando y haciéndose más grandes”, explica el abogado Mauro Jordan, que representa a una veintena de personas en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Seu d’Urgell (Lleida) y que supuso el inicio de la investigación en Cataluña. Allí, una mujer de 80 años perdió más de 800.000 euros con inversiones que acabaron en monederos de criptomonedas a los que jamás pudo acceder. “Son organizaciones muy grandes, muy vinculadas entre ellas, que van quemando webs, abriendo empresas y cerrándolas”, asegura Jordan.

Una de las marcas comerciales sobre las que la policía ha puesto la lupa es EverFX. La empresa patrocinó al equipo de fútbol del Sevilla durante tres temporadas. La marca operaba en España bajo la compañía Intercertus ICC, autorizada por el mercado financiero de Chipre. Preguntada por este diario, la empresa, que actualmente ha sido rebautizada como Harindale y adquirida por el grupo Oryx Group, asegura desconocer cualquier investigación sobre EverFX. El supervisor del mercado financiero británico, FCA, con una regulación propia, vetó a Intercertus ICC en 2021 y a EverFX como operadora en el Reino Unido.

Los Mossos y la Guardia Civil han investigado durante cuatro años el galimatías de webs, dominios, plataformas y nombres detrás de las estafas a miles de personas con ofertas de inversiones en mercados de divisas, criptomonedas, materias primas y otros productos financieros. Como resultado de ese trabajo, la policía catalana ha desarrollado un buscador con 470 webs supuestamente fraudulentas. Entre ellas constan EverFX, a la que han denunciado al menos una treintena de personas representadas por el despacho Misletrados y también Intercertus ICC.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) todavía no ha tomado ninguna medida respecto a las webs señaladas por los Mossos, a la espera de estudiar todos los datos que le ha hecho llegar la policía, según explica un portavoz. En el caso de las empresas autorizadas para operar en la Unión Europea, solo tienen margen de advertir al país que les ha aprobado la licencia, indican desde la Comisión. Fuentes policiales lamentan que Chipre sirve como puerta legal de entrada al mercadeo europeo de grupos que buscan dar una apariencia de legitimidad a su actividad fraudulenta.

La investigación, coordinada a nivel europeo por Eurojust con siete países más involucrados, algo inédito hasta el momento, supuso la entrada coordinada en call centers repartidos por Albania, Georgia, Macedonia del Norte, Bulgaria y Ucrania. España intervino en Albania, el principal epicentro de las llamadas a las víctimas en la península. Uno de los dueños de los principales call centers, Amant J., está en orden de búsqueda y captura. Los Mossos lo definieron como un objetivo de “alto nivel”, con vinculaciones con el Gobierno de Albania, donde ejerció como asesor del Ministerio de Defensa. El equipo de la policía alemana detuvo en Georgia (donde se cometían principalmente las estafas a sus ciudadanos) al empresario Mikheil B., también propietario de call centers, webs y relacionado con financiación de campañas políticas en su país. En Ucrania, a pesar de estar en guerra, la policía desmanteló centros de llamadas donde trabajaban más de 800 personas.

La operación dejó fuera a los comerciales, los falsos brokers que llamaban noche y día a las víctimas. “La legislación de cada país es muy complicada”, aseguran fuentes policiales, que atribuyen el asentamiento de la red en los Balcanes a que allí resulta más complicado intervenir a la policía. “De haber estado ubicados en España, les hubiésemos podido detener con cierta facilidad”, añaden. Los Mossos, la Guardia Civil y fuentes del mundo de los call centers aseguran que los trabajadores que se dedican a las estafas son plenamente conocedores de ello. “Algunos comerciales se pueden sacar 20.000 o 30.000 euros al mes”, indican fuentes del sector. La policía pone como ejemplo una fotografía de una cena de trabajadores de EverFX, colgada en sus propias redes sociales, donde el premio otorgado a uno de los empleados es el de “Alí Babá y los 37 ladrones”.

“Muchas veces me pregunto cómo pudo pasarme”, lamenta Carlos (nombre ficticio), de 61 años. Este empresario afincado en Madrid conoció una de las plataformas a través de Facebook y así le engancharon. De los 250 euros iniciales, el patrón habitual en la estafa, le convencieron hasta llegar a los 60.000 con llamadas diarias y unas grandes dotes de persuasión. Cuando intentó recuperar los supuestos beneficios, ya no hubo manera. La policía asegura que esas inversiones nunca se llevan a cabo realmente y que los gráficos que los clientes ven en pantalla son falsos. “Lo doy por perdido”, se resigna Carlos sobre el dinero. Otra cosa es el “daño moral y psicológico”, además del económico, que le han causado. Cuatro años después, Carlos sigue recibiendo llamadas de falsos brokers. “Mis datos están por ahí”, lamenta. Fuentes del sector aseguran que se los venden entre las diversas organizaciones criminales.

A Josep (nombre ficticio), de 61 años, también le siguen llamando. “Justo hoy me han enviado un mensaje de WhatsApp unos que dicen que se dedican a recuperar el dinero”, cuenta, en referencia a la segunda estafa que en muchas ocasiones comete la misma trama: falsos abogados que piden sumas para recuperar la inversión, que aseguran que está bloqueada. “Confié en mí y me salió mal”, lamenta este trabajador público, con experiencia previa en Bolsa, asentado en Tarragona y que tampoco ha compartido en exceso lo que le ocurrió, por lo que pide anonimato. Un día de 2018 vio las condiciones de una de las webs, le parecieron atractivas y se apuntó. Una broker se convirtió en su sombra telefónica y le convenció para que pusiese más y más dinero.

Cuando Josep empezó a aportar sumas más considerables, propuso visitar a los brokers en su sede para conocerlos personalmente. “Me dijeron que solo lo hacían con clientes de cierto nivel, con inversiones de más de un millón”. Los 100.000 euros que había ido ingresando en distintas cuentas los dio definitivamente por perdidos cuando mandó a un familiar a comprobar en Londres las direcciones de la empresa con la que estaba haciendo negocios. “Lo que no era un solar era una tienda de ropa”, recuerda.

“Te hacen sentir desprecio hacia ti mismo por no haber sido suficiente precavido”, lamenta Josep, que recrimina también la poca colaboración de la CNMV, a quien llamó para saber si había más afectados como él por la misma estafa. “Alegaron que no podían informarme por protección de datos”, se queja. El letrado Jordan denuncia la “falta de interés público” ante este tipo de estafas, que han proliferado y que perjudican gravemente a miles de personas, muchos de ellos jubilados. “Causan una alteración en las víctimas poco reconocida”, critica. “Hay situaciones personales dramáticas”, insiste, y pide una participación más activa de los órganos reguladores en España. La policía mantiene la macrooperación abierta.