Protección social flexible y compatible con el trabajo

Los Estados del bienestar del siglo XX configuraron las prestaciones sociales como rentas públicas sustitutivas del salario en situaciones legalmente protegidas incompatibles con el trabajo. En el contexto de las transformaciones demográficas, tecnológicas, productivas y laborales del siglo XXI, los Estados del bienestar están realizando reformas que cambian este paradigma hacia una protección social más flexible y, en ocasiones, compatible con el trabajo asalariado.

Las más recientes reformas en España de la Seguridad Social caminan afortunadamente ya en esta dirección, con retraso respecto a otros países más avanzados. La protección social del desempleo ha incorporado vías de activación laboral, en una nueva configuración de ayudas al empleo, con períodos transitorios de compatibilidad entre prestaciones y salarios que logran, con estos incentivos, un mejor retorno al mercado de trabajo. Las nuevas reglas de regulación de la jubilación activa y parcial caminan hacia fórmulas más graduales y compatibles con el trabajo, con incentivos a la demora voluntaria en la retirada definitiva del mercado de trabajo. La futura Ley de extinción de las incapacidades permanentes, obligada por la jurisprudencia europea, y ya en trámite parlamentario, facilitará la previa adaptación del puesto de trabajo y la continuidad en la empresa, con pensiones en algunos casos compatibles con el salario. Los permisos de nacimiento de hijo se pueden disfrutar ya a tiempo parcial, compatibilizando prestaciones y salarios. Por no mencionar el gran avance de los ERTE o el mecanismo RED con reducción de jornada y prestación social en la protección del empleo compatible con el salario reducido. Terminará fructificando también un modelo de bajas médicas flexibles, bajo supervisión médica, donde encajar una reincorporación a la empresa gradual a tiempo parcial, con esta compatibilidad de rentas.

Esta nueva protección social flexible y compatible con salarios, en las distintas contingencias legalmente protegidas, protagoniza estas reformas, adaptadas a la realidad laboral actual, porque ganan todos los actores implicados. Las personas trabajadoras aumentan rentas, tienen más oportunidades de trabajo y ejercen su libertad. Las empresas ganan activos, lo que es ya una necesidad económica dadas las tendencias demográficas, y aumentan productividad. El sistema público de protección social se hace más sostenible, al reducir gasto y obtener más ingresos fiscales para financiar servicios públicos y todas las rentas públicas de nuestros sólidos Estados del Bienestar. Estas reformas avanzan, no sin controversias, ni resistencias, porque ganan personas trabajadoras, empresas y Estado en el contexto económico y social del siglo XXI.

Jesús Lahera Forteza es Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social e investigador Fedea