Alarma por Alsasua

El lunes comenzó en la Audiencia Nacional el juicio contra los ocho presuntos agresores de dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua en octubre de 2016. Es un caso polémico, puesto que la fiscalía ha tipificado la agresión de terrorismo, castigado con altísimas penas, frente a los que minimizan lo sucedido calificándolo de “pelea de bar”. En torno a este lamentable suceso, sin embargo, hay más elementos alarmantes cuya gravedad supera, con creces, la mera discrepancia de opiniones técnico-jurídicas.

El más importante de ellos es la injustificable actitud del Gobierno de Navarra. El Ejecutivo de Uxúe Barkos (Geroa Bai, más EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) ha criticado la petición fiscal, ha elevado su protesta a la Comisión Europea —en total desconocimiento del funcionamiento de las instituciones comunitarias— y, lo que es más grave, ha convocado y liderado la manifestación del sábado pasado en favor de los agresores. ¿Acaso desconoce este Gobierno democrático la separación de poderes? ¿Tiene el Poder Judicial también la potestad de presionar al Ejecutivo de Barkos como este ha intentado hacerlo justo dos días antes del inicio del juicio oral?

Las explicaciones ofrecidas por el propio Gobierno navarro son inconsistentes. “Estuvimos donde debíamos estar”, ha dicho su portavoz María Solana. Sería una explicación creíble si ese mismo Gobierno hubiera apoyado también la marcha de este martes en favor de las víctimas de la agresión. Pero no lo hizo. De modo que el Gobierno navarro ha estado en este caso donde nunca debió estar y sus explicaciones son un insulto a la razón. Porque una cosa es discrepar de la fiscalía y otra muy distinta sembrar la duda sobre la independencia judicial, agitar las calles con tal espantajo y tratar a los verdugos como víctimas, la estrategia mil veces utilizada por el terrorismo etarra y las organizaciones políticas y sociales que le dieron y le dan cobertura.

Otro elemento grave, resultado en parte de esa tradicional connivencia oficial con la violencia, es la hostilidad que sufren policías y guardias civiles en el País Vasco y en Navarra. La declaración de las víctimas, corroborada por la policía foral, refleja los modos de una sociedad intolerante secuestrada todavía por la xenofobia y el silencio cómplice. Es un rasgo trágico que el Gobierno de Barkos parece estar dispuesto a preservar.